Convocatoria para el Consejo Estatal Ciudadano

Xalapa, Ver., a 9 de marzo 2022.- Debido a que en el Consejo Estatal Ciudadano hay seis vacantes que deben cubrirse a la brevedad, la Comisión Permanente de Gobernación de la LXVI Legislatura aprobó y acordó emitir la convocatoria pública para seleccionar y subsecuentemente nombrar a las personas que ocuparán estos cargos.

En reunión celebrada este 9 de marzo, la instancia legislativa integrada por los diputados Margarita Corro Mendoza, Paul Martínez Marie y Genaro Ibáñez Martínez, presidenta, secretario y vocal, respectivamente, dio su aval para garantizar debidamente el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 677 en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

A la fecha, hay seis vacantes en el Consejo Estatal Ciudadano, de las cuales, una es para familiar de persona desaparecida de la región norte; una para familiar de persona desaparecida de la región centro; dos para personas especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General y, por último, dos para representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos.

De esta manera, la Comisión da a conocer la convocatoria,  que será publicada en la página oficial www.legisver.gob.mx, para que sean postuladas y postulados quienes aspiren al cargo de Persona Consejera Ciudadana, integrante del Consejo Estatal Ciudadano, Órgano del Mecanismo Estatal de Coordinación en Materia de Búsqueda de Personas.

Las personas que sean registradas como familiares de personas desaparecidas deberán proporcionar, entre otros documentos, una carta en la que manifieste su voluntad de participar en el proceso, escrito en el que exprese sus razones o motivos por el que desea ocupar el cargo, identificación oficial con fotografía, documento por el cual manifieste el no haber sido sancionado en algún proceso administrativo o penal y su hoja de vida, en el que destaque los criterios de elegibilidad.

Los aspirantes como especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, en la investigación y persecución de los delitos previstos en la Ley General deben presentar currículum vitae que señale su formación académica o experiencia de, por lo menos, tres años, en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares.

Quienes aspiren al cargo como representantes de organización de la sociedad civil de derechos humanos deben proporcionar: currículum vitae que contenga su formación académica o experiencia en materia de protección y defensa de derechos humanos, carta de postulación expedida por la organización u organizaciones de la sociedad civil que va a representar y documento en el que manifieste su voluntad expresa de participar en el proceso.

De acuerdo con la convocatoria, toda la documentación debe ser dirigida a la presidenta de la Comisión Permanente de Gobernación, diputada Margarita Corro Mendoza, y será recibida a través de www.legisver.gob.mx/registroEventos/registroCEC

El periodo de recepción de documentos constará de diez días hábiles posteriores a la publicación de la convocatoria. En caso de que dentro de este plazo no se hubiere recibido el mínimo de postulaciones necesarias para cubrir las vacantes correspondientes, el periodo de recepción de documentos se podrá prorrogar hasta por diez días más.

El artículo 42 de la Ley en Materia de Desaparición dispone que el Consejo Estatal Ciudadano tiene entre sus funciones: proponer a la Comisión Estatal de Búsqueda y a las autoridades del mecanismo estatal acciones para acelerar o profundizar sus labores, impulsar ante las instituciones las estrategias que amplíen sus capacidades, incluidos periciales y forenses, así como mejorar el cumplimiento de programas, los lineamientos para el funcionamiento de los registros, bancos y herramientas de la legislación general, entre otros.