Acoso en la administración pública
Por Brenda Caballero
¿Con quién puedo quejarme? Era mi pregunta a los 21 años. ¿Con el gobernador? Definitivamente sabía que no podía accesar a él para decirle que uno de sus funcionarios de alto nivel me acosaba sexualmente en el trabajo. ¿Renunciar a mi empleo? Tampoco era viable, yo necesitaba trabajar para mantener a mi familia. ¿Alzar la voz? ¿De verdad creen que es fácil ser víctima de acoso sexual y salir y gritarlo a los cuatro vientos, que alguien con poder político te acecha constantemente para que te acuestes con él?
Sin embargo, a diferencia de muchas mujeres y ahora hasta hombres, en mi caso hubo circunstancias para que tal acoso no pasara de un par de meses. Se me “congeló”, ya no tenía funciones que realizar, y en días se me cambió de área laboral.
Hasta cierto punto puedo decir que tuve “suerte”, sin embargo no aplica en todos los casos.
Casos abundan en todas las dependencias municipales, estatales, federales; organismos públicos y privados, empresas, y muchas veces, hasta miedo hay de ir a laborar, al grado que hasta se incapacitan para no tener contacto con el agresor o la agresora, pues déjeme comentarle que actualmente ya no hay distinción de sexo.
Bien lo dice Mónica Mendoza Madrigal, encargada de Despacho del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y los Derechos Humanos (Ceigdh) del Congreso del Estado: la violencia que vemos y vivimos en lo doméstico y lo público, también la encontramos en los espacios laborales con modelos inequitativos, discriminatorios, poco inclusivos, intolerantes, inseguros y violentos debido al origen étnico, racial, a la edad, a la discapacidad, a la comisión social o de salud, al embarazo, a la lengua, a la religión, a las opiniones, a la preferencia u orientación sexual, al estado civil y por género, cometido por parte de quienes ignoran que la ley garantiza la igualdad y sanciona la violencia o a quienes aun sabiéndolo, creen que gozan de impunidad.
Tal es la problemática actual, que Mónica se ha dado a la tarea de preocuparse y ocuparse en abrir un diálogo interinstitucional contra el acoso y hostigamiento laboral, en el que a través de una Mesa de Análisis, Protocolos de Atención y Prevención contra el Acoso y el Hostigamiento en la Administración Pública llevada a cabo en el Congreso del Estado, se intercambió experiencias para combatir este problema.
Allí estuvieron presentes: Yadira Hidalgo González (Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa), Martha Mendoza Parissi (Comisión Especial para el seguimiento de la agenda 2030), Francisco Galindo García (Organismo Público Local Electoral), Haydeé Campos González (Poder Judicial del Estado), Ana Laura Pérez Mendoza (Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas), Diana Isabel Aguilar Morales (Secretaría de Gobierno), Beatriz Eugenia Rodríguez Villafuerte (Universidad Veracruzana) y René Buenrostro Hernández (Poder Legislativo del Estado).
Durante la Mesa, los titulares explicaron los protocolos que tienen en sus áreas para atender a las víctimas que sufren hostigamiento y acoso laboral. He de destacar el comentario de Haydeé Campos donde afirma que su protocolo estaba enfocado en las mujeres, pero que en la práctica, hombres también han sido violentados y hostigados, por lo que ya están trabajando en modificar su protocolo para ser atendidos con perspectiva de género y tengan seguridad laboral.
Coincido con Francisco Galindo que pensamos en más normas, en otras reformas, pero se plasman, y al momento de aplicarlas, no se ven los resultados, necesitamos comprometernos en su cumplimiento, de lo contrario no se verán los efectos.
Por otro lado, si somos mujeres u hombres violentados u hostigados en nuestros lugares de trabajo, recordemos que para que estos protocolos funcionen (como sostiene Cristina Alarcón Gutiérrez, única diputada que asistió al evento), es necesario promover la cultura de la denuncia.
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