DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

 

 

Dra. María Eugenia Espinosa Mora[1]

 

En el marco del Día internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebrado el pasado 25 de noviembre, debemos recordar que la violencia basada en el género y específicamente la violencia contra las mujeres, son una de las formas más extremas de discriminación y desigualdad hacia ellas e implican una violación a sus derechos humanos y a garantías constitucionales.

 

La violencia contra las mujeres es un fenómeno complejo, incluye tanto la violencia estructural y social que tienen como base una cultura androcéntrica en donde una masculinidad dominante subordina, desvaloriza y violenta todo lo femenino. El fenómeno de la violencia tiene que ser abordado desde diferentes vertientes y disciplinas sociales, para encontrar estrategias de prevención y atención tanto en las relaciones familiares como en las prácticas administrativas de las instancias médicas, jurídicas, políticas y culturales para su erradicación.

 

La violencia es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Se manifiesta tanto en ámbitos públicos (calles, escuela, trabajo) como privados (dentro del hogar) y se expresa de diversos tipos: violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, entre otras.

 

En nuestro país, las primeras acciones para atender la violencia contra las mujeres surgieron de grupos de mujeres quienes en las décadas de 1960 y 1970, comenzaron a prestar servicios a víctimas de violencia familiar, violación y abuso sexual. A partir de estas experiencias se fue identificando que los hechos violentos, más que un asunto del espacio doméstico, son un problema social y de salud pública que exige políticas y obligaciones específicas para el Estado mexicano.

 

Es a partir de estos debates que los gobiernos llegan a reconocer a la violencia contra las mujeres como una cuestión de política pública, y que tanto los mecanismos nacionales enfocados a las mujeres como otras instancias gubernamentales se ocupan del diseño de planes y programas para su prevención y atención.

 

El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia al ser reconocido por la legislación internacional y nacional, permite exigir su respeto y cumplimiento, así como a una efectiva exigibilidad y justiciabilidad.  El Estado mexicano está obligado a garantizar la seguridad de las mujeres, a prevenir, atender, responsabilizar a las y los perpetradores y a erradicar los diversos tipos de violencia que se ejerce contra ellas, así como a impartir y procurar justicia y a destinar recursos para la adecuada y pronta atención de las mujeres víctimas de tan lamentable problemática social.

 

Hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia requiere, como un requisito básico, la asignación de recursos, cuya aplicación se traduzca en políticas públicas orientadas a fortalecer la democracia, el desarrollo integral y sustentable, así como una sociedad justa e igualitaria, respetuosa de la dignidad humana, la no discriminación y la libertad de las mujeres.

 

Por ello, uno de los retos en materia de derechos humanos será crear mejores niveles de bienestar social y construir espacios de convivencia digna para mujeres y hombres, eliminando los comportamientos violentos contra las mujeres en los que subyace el ejercicio abusivo del poder entre individuos socialmente desiguales.

 

Otro de los retos será contribuir a desarraigar la violencia de las prácticas sociales e institucionales a través de acciones permanentes y multidimensionales en los niveles individual, familiar y comunitario, con la finalidad de que la sociedad esté concientizada respecto a que los efectos de la violencia de género son demoledores, y que se encuentran en todos los órdenes de la vida humana, tanto en lo social, como en lo económico-político y en los ámbitos de la salud pública.

 

Razón por la cual, las estrategias para su prevención y eliminación deben encaminarse hacia la promoción de campañas que desacrediten los mensajes de violencia, a la divulgación del conocimiento y respeto de los derechos humanos, así como a la implementación de políticas públicas para la igualdad entre mujeres y hombres en México.

 

Mientras prevalezca la violencia contra las mujeres, se estará enfrentando uno de los obstáculos principales para lograr la igualdad de género, y tal como lo señala la Asamblea General de las Naciones Unidas en su  Resolución 48/104, “…la violencia contra las mujeres constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz”. De otro modo no se podrá afirmar que en la actualidad se estén logrando progresos reales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a la no discriminación y a una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.

 

[1] Académica del Posgrado en Política Criminal de la UNAM y Subdirectora de Área en la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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