Contra el ambiente
contra defensores ambientales
En el año 2020 se mantuvo la tendencia de creciente violencia que desde
hace décadas han vivido las personas defensoras de los derechos humanos ambientales
en México. A la situación prevaleciente se sumaron diversas complicaciones
vinculadas con la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2 y las
determinaciones gubernamentales adoptadas.
Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal
no ha logrado disminuir las cifras de agresiones e incluso, el número de éstas
se elevó en comparación con el año anterior. Durante el 2020, el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) contabilizó 90 agresiones
perpetradas en 65 ataques distintos; de este número la agresión más
recurrente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales
asesinadas.
Como contexto general, se debe señalar que, del periodo que comprende
del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos
de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio
y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el año con la cifra más baja de
los últimos seis, con 39 agresiones registradas, sin embargo, de ese número,
casi un tercio fueron homicidios.
Al presentar el día de hoy el Informe sobre la situación de las
personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México en
su edición 2020, CEMDA detalló que, en lo que se refiere a las
agresiones por entidad federativa, se registró un aumento de los ataques en
Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y
Veracruz.
En cuanto al tipo de víctima, los ataques perpetrados se realizaron
tanto hacia personas en lo individual, contra dos o más personas, contra
comunidades, así como contra organizaciones de la sociedad civil que ejercen la
defensa ambiental, de la tierra o el territorio. Referente a los ataques
en contra de personas en lo individual, 19 fueron contra hombres (15 de ellos
asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se registraron
16 ataques (24.6%) contra comunidades y 12 ataques (18.5%) contra
organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24.6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron 8 ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya; 3 relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México; 3 con el caso de la construcción del Puente Vehicular Xochimilco, en Ciudad de México y 3 más con construcciones de carreteras en diferentes estados. En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo, entre otros.
Referente al tipo de agresión, por segundo año consecutivo desde el
inicio de la presente administración federal, la agresión más frecuente ha sido
el homicidio. En 2019 se documentaron 15 asesinatos y en 2020 esta cifra llegó
a 18. Cabe señalar que en diversos casos se identificó que, previo a
su homicidio, las personas defensoras habían sido víctimas de otras agresiones
como amenazas e inclusive desaparición. La segunda agresión, con un total
de 16 casos (17.8%), corresponde a las amenazas. Otras agresiones documentadas
incluyen la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las agresiones
físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza por parte de las
autoridades, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, el allanamiento, la
difamación y la estigmatización.
En 26 de las agresiones (40% de los casos) se conoce que el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado. En menor medida, se identificó como agresores a miembros de las comunidades donde habitan las personas defensoras (6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del total); así como a caciques y grupos paramilitares (3.1%), respectivamente.
A lo anterior hay que agregar que la emergencia sanitaria causada por la
pandemia del COVID-19 ocasionó que el Estado mexicano suspendiera todos los
procedimientos administrativos en materia ambiental, así como los plazos para
tramitar juicios calificados como no esenciales. En cambio, no
fueron suspendidas actividades económicas extractivas, como la minería y los
megaproyectos, ni tampoco las obras de construcción de infraestructura
ferroviaria, aeropuertos y refinerías petroleras. Ello ha obstaculizado
gravemente el acceso a la información, la participación en asuntos públicos y
el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
Si bien México ha manifestado su voluntad de asumir obligaciones
para la prevención y protección de las y los defensores ambientales,
ratificando el Acuerdo regional sobre el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo
de Escazú), -el cual establece el deber del Estado de garantizar los derechos
humanos de todas las personas defensoras ambientales y así como un entorno
seguro para ellas y ellos-, la grave situación de violencia a la que se
enfrentan evidencia las falencias y retos pendientes de superar.
La indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el
El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos
económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha
sufrido constantes recortes presupuestales y de personal. A esto hay que
agregar la eliminación, por parte del Congreso de la Unión en 2020, del Fideicomiso
para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas,
así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Ambos
eran de vital importancia para las personas defensoras ambientales
beneficiarias de medidas de protección.
Luego de ocho años de registro, documentación y visibilización de las
agresiones perpetradas contra las defensoras y los defensores ambientales, el
CEMDA confirma que la violencia estructural, sistemática y generalizada que se
vive en México continúa impactando los derechos humanos de quienes defienden el
medio ambiente, la tierra y el territorio.
Nuevamente, hacemos un enérgico llamado a las autoridades de los tres
niveles de gobierno, a traducir en hechos la legislación, los tratados y
compromisos nacionales e internacionales de respeto y protección al medio
ambiente y a los derechos humanos. El actual gobierno federal tiene la oportunidad
histórica de sentar las bases para un México donde la defensa
de nuestro patrimonio natural, la tierra y el territorio se realicen con plena
garantía y respeto a los derechos humanos.
