CON VIOLENCIA NO HAY IGUALDAD NI DEMOCRACIA
Mary Paz Monzón & Dra. Ma. Eugenia Espinosa Mora
En el Día Internacional Para La Eliminación De La Violencia Contra Las Mujeres, el pasado 25 de noviembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer resultados del diagnóstico derivado de la observancia, seguimiento, evaluación y monitoreo de la incidencia del delito de violencia familiar en cada una de las entidades del país, durante el primer semestre del 2014.
Antes de abordar las cifras para Veracruz, debemos recordar que la violencia contra las mujeres es una de las forma más extremas de discriminación e implica una violación a los derechos humanos y a las garantías individuales. La violencia es un fenómeno multifactorial y multidimensional, se manifiesta en ámbitos públicos, como la escuela, el trabajo y la calle; en la esfera privada, en el hogar. No importa la condición económica, social, religiosa, edad, origen étnico, ideología, nivel de estudios, entre otros. La violencia puede ser física, psicológica, sexual, o económica. Sus efectos de la violencia de género son demoledores y representan un alto costo emocional, a la salud, y en lo económico.
Ante esta situación de complejidad, debemos entender a la violencia como fenómeno social, implica enfocarlo desde diversas disciplinas de las ciencias sociales para encontrar estrategias de solución, prevención y atención tanto en las relaciones familiares como en las prácticas administrativas en las áreas médicas, políticas, jurídicas y culturales para su erradicación.
Fueron grupos de mujeres de la sociedad civil en los años 60 y 70´s quienes iniciaron las primeras acciones para atender la violencia contra las mujeres, ellas prestaron servicios a víctimas de violencia familiar, violación y abuso sexual. Dichas experiencias permitieron identificar los hechos violentos como problemas sociales y de salud pública, desmitificando la idea de que eran asuntos propios del espacio doméstico como se argumentaba. Ello permitió que los gobiernos llegaran a reconocer a la violencia contra las mujeres como una cuestión de política pública. Sin embargo las medidas tomadas hasta la fecha han sido insuficientes para erradicarla, como lo indican el informe en cuestión 2014 de la CNDH.
Veamos. En el rubro de las averiguaciones previas Veracruz ocupa el séptimo lugar con 1, 202 el primer lugar es para el DF con 4,754. Respecto a las averiguaciones previas por feminicidio el Estado de México ocupa el primer lugar con 86, mientras que Veracruz y Chiapas ocupan el tercer lugar con 16.
En lo referente a la emisión de órdenes de protección, como mecanismo de prevención de la violencia de género, según las recomendaciones del Comité de la CEDAW 2012, Veracruz tiene el mayor número con 3,234 del total de las 21, 434 averiguaciones previas por el delito de violencia familiar a nivel nacional registradas.
Por lo cual, las autoridades correspondientes de los diversos niveles de gobierno deben tomar medidas para transparentar la información correspondiente e implementar medidas de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
México cuenta con el marco jurídico de los derechos de las mujeres, está en la normatividad federal y estatal, en las leyes reglamentarias de los diferentes instrumentos internacionales a los que se ha adscrito y que en su conjunto son el cuerpo normativo local e internacional en la materia. Reglas donde se definen las directrices del presupuesto público y la política nacional para hacer efectivo el derecho de las mujeres a una vida de violencia. No hacerlo es una violación a las leyes.
Las acciones deberán encaminarse: 1.- Promoción de campañas que desacrediten los mensajes de la violencia. 2.- Divulgación del conocimiento y respeto de los derechos humanos, y 3.- Implementación de políticas públicas para la igualdad entre hombres y mujeres en México.
Hacer efectivo el derecho de las mujeres, implica como lo marca las normas, los siguientes requisitos: Asignación de recursos, para aplicar políticas públicas orientadas a fortalecer la democracia, el desarrollo integral y sustentable que pretenda una sociedad justa e igualitaria, respetuosa de la dignidad humana, la NO discriminación y la libertad de las mujeres.
Y sus metas serán crear mejores niveles de bienestar social a través de acciones permanentes y multidimensionales en lo individual, la familia, y la comunidad.
No tiene caso contar con un Instituto estatal o municipal de la mujer si no cuentan con presupuesto, objetivos propios, metas, estrategias, programas definidos, evaluaciones así como el conocimiento y voluntad política. No hacerlo es un atentado más contra la democracia, la igualdad y la justicia que tanto demanda nuestra sociedad.
