Primer acto. Sin información sustancialmente distinta a la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, el gobierno de López Obrador decidió que había llegado la hora de dar un golpe mediático, para lo cual, la formalmente independiente FGR, ejecutó una orden de aprehensión contra el ex procurador Jesús Murillo Karam.

Segundo acto. De nueva cuenta, la maquinaria del aparato punitivo, mediante el dictado de un juez, mantuvo en el reclusorio norte, bajo la figura de “prisión preventiva justificada”, al exprocurador. Es decir, sigue castigándose antes de la sentencia. Lo cual, por cierto, hoy defiende AMLO, ante la discusión inminente en la SCJN y que dibuja el talante autoritario del tabasqueño.

Tercer acto. El vocero de la “nueva versión histórica”, el maleable Alejandro Encinas, en la lectura del informe de marras, enfatizó que la decisión de acabar con la vida de los normalistas se había tomado “al más alto nivel del gobierno federal”. ¿Y quiénes son los funcionarios del “más alto nivel” que encubrieron la matanza de los muchachos?

Cuarto acto. En el informe de la llamada Comisión de la Verdad, no queda claro cuál fue el interés del gobierno para enredarse en estas desapariciones e inventar pruebas y torturas. ¿Acaso los muchachos que viajaban a un evento político resultaron ser peligrosos para la estabilidad del país? Si se acepta la versión del involucramiento de grupos delictivos locales, ¿cómo se conecta al gobierno federal con ellos, si se supone que las autoridades municipales, que ya están presas, eran el centro de las complicidades?

Quinto acto. Supongamos que el gobierno federal estuvo involucrado en el asesinato colectivo. En esta hipótesis, emerge la consigna de que: ¡Fue un crimen de Estado! ¿En serio? Existe una amplia literatura acerca del tema, sin embargo, no hay espacio para profundizar, pero sí para una puntualización básica: desde Marx y Engels, por lo menos, una cosa es el Estado y otra el gobierno. ¿Los “altos niveles del gobierno”, de acuerdo al nuevo informe, sólo llegan al del anterior procurador? Siguiendo con la lógica oficial, algunas preguntas pertinentes: ¿Peña no estaba enterado de lo que hacía Murillo?, ¿el secretario de gobernación, Osorio Chong, no estaba al tanto de los acontecimientos?, ¿el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, estuvo al margen de lo sucedido? ¿Hay pacto?

Epílogo. Está claro, que, la detención de Murillo y las 83 órdenes de aprehensión contra un general, cuadros medios y bajos del ejército y policías, es un acto efectista, desaseado y vengativo. Una más de un gobierno autoritario. ¿Quién sigue?

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