API Veracruz la historia de la corrupción
API Veracruz la historia de la corrupción
- El anuncio del Presidente alborotó el panal en el puerto
- Amenazaron a trabajadores maniobristas para que lo entregaran
- Quienes fueron los beneficiados con las concesiones
Por Miguel Angel Cristiani González
Luego de que la semana pasada el
presidente de la república Andrés Manuel López Obrador alborotara el panal de
la política en Veracruz, al anunciar que, tras una evaluación, su
administración buscará revocar la concesión otorgada por 100 años a la empresa
encargada del manejo del puerto jarocho, han surgido en las benditas redes
sociales muchos “otros datos” más sobre la historia de corrupción en la
Administración Portuaria Integral, prácticamente desde antes de su nacimiento o
creación allá por el 1 de febrero de 1994.
En esa fecha, con una nueva Ley de
Puertos se creó la figura de las Administraciones Portuarias Integrales (APIs)
y nace la Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. Conforme
a la Ley de Puertos, la APIVER se constituyó como una “Sociedad Anónima de
Capital Variable.”
En la evaluación que seguramente ya
ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en consecuencia ya debe
de estar en marcha, hay varias preguntas que deberán ser contestadas por los
responsables, como cual fue la razón por la que se otorgaron esas concesiones
por un siglo, precisamente antes de la llegada de la nueva administración
federal, también se habrá de aclarar quienes son los verdaderos beneficiarios
con esas concesiones, cuales son los montos y porqué se entregó el puerto por
cien años.
Pero la corrupción en el puerto
jarocho se dio mucho antes de la creación de la API, desde las presiones que se
dieron por parte del gobierno federal para primero, hacer la desintegración del
SERPOVER Sindicato de Trabajadores Maniobristas que tenían el control del
movimiento portuario y permitir la entrada de la CTV Internacional de
Contenedores de Veracruz, S.A. de C.V. de ICAVE Corporación Integral de
Comercio Exterior S.A. de C.V quienes en ese entonces tomaron el mando y
control de las maniobras portuarias en las que naturalmente, hubo mano negra,
que permitió la infiltración de agentes aduanales y políticos relevantes en ese
entonces, que obtuvieron ganancia millonarias y pasaron de ser
multimillonarios.
Buscando en las benditas redes
sociales encontramos que Alejandro Pulido Cueto, representante legal de los
agremiados maniobristas, asegura que el mismísimo Secretario de Gobernación
salinista, Fernando Gutiérrez Barrios, -el hombre leyenda- los amenazó con llevarlos
a un avión y tirarlos al mar si no cedían sus propiedades, la fuente laboral,
los bienes sindicales (cuentas y edificios); fue así que tuvieron que celebrar
una asamblea donde perdieron todo su patrimonio.
Pulido Cueto también menciona que
confía en la honestidad del presidente Andrés Manuel López Obrador para
desenmascarar a todos aquellos políticos y empresarios que desde 1991
estuvieron ligados al régimen salinista y que hoy en día son los verdaderos
dueños de la actividad portuaria en Veracruz.
El Gobierno Salinista otorgó una
concesión leonina de 50 años a dicha Sociedad Anónima por medio de Emilio
Gamboa. En julio de 2018 en el aún sexenio peñista, “casualmente” Juan Ignacio
Fernández Carbajal dio una extensión al título de concesión por otros 50 años,
lo que para efectos legales quiere decir que la empresa tiene los derechos por
un siglo, es decir hasta el 2094.
Un punto de relevancia pública es que
Juan Ignacio Fernández Carbajal, quien es hermano del presidente de Femsa, José
Antonio Fernández Carbajal, conocido como “El Diablo”, llevó a cabo la firma de
cinco contratos de cesión parcial de derechos con diferentes empresas entre
ellas IEnova que tiene un contrato para operar una
terminal especializada de fluidos con 14.7 hectáreas para la cual aportó
inicialmente mil millones de pesos.
Otra, Gramosa y
Opever (Grupo Logra) entró a la contienda por 2 terminales
graneles absolviendo cuotas de 225 millones 980 mil 990 pesos y 118 millones de
pesos respectivamente y por último la empresa Hutchison Ports y
Pinfra que cuenta con una terminal especializada de contenedores,
dividida en 75.9 hectáreas por la que no tuvo que solventar ningún costo
inicial pues sólo modificaron el contrato que ya tenían para operar en el viejo
puerto.
Estos contratos fueron asignados para
que construyeran y explotaran durante 20 años las cinco terminales del puerto,
contratos que cedieron 2.5 de los 2.8 kilómetros de muelle con los que cuenta
el recinto portuario y que operan las terminales de fluidos e hidrocarburos (IEnova),
de usos múltiples (Pinfra-Infraestructura Portuaria Mexicana), de contenedores
(Hutchison), de granel agrícola (Gramosa) y de granel mineral (Opever).
Estas concesiones del APIVER a
particulares abarca el uso, aprovechamiento, explotación del gobierno federal,
operación y otras formas de administración, así como los servicios portuarios,
además de la construcción de las terminales marítimas e instalaciones
portuarias de acuerdo con el DOF.
Pero lo mejor, aún está por venir,
porque como diría el clásico: “esto no se acaba, hasta que se acaba”.
