Por Miguel Ángel Cristiani G.
En las benditas redes sociales comenzaron a circular dos testimonios distintos de trabajadores del DIF municipal del Ayuntamiento de Veracruz que, aunque provienen de personas diferentes, señalan una misma situación: al personal de confianza presuntamente se le estaría pidiendo firmar un contrato y, al mismo tiempo, una renuncia anticipada para poder recibir su gafete.
La instrucción, según los testimonios, sería sencilla y contundente: “¿No firmas? Ve a Recursos Humanos”.
Una trabajadora con más de diez años de antigüedad asegura que se negó a suscribir el documento y que, como consecuencia, no le entregaron su credencial. También se mencionan supuestas restricciones para acceder a permisos económicos y un trato diferenciado entre el personal de confianza, sindicalizado y de base.
Por supuesto, se trata de señalamientos que deben ser investigados y acreditados. Pero precisamente por eso, el Ayuntamiento de Veracruz y el DIF municipal tienen la obligación de explicar qué está ocurriendo.
¿Desde cuándo un trabajador tiene que firmar su propia renuncia para que le entreguen un gafete? ¿Se trata de un procedimiento administrativo general? ¿Qué documento se está solicitando firmar? ¿La renuncia tiene fecha abierta o está vinculada a una eventual terminación de la relación laboral?
No son preguntas menores. Un gafete sirve para identificar al trabajador, facilitar su acceso a las instalaciones y acreditar que forma parte de una institución. No debería convertirse en una herramienta de presión laboral.
Además, una renuncia anticipada puede ser cuestionada legalmente si se acredita que fue obtenida mediante presión, condicionamiento o sin que exista una manifestación libre y auténtica de voluntad. Los especialistas en derecho laboral conocen los procedimientos para impugnar este tipo de documentos, aunque los conflictos pueden prolongarse y terminar afectando precisamente a quien necesita conservar su empleo.
Lo más delicado es que estas prácticas, de confirmarse, entrarían en contradicción con el discurso de defensa de los derechos laborales que suele acompañar a los gobiernos de izquierda. No basta con hablar de justicia social en los discursos; también debe garantizarse en las oficinas, en los contratos y en la relación cotidiana con los trabajadores.
El personal de confianza no deja de tener derechos por no pertenecer a un sindicato. Tampoco puede justificarse un trato desigual sin una razón legal, objetiva y transparente.
Por eso sería conveniente que las autoridades responsables aclaren públicamente si se está solicitando la firma simultánea de contratos y renuncias, cuál es el fundamento de esa medida y qué ocurre con quienes deciden no firmar.
Porque si todo está en orden, una explicación clara debería despejar las dudas. Y si existe alguna irregularidad, lo responsable sería corregirla antes de que el asunto termine convertido en un conflicto laboral mayor.
En una administración pública, el gafete debe identificar al trabajador, no recordarle que su empleo depende de firmar su propia salida.
Y como diría Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense: “Cuando para entrar a trabajar te piden firmar la renuncia, no te están dando un gafete: te están entregando por adelantado la puerta de salida.”
