Cómo “desaparecer” 500 millones y agachar la cabeza
Rúbrica
Cómo “desaparecer” 500 millones y agachar la cabeza
Por Aurelio Contreras Moreno
Desde que fue
impuesta como presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Veracruz, la magistrada Isabel Romero Cruz no ha tenido empacho alguno en poner
de rodillas al Poder Judicial ante el Ejecutivo estatal, en una actitud de
sumisión absoluta, indigna y abyecta. El sello de la casa de la “4t” a todos
los niveles, valga decir.
Pero si las formas
son detestables, lo que hay en el fondo de las mismas implica una cantidad tal
de manejos turbios de los recursos de ese Poder constitucionalmente autónomo,
que varios de los implicados habrán de ser llamados a cuentas por malversación
y desvío de dinero público.
El miércoles de la
semana pasada, en este espacio se refirió cómo la directora general de
Administración del Poder Judicial de Veracruz, Joana Marlén Bautista Flores, se
constituyó como el verdadero “poder tras el trono” pues representa los
intereses del subsecretario de Administración y Finanzas Eleazar Guerrero,
primo hermano del gobernador Cuitláhuac García y quien controla todo lo que se hace
con los recursos públicos del estado en este sexenio.
Pues bien, fue
Bautista Flores la encargada de operar lo que representaría un fraude a las
arcas del Poder Judicial, comparable con las jugadas que acostumbraba realizar
Javier Duarte a través del mecanismo de desvío de recursos conocido como “la
licuadora”.
Información en
poder de quien esto escribe señala que mediante el fideicomiso número 108839 el
Poder Judicial llevaba a cabo inversiones a plazos fijos en una cuenta bancaria
en HSBC, con la finalidad de incrementar el patrimonio del Fondo Auxiliar para
la Impartición de Justicia de ese órgano, las cuales se realizaron en los
últimos años en los plazos señalados cada 90 días y hasta reportaron
rendimientos de entre cuatro y seis millones de pesos en cada vencimiento.
Eso cambió a la
llegada de Joana Marlén Bautista a la Dirección General de Administración en
agosto de 2020. Una de sus primeras acciones fue instruir el retiro de la
cantidad existente en el fondo de inversiones -sin acordarlo con el Comité
Técnico para la Administración de dicho fondo- y así disponer de 265 millones
de pesos.
Pero eso no es
todo. Esa cantidad habría sido puesta a disposición del Poder Ejecutivo como un
“préstamo”, sin contar con documento alguno que respaldara tal acción por parte
del Consejo de la Judicatura, con cargo al presupuesto del próximo año.
De ahí nace
precisamente el déficit de 500 millones de pesos que enfrenta el Poder Judicial
en este momento, pues por un lado Joana Marlene Bautista retiró esos 265 millones
de pesos de las cuentas del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia para
transferirlos al Ejecutivo bajo una afectación al presupuesto de 2022. Es decir,
que se tiene un faltante de recursos del Fondo Auxiliar y una afectación a las
cuentas del presupuesto del próximo año.
No por nada la
magistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros afirmó en una entrevista la
semana pasada –luego de ser injuriada por los textoservidores del régimen en
Veracruz al negarse a reducir su salario por órdenes del gobernador- que en el Fondo
Auxiliar para la Impartición de Justicia “simplemente, el dinero lo
desaparecieron”.
CICE, los Ruiz y hasta Sánchez Cordero, los “ganones” del
desfalco
El otro barril sin
fondo en el Poder Judicial, como se ha mencionado, son las Ciudades Judiciales,
cuya construcción pasó de cinco mil millones iniciales a 15 mil millones de
pesos, y cuya investigación le costó su destitución a la anterior presidenta
del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta.
¿Cuáles son los
intereses que se afectaron? Pues precisamente varios que escalan hasta el ex presidente
del TSJEV Edel Álvarez Peña y sus acuerdos alcanzados con la administración de Cuitláhuac
García Jiménez; a poderosos consorcios empresariales asentados en la entidad y
hasta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
Y es que el
contrato para la construcción de las Ciudades Judiciales beneficia a varios
consorcios cuyos dueños son los hermanos Francisco y Javier Ruiz Anitúa, cuya
familia ha hecho grandes negocios en todos los últimos gobiernos estatales, sin
importar el partido que los encabece.
También aparece
entre las empresas “ganonas” el Consorcio Integral de Comercio Exterior, mejor
conocido como CICE, una de las principales operadoras de negocios en el puerto
de Veracruz y que “extrañamente” decidió incursionar en el ramo inmobiliario
como contratista gubernamental.
Otra de las
empresas es Construindustrias
Comerciales S.A. de C.V., representada por Carlos Nachón Llanos, quien resultaría
ser, ni más ni menos, que sobrino de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez
Cordero.
Por eso es que los contratos
para las Ciudades Judiciales no se tocan ni por equivocación.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
