Ahora MAYL tendrá a su Fiscal “carnal” Anticorrupción
Héctor Yunes Landa
La Junta de Coordinación Política del Congreso local ha informado que será este miércoles cuando el Pleno de la Cámara apruebe el nombramiento de quien será el primer Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción del estado de Veracruz, una de las entidades que observa el mayor atraso en la implementación del nuevo sistema estatal previsto en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Es un mandato constitucional que los Congresos locales cumplan con el establecimiento de sus sistemas anticorrupción, observando los principios de transparencia, gobierno abierto y máxima publicidad durante el proceso de selección y nombramiento de sus fiscales.
Sin embargo, resulta que en Veracruz -además de la injustificada demora en la implementación del nuevo sistema-, se ha llevado a cabo un proceso para que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares logre imponer a un Fiscal “carnal” Anticorrupción que le garantice impunidad una vez que deje el cargo en 305 días, de la misma forma en que se acusó al gobierno de Javier Duarte.
Hay al menos tres datos relevantes que confirman el interés del mandatario estatal de someter la autonomía de la nueva Fiscalía: en octubre pasado, la fracción parlamentaria del PAN aseguró que antes de que concluyera el año se nombraría al nuevo funcionario, sin embargo, aplazaron el proceso de manera intencional hasta el mes de enero.
En noviembre, más de un centenar de ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil –entre ellos destacados personajes como Denisse Dresser, Causa en Común, Epigmenio Ibarra, Rosi Orozco, México Unidos contra la Delincuencia y el colectivo Solecito-, firmaron un desplegado en protesta porque la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz está subordinada a la Fiscalía General del Estado.
Por último, diversos sectores sociales y aspirantes al cargo, han señalado que el proceso está dirigido a favor de alguno de los candidatos que tienen una franca cercanía y subordinación con el actual Fiscal Jorge Winckler, quien ha mostrado su absoluta mansedumbre al gobernador Miguel Ángel Yunes.
De esta forma, la nueva Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción será un instrumento político del gobierno estatal, que lo mismo servirá para garantizar la impunidad de los funcionarios públicos del actual régimen, que para perseguir y amedrentar a sus enemigos políticos.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado de la República, logramos la creación de un Sistema Nacional presidido por los ciudadanos y que sirva a los ciudadanos, con nuevas instituciones fuertes y autónomas para prevenir y castigar la corrupción.
Si a nivel federal aún no se cuenta con un Fiscal Anticorrupción ha sido fundamentalmente por la intransigencia del PAN para alcanzar un acuerdo que permita consolidar todo este proceso. El combate contra la corrupción requiere de voluntad y no de resistencias; requiere de compromisos y no de salidas jurídicas que excusen su cumplimiento.
La corrupción es un problema institucional que impacta la gobernanza y la economía. Debemos decirlo claro: la corrupción ha frenado el desarrollo de Veracruz y representa el gran reto para el futuro. Reducir la corrupción es una condición clave para una sociedad justa, equitativa e incluyente.
La corrupción en Veracruz nos ha lastimado y nos ha dividido. Actualmente, la percepción sobre la corrupción, sobre todo en el sector público, crece de manera sostenida. Debo decir que el 88% de los mexicanos pensamos que la corrupción es un problema frecuente, y la mitad de la población considera que la corrupción ha aumentado mucho en los últimos años.
No hay duda de que durante lo que resta de la presente administración estatal, seguirá permeando la corrupción. El sistema estatal anticorrupción no cuenta con la solidez jurídica ni la independencia política que le permita cumplir con sus objetivos. A partir de este miércoles, podríamos tener una Fiscalía Anticorrupción a imagen y semejanza del gobierno: sorda, ciega y muda.
En Veracruz vivimos el gobierno del gatopardismo, donde la regla es cambiar todo para que nada cambie.
