ANTES DE FIN DEL AÑO; PLAN “B” SE CONCRETA
Por José Luis Enríquez Ambell
La pretendida construcción y preparación de la iniciativa que promueve la Presidenta Claudia Sheinbaum para la Reforma Electoral es un tema que ronda entre lo político, económico y electoral, pues la titular del Poder Ejecutivo Federal ha venido reiterando disminuir el costo de las elecciones, el financiamiento a los partidos políticos e incluso la dimensión del Poder Legislativo excesiva, en términos del número de los diputados y diputadas, así como senadoras y senadores de la República.
Desde febrero pasado se vino procesando esa propuesta y enviada al Congreso de la Unión, especificando factores políticos y también económicos que llevaran a la reducción de los costos de la democracia, pues incluye que se le aparezca “doña austeridad” al sistema electoral en términos del organismo autónomo (INE), así como de los partidos políticos, pues habrá que reconocer que en los recientes años y elecciones los procesos electorales se han encarecido y quizá “aburguesado” con cierto sesgo elitista que le alejó del pueblo, y como muestra ha sido en poco o casi nulo poder para abatir el abstencionismo de los ciudadanos frente a las urnas.
Y es que la participación en las elecciones recientes —federal y local— siempre reviste un tema importante para dotar de la mayor legitimidad el resultado de los comicios, ya que con ella se manifiesta en las urnas la aceptación popular con que cuenta un gobernante, lo que le redituará un excelente bono democrático a la hora de ejercer su cargo. Sin embargo, cuando la participación de la ciudadanía va a la baja, esto es, cuando no acuden en mayor número a respaldar una opción política, el gobernante electo, al no contar con el suficiente apoyo popular, puede afrontar problemas de legitimidad e incluso de gobernabilidad, y aquí al menos queda muy claro que en el sentido de promover la participación ciudadana en materia electoral presenta una erosión o grieta tanto el INE y (OPLE, caso Veracruz), así como los partidos y candidatos.
La Presidenta Sheinbaum ha dicho y sigue sosteniendo, junto con sus aliados y equipo que le rodea, que el sistema político electoral mexicano tiene elevados costos incluso sin que medie proceso alguno, o sea, cuando no hay elecciones, y es verdad.
Y es que tan solo en 2026 absorberá más de 40,000 millones de pesos si se consideran los 7,700 millones que se entregarán a los partidos políticos nacionales para su gasto ordinario; otros 7,000 millones que reciben los partidos a nivel estatal; el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), de 14,099 millones de pesos en 2026 —un año sin elecciones federales—; el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ejercerá 3,749 millones de pesos; los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), a los que los estados destinan alrededor de 10,000 millones de pesos anualmente; y los 32 tribunales electorales de los estados, que cuestan alrededor de 2,400 millones de pesos.
A lo anterior habrá que sumar que existen encuestas y mediciones en donde opina la población y ciudadanía —con preocupación— en términos del elevado presupuesto para los partidos políticos y elecciones. Y es que resulta un secreto a voces el hecho de que la población coincide en la reducción de los recursos públicos para los partidos y los organismos autónomos constitucionales electorales.
Y, por si fuera poco, en los foros de consulta que al respecto de la reforma electoral se hicieron aparecieron voces en torno a considerar la reducción de las Cámaras del Congreso de la Unión y en los estados de la República, pues actualmente el Poder Legislativo Federal lo componen 500 diputaciones y 128 senadurías. Si bien la eliminación de las llamadas plurinominales es un tema que se demanda por la ciudadanía en las encuestas de opinión y que la propia Sheinbaum llegó a plantear al inicio de su gobierno, “los integrantes de la Comisión ya han descartado eliminar la de Representación Proporcional”, que hoy permite la representación de minorías en el Poder Legislativo.
También en este tema las cifras pesan: en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 se contemplaron 17,529 millones de pesos para el Poder Legislativo, ejercidos por la Cámara de Diputados (9,602 millones), el Senado de la República (5,103 millones) y la Auditoría Superior de la Federación (2,822 millones). Sin embargo, la Comisión aún no ha llegado a la fórmula definitiva para lograr los dos objetivos: “reducir el tamaño y los costos de las Cámaras y mantener la Representación Proporcional”.
Ahora bien, en las dos rutas Morena tendrá que revisar qué posición definen los partidos aliados —PVEM y PT— y los acuerdos con otros actores políticos que se le han sumado en lo individual y colectivo, no precisamente con las siglas partidistas. Y es que en ambos temas Morena también tiene que considerar la postura de sus partidos aliados, PVEM y PT, que se han manifestado en contra de la desaparición de los plurinominales y la reducción de las prerrogativas.
En ese sentido, el PVEM tiene actualmente 62 diputados y 14 senadores, mientras el PT cuenta con 49 diputados y 6 senadores. Sin esos votos, Morena no alcanzó la mayoría calificada (335 diputados y 86 senadores), necesaria para modificar la Constitución. Por lo tanto, la reforma político-electoral de la Presidenta se prepara para el Plan B, y así llegar a una propuesta que satisfaga a todos sus aliados.
Habrá que sumarle que “aún hay varios temas que debatir” antes de llegar a un proyecto final de reforma —en el Plan B— y para ello, hace unas horas se reunió con coordinadores parlamentarios de Morena, quienes tienen que presentarle los escenarios de negociación con el PVEM y PT junto con el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez.
En algún momento Monreal anticipó que en la ruta de la discusión y aprobación de la reforma —que inició desde su presentación pública en enero y el envío de la iniciativa formal al Congreso al arranque del periodo ordinario de sesiones— la reforma ya se veía tendría tropiezos a discutirse y aprobarse entre febrero y marzo, para ajustar las leyes secundarias en el mes de abril; pero ahora solo significa que hay un desfase, pues este mismo año en otro periodo del ejercicio legislativo saldrá de alguna manera u otra, pero saldrá adelante la reforma.
Y es que el límite legal para la aprobación de cambios a las leyes electorales es el 31 de mayo, para que puedan entrar en vigor en las elecciones federales intermedias de 2027, cuando también se renovarán 17 gubernaturas, 31 Congresos locales y ayuntamientos en casi todo el país.
DE SOBREMESA
La Reforma Electoral conlleva modificar a los organismos electorales (federal y locales), y donde cabe decir que el Dip. Ricardo Monreal ha criticado que cuentan con excesiva burocracia, elevados costos de operación y “una duplicidad de funciones”. Incluso, AMLO en su momento propuso la desaparición de los 32 OPLE, aunque Guadalupe Taddei (INE) ha planteado en diversos foros la necesidad de mantener a los OPLE’s, adelgazados quizá, y los defienden algunos gobernadores.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
En próximas semanas veremos si el Plan B transita por un camino de menos baches y de la mano de la concordia, o al menos sin asperezas entre partidos —Morena, PVEM y PT—, sobre todo por el tema de las modificaciones en torno a la representación proporcional, o sea, “las posiciones legislativas plurinominales”, y en donde “los chapulines” estarían a la espera de participar y evitando toda confrontación al amparo de los acuerdos, “pero para qué adivinar lo que se va a saber”.
UN CAFÉ CON PILONCILLO
Tiempo de cambios en oficinas en el sector gobierno federal y local en Veracruz.
Con la llegada de la Maestra Bárbara Galindo a la Contraloría General del Estado iniciaron los ajustes en el engranaje del control y evaluación ubicados en las Contralorias Internas en las Dependencias del Poder Ejecutivo.
Y en unas horas, por acuerdo de la Presidenta Sheinbaum habría ajustes en las plantillas de las representaciones del gobierno de la república en el territorio veracruzano.
¡ES CUANTO!
