Alerta de género y omisiones del Estado
Rúbrica
Alerta de género y omisiones del Estado
Por Aurelio Contreras Moreno
Contrario al
triunfalismo y a la repetición sistemática de la versión de que los
feminicidios y en general la violencia contra las mujeres van a la baja,
Veracruz se mantiene entre los estados punteros en agresiones y asesinatos de
todo el país.
En su reporte de
finales de septiembre, el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de
Seguridad y Participación Ciudadana dio a conocer que la entidad mantiene el
tercer lugar nacional en número de feminicidios, con un total de 50 al 31 de
agosto, 19 más que los registrados al corte de finales de julio. Y ya veremos
el acumulado del recuento de septiembre.
Además, los
municipios de Emiliano Zapata, Papantla, Tuxpan y Veracruz se ubican entre
los 100 con más feminicidios del país, mientras que la entidad ocupa los
segundos lugares nacionales en cuanto a secuestro de mujeres con 14, extorsión
con 221 y violencia de género con mil 56, solo por debajo del Estado de México.
Reiterando que se
trata de cifras que reflejan lo acontecido hasta agosto, lo que vemos es una
estadística escalofriante y aterradora que, por otra parte, es congruente con lo
que cotidianamente se informa en los medios de comunicación: la violencia
indiscriminada y sistemática en contra de las veracruzanas, de la que nadie
desde el sector gubernamental se hace cargo.
Son las
asociaciones civiles –las que no están cooptadas ni buscando “huesos” en las
administraciones federal, estatal y municipales, por supuesto- las que están
poniendo el “dedo en la llaga” de las omisiones del Estado sobre esta oleada
asesina de mujeres en Veracruz. Causa de la que el autoproclamado régimen de la
“cuarta transformación” se “colgó” en sus tiempos de movimiento opositor y de
la que nada quiere ya saber ahora que es gobierno.
Tres de estas
asociaciones, el Colectivo Feminista
Cihuatlahtolli, el Instituto Mexicano de Derechos y Democracia y la
organización Justicia, Derechos Humanos y Género, presentaron una solicitud
ante el Gobierno de la República para que se emita una tercera Alerta por
Violencia de Género en el estado, a causa de la verdaderamente imparable violencia
feminicida de los últimos años. Pero, ¿sirven de algo estos mecanismos?
Veracruz tiene dos
declaratorias previas: la primera fue emitida el 23 de noviembre de 2016
–todavía en el anterior sexenio federal, por aquello que los ignorantes y
convenencieros dicen que la lucha de las mujeres comenzó en 2018-, a partir del
contexto de violencia contra mujeres que existía en el estado, luego del
nefasto gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
El instrumento fue
declarado para los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las
Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Xalapa,
Tuxpan y Veracruz. Estos dos últimos se encuentran, cinco años después y como
ya se señaló, entre los 100 con más feminicidios de todo México.
La segunda
declaratoria data del 13 de diciembre de 2017, al acreditarse un agravio
comparado ante las restricciones a los derechos humanos de las mujeres derivadas
de Código Penal del Estado y de la falta de implementación de la Norma Oficial
Mexicana 046, referente a violencia familiar, sexual y contra las mujeres, y
los criterios para la prevención y atención por parte de personal de salud. O
dicho más claramente, por la negativa del Congreso del Estado a debatir acerca
de la despenalización de la interrupción del embarazo, omisión que fue
finalmente subsanada apenas en julio pasado. Casi cuatro años después.
Las razones esgrimidas por las asociaciones
civiles para solicitar una tercera alerta de género para la entidad sostienen
que las acciones tomadas a partir de la emisión de la primera en noviembre de
2016, han sido insuficientes para reducir la violencia feminicida en Veracruz.
Aseguran también que existe una indebida
clasificación de las muertes violentas de mujeres, pues son categorizadas en la
mayoría de los casos como homicidios dolosos y no como feminicidios por la Fiscalía
General del Estado (FGE). Lo cual fue puesto en práctica específicamente a la
llegada de Verónica Hernández Giadáns al organismo, ya que al gobierno de
Cuitláhuac García le urgía reducir las cifras. Que no los hechos de violencia.
Los organismos civiles puntualizan en su
solicitud que existe un contexto diferente al de 2016, ya que los feminicidios
son perpetrados por actores y a través de formas distintas a las originalmente
consideradas para emitir la primera Alerta de Género en el Estado.
Como era de esperarse, inicialmente el
gobierno federal se negó a admitir la solicitud, pues evidencia el fracaso de
su política de género –si es que puede afirmarse que tiene alguna-. Pero un Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación le ordenó
analizar la emisión de una tercera Alerta de Género para Veracruz.
El Tribunal
Colegiado señaló que “no es posible afirmar que los hechos en que descansa la
nueva solicitud ya fueron analizados, pues es razonable que se denuncie un
contexto criminal diverso, al haber transcurrido cinco años a partir de la
anterior solicitud y emisión de la Declaratoria de Alerta de 2016, de modo que,
por el lapso transcurrido es lógico considerar que existan diversos grupos
criminales en la entidad y cuyas modalidades para la comisión de los delitos
son modificadas, en aras de evadir las medidas previamente implementadas por el
Estado para mitigar los actos de violencia cometidos contra las mujeres y niñas
de la entidad”.
Este fin de semana,
la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(Conavim) informó que la solicitud fue declarada como admisible y
publicada para la conformación del Grupo de Trabajo que analizará la petición.
Razones para que
sea admitida y declarada la tercera alerta sobran. El problema es que si la
actitud del gobierno en sus tres niveles se mantiene como hasta ahora,
banalizando las demandas, maquillando las cifras de la violencia y construyendo
una narrativa de criminalización de las mujeres para evadir sus propias
responsabilidades, omisiones y culpas, pues tampoco servirá de mucho.
A menos, claro, que
la sociedad civil –a la que tanto odia la “4t” porque no la puede manipular ni
someter- haga valer su voz.
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@yeyocontreras