CATALINA: CUANDO LA JUSTICIA NO LLEGA

Las activistas y defensoras de derechos humanos solemos pedir justicia por víctimas que usualmente son mujeres adultas, adolescentes o niñas. Pero ¿cómo pedir justicia cuando la víctima es una bebé de 15 meses, que aún no habla?

El caso de Catalina es terrible, pero lamentablemente no es el único. Niñas y niños de todas las edades son utilizados como moneda de cambio por padres violentadores que les usan para lastimar a sus madres, quienes son las verdaderas destinatarias del odio, rencor, enojo o frustración que estos sujetos narcisistas sienten y que manifiestan a través de lo que hoy ya sabemos que se llama violencia vicaria, aunque en Veracruz aún no esté tipificado.

La madre de Catalina es Karen una duranguense que conoció a Mauricio, un abogado hijo de una familia reconocida de Veracruz, con quien sostuvo un breve romance que concluyó a los pocos meses ante la evidencia de una grave celotipia y violencia. Pero ya para entonces ella estaba embarazada.

Circunstancias de dificultad en la familia paterna que son de dominio público motivaron que Karen se condoliera de ellos y tuviera el gesto de traer a la niña desde a Veracruz en septiembre, para pasar unos días al lado de sus abuelos y padre, lo que detonó el infierno en el que viven desde hace casi cuatro meses, hasta el día de hoy.

Mauricio la corrió de casa de sus padres, quitándole a la niña para quedarse con ella, lo que provocó que Karen le denunciara por sustracción de menor y violencia, denuncia que fue recibida por la Fiscalía General del Estado, pero que no tuvo ningún seguimiento.

En este punto es muy importante señalar que quien sustrae a la menor es el padre, con la complicidad de sus propios padres y de su familia, lo que de nuevo coloca en el centro de la discusión un caso que en esta columna ya hemos analizado antes: el ocultamiento por razón de parentesco, que debe dejar de ser omitido y debe ser penalizado.

El Código Civil de Veracruz establece claramente que la custodia de un bebé le corresponde a su madre cuando es tan pequeño, como en este caso. Pero las leyes no importan cuando hay recursos para hacerla a un lado, así que el juez 14 acreditó de manera ilegal el depósito de la niña en favor de su padre. No solo eso, sino que incluso fueron cambiadas las fechas de la denuncia para que pareciera que ésta se interpuso después del depósito en favor del padre, por lo que con ese “arreglito” el delito desaparece. Y fue hasta 3 meses después que la cuarta abogada de Karen le aconsejó emplazarse, que iniciaron las visitas de convivencia de la madre.

No solo se presume corrupción del juez Fernández –que por cierto había sido ya suspendido por anomalías en otros procesos previos– sino de los abogados que inicialmente ella buscó para que le llevaran el caso, en el que no hay que pasar por alto el hecho de que ella no es de Veracruz, sino de Durango, y por tanto no tiene relaciones ni vínculos confiables aquí, cosa que el padre utiliza claramente a su favor, porque es del puerto y además, es abogado.

Dado que el padre interpone un amparo, el caso pasa del juez estatal a uno federal que ha aplazado la audiencia ya en tres ocasiones, porque resulta que “casualmente” al expediente le faltan todas las declaraciones y pruebas presentadas por la madre.

Esta presunción es fundada en los hechos, porque pese a que fue el mismo juez el que desecha el depósito porque la madre acredita la custodia en Durango –en donde nace–, la niña no le es entregada, con lo que se incurre en desacato y obstrucción de la justicia, lo que en cualquier otro lugar implicaría que si el padre no la entrega, se ordene que intervenga la fuerza pública para hacer valer la ley. Pero no en Veracruz, claro.

Lo grave de este caso no es solo la presunción de corrupción de un juez estatal y la esperanza de que “los jueces federales son más difíciles de comprar”, y entonces tal vez ahí sí haya justicia. Lo grave es que –como lo sabemos claramente– ninguna violencia ocurre de forma aislada, sino que se enreda en una compleja amalgama de otras violencias, como aquí claramente queda de manifiesto: en su primera visita de convivencia para poder ver a su bebé, en un lugar en donde dicho por la propia Karen “te tratan peor que delincuente”, ella constató lesiones en las partes íntimas de la bebé que fueron informadas a las autoridades, quienes las consideraron sin importancia. Esta posible violencia sexual en contra de la menor no es la única, pues a su corta edad, la niña ha sido privada del afecto y el entorno que hasta ahora había conocido, sustituyendo la calidez del cuidado de su madre, por la nana y la escuela a la que ya la inscribieron, pese a tener solo poco más de un año de edad. Además de eso, el padre ha emprendido una campaña de difamación en contra de la madre, para dañar su reputación pública, pese a que lo que ella busca, es clemencia por parte de las autoridades de Veracruz, para recuperar a su hija.

En un caso como éste y tantos otros ¿qué tipo de reparación del daño puede ofrecérsele a Karen y a Catalina?

Karen pasó sin su hija su segunda navidad y vio irse el año con el trago más amargo de su existencia. Ojalá que el reciente cambio en la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz permita atender casos como éste, en donde jueces que ya han sido sancionados continúan alejando la justicia de las víctimas, presuntamente a cambio de unas monedas.

Agradecida de compartir con ustedes este espacio de reflexión generosamente brindado por el Diario de Xalapa, quiero en 2023 destinarlo a dar visibilidad a violencias contra mujeres, pues sacarlas a la luz es al menos una posibilidad para erradicarlas.

@MónicaMendozaM