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ATRIBUYEN A CRISIS MIGRANTE RETRASO EN PANEL DE ENERGÍA

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ATRIBUYEN A CRISIS MIGRANTE RETRASO EN PANEL DE ENERGÍA

Manuel Alejandro Álvarez Torres                  

Agencia Reforma

Ciudad de México 26 febrero 2024.- A pesar de que en Estados Unidos y Canadá hay inconformidad por las decisiones de México en materia energética, autoridades de esos países no han iniciado un panel en el marco del T-MEC porque le dan prioridad a otros temas, como el migratorio, aseguró Kenneth Smith, socio de la consultora Agón.

 

El también ex jefe negociador del Tratado Comercial consideró que para EU es prioridad controlar el tema migratorio en un año en el que ambos países elegirán Presidente.

 

Recordó que existe una visión diferente entre Estados Unidos y Canadá contra México, pues mientras los primeros apuestan por la transición energética, el Gobierno mexicano tiene una clara tendencia por fortalecer los monopolios estatales y cerrar la participación privada.

 

«Eso nos tiene en la antesala del panel, pero el problema es que estamos ahí desde hace casi dos años. ¿Por qué ha sucedido eso y por qué Estados Unidos no ha jalado el gatillo?

 

«Es claro que Estados Unidos ha sido renuente a pedir un panel en materia de energía porque no quiere causar disrupciones en la cooperación con México en temas de migración y seguridad», explicó Smith el viernes pasado, tras participar en un foro organizado por la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac).

 

Desde julio de 2022, el Gobierno de México recibió, a través de la Secretaría de Economía, la solicitud para el inicio de consultas por parte del Gobierno de EU respecto al manejo de su política energética.

 

Después de 75 días, EU pudo solicitar el panel, pero eso no ha ocurrido.

…Y arranca el laboral

El 28 y 29 de febrero se llevará a cabo una audiencia oral para resolver el panel laboral que EU solicitó con México por presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores de la mina San Martín, propiedad de Grupo México.

 

El Gobierno de EU sostiene que hubo denegación de derechos laborales, pero el Gobierno de México no encontró evidencia de ello.