Ayuntamientos sin Indicadores de Resultados

Por Armando Rangel

Muy a pesar que desde hace 11 años se llevó a cabo la reforma al artículo 134 de nuestra Constitución Federal, donde se instruye la inclusión de los Presupuestos basados en Resultados (PbR) y la adaptación de un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), a la fecha y en lo general, los Ayuntamientos de Veracruz se encuentran muy lejos de dar cumplimiento a este mandato.

Dicha reforma fue encaminada a la construcción de indicadores de desempeño con la clara finalidad de medir los resultados alcanzados en la ejecución de los programas a los que se destinan recursos públicos y de esta forma, evaluar el alcance e impacto de los objetivos planteados en términos de planeación.

Adicionalmente, esta modificación constitucional – la cual incluye en su observación a los tres órdenes de gobierno en todos sus niveles, así como a los organismos autónomos del Estado – se centraba en el hecho de eficientar y maximizar, en términos de productividad, la aplicación de recursos públicos, los cuales es prioritario que permitan alcanzar y materializar los objetivos para los cuales fueron destinados, mismos que deben ser y estar plasmados en los documentos básicos en términos de planeación a nivel federal, estatal y municipal.

Sin embargo, la realidad de las administraciones municipales está totalmente alejada a lo deseado, ya que muy a pesar de que la Ley de Planeación del Estado de Veracruz establece que los Planes Municipales de Desarrollo deben contener indicadores que permitan dimensionar y evaluar los logros deseados, este mandato continúa siendo letra muerta.

Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Municipio Libre, principal ordenamiento para las administraciones municipales, establece que los Ayuntamientos deben determinar y expedir sus indicadores, para lo cual el Presidente Municipal deberá vigilar y cumplir el uso de indicadores de desempeño.

Para llevar a cabo esta encomienda, la propia Ley faculta al Ayuntamiento a instaurar la Comisión Municipal de Desempeño, la cual entre sus atribuciones se encuentra la de participar en la elaboración de los indicadores de desempeño, proponer los mecanismos de control y seguimiento a dichos indicadores y vigilar el envío y adopción de los indicadores de desempeño a las instancias competentes.

Así que podríamos hacernos muchas interrogantes, ¿Cuántos Ayuntamientos tienen su Plan Municipal? ¿Cuántos de éstos cuentan con indicadores de desempeño? ¿Cuántos de estos indicadores responden a los objetivos planteados en su Plan? ¿Cuántos tienen instalada y trabajando su Comisión Municipal de Desempeño? ¿Cuántos a la fecha han realizado cuando menos un ejercicio de evaluación, actualización y alineamiento con respecto al nuevo Plan Veracruzano de Desarrollo? Sin duda, son interrogantes serias y basadas en la normatividad municipal, pero sabemos que su respuesta, cuando menos en la mayoría de los Ayuntamientos, es literalmente muy negativa.

Evaluar, medir, supervisar, fiscalizar, vigilar, transparentar, entre otros, son conceptos que suelen retraerse al momento de aplicarlos y llevarlos a la realidad, ya que existe una fuerte resistencia – por no decir “miedo” – a mostrar los verdaderos alcances en la aplicación de los recursos públicos. La adopción de sistemas de indicadores no solo se traduce en el conocimiento del impacto de los recursos públicos y en el alcance de los objetivos planteados, sino que también apoya la mejora de las prácticas y los programas ejercidos; pero además, permite transparentar la labor pública en los Ayuntamientos y en el trabajo de las y los servidores públicos, lo cual sin lugar a dudas, brinda certidumbre a la población de que sus recursos públicos son utilizados eficaz y eficientemente.

Como sociedad, debemos hacer valer la normatividad, pero de igual forma, debemos ser partícipes de las acciones en materia de evaluación de los programas públicos, de los recursos aplicados y de los resultados e impactos alcanzados. No basta con criticar, debemos proponer y ser activos en las labores públicas, para que seamos congruentes al momento de exigir que las y los servidores públicos y todos en general, hagamos siempre “lo correcto”.