Corrupción en SIOP y DIF; Sefiplan, la tapadera
Corrupción en SIOP y DIF; Sefiplan, la tapadera
Por Edgar Hernández*
En un verdadero escándalo se ha convertido la
escalada corrupta en la obra pública 2020 que encabeza la SIOP de la mano del
DIF con sus malos manejos y corruptelas con despensas y desayunos escolares.
Atrás de todo se esconden oscuros intereses que han
dado lugar a que la propia Secretaría de Finanzas, esconda los informes
trimestrales sobre el ejercicio presupuestal 2020 que asciende a 129 mil
millones de pesos anuales en números redondos.
La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas
que encabeza Elio Hernández Gutiérrez, el compadre de Cuitláhuac, motejado como
“El Padrino del Cartel de SIOP”, dispone de un presupuesto 2 mil 257 millones, mismo
que en 2019 dejó de ejercer parcialmente por la ineptitud y corrupción.
Ello a la postre lo cual obligó a la dependencia a
brincar las irregularidades, por más de 900 millones de pesos a marzo de este
2020, para justificar el gasto a como diera lugar.
Habrá que insistir en que todo ello es resultante de
la entrega de obra pública y concesiones sin concurso a parientes, chairos
desocupados -hoy constructores- y amigos del gobernador.
Para este año siguiendo con la misma dinámica
corrupta de preferenciar la obra pública, no hubo más que justificarse
entregando obras de medio pelo para la fotografía del mandatario.
No hay nada de trascendencia en favor de los 700
kilómetros nuevos de carretera que requiere Veracruz mismos que el gobernador
se comprometió a cumplir al arranque de su mandato.
A las quejas de los empresarios veracruzanos,
constructores independientes y organizaciones sociales, se suma la disposición
de la Fiscalía General del Estado de no recibir demanda alguna en contra de
SIOP.
Mientras SEFIPLAN esconde las cifras y reportes financieros
evadiendo un deber legal ya que el artículo 179 del Código Financiero del
estado de Veracruz, obliga a la institución a entregar cada 90 días un reporte
del gasto público.
Habrá que recordar que en 2019 el gobierno de
Cuitláhuac García devolvió cuatro mil millones de pesos a la Federación por
subejercicio.
En el DIF sucede algo parecido.
Luego de quedar al descubierto manejos oscuros que
dieron lugar a la desaparición de 450 millones de pesos por “moches”, se obligó
a renunciar a su titular Verónica Aguilera Tapia, quien salió echando pestes y
amenazando con dar nombres y destapar la cloaca.
La silenciaron y dejaron que se llevara la talega.
Con el arribo de la nueva titular Rebeca Quintanar,
se abrió la esperanza de una conducción honesta en favor de la familia
veracruzana. Sin embargo, el remedio salió peor que el trapito.
La mano del primo hermano cómodo del gobernador, el
intocable expriista Eleazar Guerrero, que tiene en el área de compras y
contratos a su hija Nitzia Guerrero Barrera y la sombra de la diputada Ana
Miriam Ferraez, de la familia de radiodifusores, dio al traste con toda
esperanza de evitar el saqueo.
Las cosas en el DIF se volvieron grotescas a grado
tal que en tiempo de pandemia anuncian que se siguen entregando desayunos
escolares ¿a quiénes si las escuelas están cerradas y los menores en sus casas?
Han sido asimismo descubiertas burdas maniobras como
la entrega clandestina de millares de despesas a la mansión de Ana Miriam Ferraez
y de la diputada Rosalinda Galindo, quien, entre paréntesis, tiene colocados a
19 parientes en el aparato de gobierno.
En un documento hecho
público se revela que el Gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, fue
quien violentó la Ley de Asistencia Social en Veracruz, la cual impide que los apoyos a personas vulnerables sean entregadas por actores
políticos, en este caso por los diputados locales y federales de Morena.
Sin embargo, de acuerdo a la
circular DG/OC/015/2020, el pasado 16 de abril, en un texto oficial
firmado por la titular del DIF, Rebeca Quintanar Barceló, se informa a los
legisladores de Morena, que
“por órdenes del Gobernador”, sean ellos quienes ahora entregarán las despensas
a la gente que lo necesita y por lo tanto la funcionaria estatal se lava las
manos al puntualizar que es una indicación del mandatario.
Ese es el tamaño de las raterías, pero no
pasa nada.
Nadie del gobierno -por supuesto menos el atarantado
de Cuitláhuac- acusa recibo. La contraloría como si no existiera. El Congreso
alcahuete y ORFIS, como siempre, en la oscuridad.
Es el tiempo de Alí Baba y sus 40 chairos.
Tiempo al tiempo.
*Premio
Nacional de Periodismo