A-U-T-O-R-I-T-A-R-I-S-M-O
A-U-T-O-R-I-T-A-R-I-S-M-O
Por Aurelio Contreras Moreno
Las “garras”
y “colmillos” del autocrático lopezobradorismo gobernante han quedado
totalmente expuestos a través del nuevo tribunal inquisidor en el que ha
convertido sus conferencias matutinas, cuyo objetivo en modo alguno es informar
o rendir cuentas de nada, y sí en cambio promover linchamientos públicos de
todos aquellos que osen contradecirle, oponérsele o simplemente ejercer su
derecho a pesar diferente y conforme a su propio criterio. Con libertad, pues.
Al
cadalso del escarnio público –que al paso que vamos nadie puede asegurar que no
se convertirá en algún momento en un patíbulo en términos literales- lo mismo
son llevados periodistas que ejercen el derecho constitucional a la libertad de
expresión que activistas sociales, empresarios, líderes políticos, comediantes,
jurisconsultos, autoridades en funciones, mujeres que alzan la voz y cualquiera
que se atreva a salirse del guion de la versión única, del pensamiento sometido
al dogma de la “infalibilidad” del presidente Andrés Manuel López Obrador y su régimen.
De
esta forma, las conferencias “mañaneras” son espacios en los que sin ninguna
consecuencia, sin ningún llamado al respeto y al uso de terminología no
denigrante, un textoservidor sinvergüenza y a sueldo utiliza palabras como
“feminazi” para atacar, directa e indirectamente, a quienes han señalado la
farsa del “feminismo” de la fallida “cuarta transformación” y la imposición de
un agresor sexual como candidato de Morena, el nuevo partido oficial, a la
gubernatura de Guerrero. Todo, con la complacencia del propio presidente.
Si
el informe de la revisión de la Cuenta Pública del gobierno federal arroja
irregularidades constitutivas de posible daño patrimonial por más de 65 mil
millones de pesos, la respuesta “mañanera” es amenazar al titular del órgano fiscalizador,
obligarlo a desdecirse de uno de los aspectos señalados en el informe e incluso
relevar de su cargo al servidor público que, como él mismo demostraría después
ante diputados federales, llevó a cabo su trabajo de acuerdo con los criterios
técnicos aplicados regularmente en este tipo de auditorías. Es decir, los datos
son correctos.
Esas
pseudoconferencias a las que van cada vez menos periodistas y más “paleros” con
preguntas a modo que ni siquiera son capaces de plantear sin tener que leerlas,
funcionan como megáfonos de una estrategia cuyo objetivo siempre ha sido evidente,
pero que está tomando niveles altamente riesgosos: intimidar a los críticos,
amenazar a quien desvele las corruptelas de un gobierno absolutamente opaco y
ahora, hasta resquebrajar los de por sí frágiles equilibrios entre los poderes
de la endeble democracia mexicana.
La
andanada lanzada por López Obrador en sus conferencias del pasado viernes y de
este lunes en contra del juez de distrito Juan Pablo Gómez Fierro por haber
concedido una suspensión provisional –que es muy diferente a un amparo
definitivo- contra la aplicación de la nueva Ley de la Industria Eléctrica, es
una prueba contundente de la absoluta falta de respeto del titular del
Ejecutivo a la independencia del Poder Judicial.
En
lugar de impugnar el resolutivo por las vías legales correspondientes, el
presidente brama porque se “investigue” la actuación del juez Gómez Fierro sin
presentar ningún argumento jurídico que sustente sus señalamientos, que no son otra
cosa que las especulaciones y prejuicios que acompañan su discurso desde
siempre, aunque con un agravante que lo pinta de cuerpo completo.
En
la carta –que no tiene valor como recurso de impugnación- enviada este lunes al
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, López Obrador afirma
que “sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado
al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del
estado de Derecho”.
Para
el presidente que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que
de ésta emanen –y entre las cuales se encuentran varios argumentos para detener
la aplicación del bodrio de Ley de la Industria Eléctrica-, invocar el estado
de Derecho es una “excusa”. Ampararse ante actos abusivos de los servidores
públicos es equivalente a ser “reaccionario”. O lo que es lo mismo, si las
leyes me contradicen, las ignoro. Y si alguien intenta hacerlas valer, recibirá
un ataque con todo el peso del aparato del Estado.
Lo
peor ha sido la respuesta timorata del presidente de la Corte, Arturo Saldívar,
quien en lugar de defender sin cortapisas la independencia judicial, respondió
igual, con una “cartita”, en la que le dijo a López Obrador que su “queja” –que
no cumple con el mínimo de requisitos técnico-jurídicos para ser recibida-
sería remitida al Consejo de la Judicatura para que “de existir elementos para
ello, se abra la investigación que en su caso procediera”. Sobre la cabeza del
juez brilla el filo de la guillotina. Para que aprenda a respetar.
Imagine
lo que harán si ganan las elecciones legislativas del próximo 6 de junio.
