Aplastar a la sociedad organizada
Aplastar a la sociedad organizada
Por Aurelio Contreras Moreno
Como en los
“mejores” tiempos del PRI más autoritario y vertical, la mayoría
pro-lopezobradorista en San Lázaro se enfila a convertir a la Cámara de
Diputados en una mera oficialía de partes del Ejecutivo, en la que solo se le
da trámite a los asuntos y las iniciativas sin modificarles una coma.
Es lo que sucedió
este lunes en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y luego en el Pleno de
la Cámara baja, donde las iniciativas de Ley de Ingresos, Ley de Derechos y la
Miscelánea Fiscal para el 2022 fueron aprobadas sin tocarles ni un punto, ni
una coma, ni una cifra y en especial, ninguna de las disposiciones que atentan
contra diferentes sectores productivos de la población con la intención de
sangrarles todos los recursos posibles, que es la única lógica que impera en
todo lo que hace la “4t”, junto con la del control absoluto.
Aunque se le ha
dado mucha atención a la disposición de incorporar a todos los jóvenes al
Registro Federal de Contribuyentes apenas cumplan la mayoría de edad, la
Miscelánea Fiscal que se discutió en la Cámara de Diputados y que al momento de
escribirse esta columna fue aprobada en lo general, incluye varios otros puntos
que han generado una importante polémica y que han concitado rechazo por
considerarse lesivos para sectores como el agrario o que inhiben y provocarían
la desaparición de diferentes asociaciones de la sociedad civil, uno de los
afanes más claros que ha demostrado tener el régimen de la autoproclamada y
demagoga “cuarta transformación”.
Buena parte de la
polémica se centra en las reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El
dictamen crea un denominado “Régimen Simplificado de Confianza” que abarca a
todos los pequeños contribuyentes, como las personas físicas con actividad
empresarial, los emprendedores y dueños de pequeños negocios cuyos ingresos no
rebasen los 3.5 millones de pesos anuales, y que pagarán una tasa de entre 1 y
2.5 por ciento, sin derecho a deducciones. Los que rebasen el tope de ingresos,
pagarán una tasa de ISR que podría llegar hasta 30 o 35 por ciento.
Esta reforma
elimina el Régimen de Actividades Agrícolas, Ganaderas, Silvícolas y Pesqueras
para las personas físicas del sector primario, los productores agrícolas, lo que
para organismos como la Confederación Nacional Campesina (CNC) representa un
“golpe fiscal” que “ignora las adversidades por las que tiene que pasar el
productor”, ya que aumentarán sus obligaciones y prácticamente se anulan los
incentivos fiscales.
“Actualmente, un
productor por ingresos exenta impuestos hasta por un millón 300 mil pesos. Y
para los medianos productores hay una reducción de la tasa de hasta 40 por
ciento. Por ese millón 300 mil, con el nuevo régimen el productor pagaría 26
mil pesos; sin embargo lo más grave es que si el productor forma parte de una
persona moral, sea productiva o incluso asociación civil, pagaría impuestos
como una persona física con ingresos por actividades empresariales y
profesionales, es decir, pagaría más de 300 mil pesos. De ese tamaño es el
golpe al sector”, enfatizó la CNC en un comunicado.
Pero uno de los
rubros más delicados es el que concierne al tope a las donaciones. Bajo el
pretexto de “frenar” los donativos “sospechosos”, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público limita las deducciones personales en materia de donativos, restringe
la diversificación de las fuentes de ingresos de las organizaciones de la
sociedad civil y las obliga a subsistir de donativos. O en pocas palabras,
las coloca al borde de la desaparición, pues desincentiva por completo la
cultura de la donación.
Organismos civiles de
defensa de derechos humanos, filantrópicos y de variada índole criticaron esta
medida desde que se conoció de su inclusión en el paquete fiscal para 2022, pues
atenta contra la viabilidad financiera de asociaciones que juegan un papel
protagónico en diferentes causas sociales que el gobierno -los anteriores y el
actual- no atiende.
Y todavía peor –y
lo que se percibe como el verdadero fondo- es que se debilitan las redes de
solidaridad de la sociedad civil y se cancela cualquier alternativa para que
sea ésta la que determine una agenda de los problemas a atender de manera
urgente. Porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere
competencia desde y con la sociedad civil organizada, sino su desarticulación y
control absoluto.
El camino está
trazado: el régimen se enfila a aplastar la iniciativa social y personal en
nombre de la estatización de la vida del país. Y por supuesto, sacarle al
“pueblo” todo el dinero que pueda, aunque luego se niegue a invertirlo en lo
que en realidad se necesita.
Eso aprobaron los diputados
“cuatreros”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
