Caso Ernestina: todo pasa por el Ejército
Caso Ernestina: todo pasa por el Ejército
Por Aurelio Contreras Moreno
Ernestina
Ascencio Rosario era una mujer indígena de 73 años de edad, habitante del
municipio de Soledad Atzompa en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz,
que murió asesinada luego de ser agredida sexualmente por soldados en febrero
de 2007, de acuerdo con las denuncias de sus familiares.
En
aquel entonces era presidente de México el panista Felipe Calderón Hinojosa,
quien dos meses antes y tras una cuestionada elección, declaró la “guerra
contra el narcotráfico” y sacó a las calles a las fuerzas armadas para cumplir
labores de seguridad pública, lo que provocó un mar de sangre de más de cien
mil muertos durante su sexenio.
Veracruz era gobernado por el priista Fidel Herrera Beltrán, cuyos presuntos
nexos con grupos de la delincuencia organizada, particularmente con el cártel
de los Zetas, eran “vox populi” desde su campaña por la gubernatura tres años
antes. Al final de su sexenio dejó al estado en medio de la putrefacción social
e institucional, dominado por una violencia sin control de la que no solo fue
responsable sino, afirman varios que la padecieron en carne propia, también partícipe.
Pero
había algo en común entre Calderón y Herrera, además de haber coincidido en la
Cámara de Diputados y de la antipatía que ambos se profesaban mutuamente: la
necesidad de llevar la fiesta en paz con el Ejército mexicano, por las mismas
razones antes mencionadas en el contexto de cada uno.
Fue en
esa coyuntura que ocurrió la agresión a Ernestina Ascencio. El dictamen
original de la necropsia, practicada en el Hospital Regional de Río Blanco,
señalaba como causa de su deceso “traumatismo
cráneo encefálico, fractura, luxación de vértebras”, así como indicaba la
presencia de “fosfatosa y residuos de P30” –o sea, semen- en la
parte anal de la víctima, que antes de morir alcanzó a señalar como sus
victimarios a soldados apostados en esa región indígena, que tradicionalmente
ha sido cuna y sede de movimientos armados de resistencia y, más recientemente,
paso estratégico de bandas de narcotraficantes por ser conexión natural hacia
los estados de Puebla, Oaxaca y Chiapas.
El
dictamen de la necropsia provocó una enorme presión por parte de los altos
mandos castrenses para que no se siguiera la investigación por esa vía, tal
como finalmente ocurrió. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada
por José Luis Soberanes, prácticamente obligó a la Procuraduría de Justicia del
Estado a exhumar el cadáver de Ernestina Ascencio para que le practicara una
nueva necropsia, un mes después de su muerte. El resultado oficial fue que
había fallecido por “causas naturales”, a causa de una “gastritis aguda” y de “anemia”.
Todo
lo anterior fue documentado en su momento por la corresponsal de Proceso en el
estado de Veracruz, Regina Martínez Pérez, quien además obtuvo una fotografía
de la necropsia en la que se observa la cabeza de Ernestina Ascencio sangrando
en una especie de lavabo, junto a unos trapos sucios y un envase de refresco.
A
partir de ese momento, la periodista sufrió un rudo hostigamiento por parte de
las autoridades en la entidad, que culminaría con su asesinato el 28 de abril
de 2012. Impune, hasta el día de hoy.
Mientras
a nivel nacional el gobierno de Calderón impuso la versión de la muerte de
Ernestina Ascencio por “gastritis”, en Veracruz la administración de Fidel
Herrera amenazó y acalló al personal médico y a los peritos forenses que
conocían el dictamen original de la autopsia. Todo, con tal de no incomodar a
los militares.
Este
jueves 10 de diciembre de 2020, el subsecretario de Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que se reabrirá el caso
de Ernestina Ascencio y la investigación correrá a cargo de la Fiscalía General
del Estado de Veracruz, lo cual ya ha provocado críticas de organismos como la
Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Kalli Luz Marina A.C., el Centro de
Servicios Municipales “Heriberto Jara”, Abogadas y Abogados para la Justicia y
los Derechos Humanos, pues consideran que esta institución está descalificada
para encabezar una indagatoria imparcial.
Reabrir
el caso de Ernestina Ascencio implica investigar y en su caso proceder en
contra de los elementos del Ejército mexicano acusados de perpetrar el
asesinato -que bajo los parámetros actuales calificaría como feminicidio- y que
fueron protegidos hace 13 años.
Sin
embargo, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador las fuerzas armadas
han recibido más poder y canonjías de las que soñaron nunca en lo que va del
periodo posrevolucionario en México. Al grado que el Estado abogó por todas las
vías, políticas y diplomáticas, para que un general detenido y acusado de
narcotráfico en Estados Unidos, el ex secretario de la Defensa Nacional
Salvador Cienfuegos, fuera liberado y repatriado a México, donde se encuentra
actualmente, en la comodidad de su hogar y gozando de su retiro.
El
asesinato de Ernestina Ascencio pasa invariablemente por el Ejército y su
manera de accionar en zonas indígenas, en las que comete todo tipo de
atropellos y violaciones de derechos humanos. ¿Usted cree que se atreverán a
llegar hasta los militares? La respuesta parece obvia.
