Crisis en el Instituto de Pensiones del Estado
René Sánchez García.
Por primera vez en la larga trayectoria histórica del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (IPE), se les incumplió a los miles de jubilados y pensionados en su pago correspondiente al mes de febrero de 2015. Aunque desde el año pasado ya se habían presentado irregularidades en los pagos mensuales, donde los depósitos en efectivo se efectuaron no sólo horas después de las nueve horas, sino que en ocasiones se efectuaron hasta tres días después; en esta última ocasión los derechohabientes asistieron a las diferentes sucursales bancarias y se percataron que en un primer momento, sólo quienes cobran mediante cheque lo pudieron realizar, no en cambio quienes reciben su pensión en forma de depósito y que tienen que retirarlo en los cajeros automáticos. Si bien la fecha de cobro original fue el viernes 27 de febrero pasado, no fue sino hasta el martes 10 de marzo cuando “se cubrió” el adeudo en su totalidad.
Al percatarse de estas irregularidades, los cientos de integrantes del Frente Estatal en Defensa del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz (FEDIPEV) se reunieron con funcionarios de gobierno y del IPE para conocer de cerca el problema y la respuesta fue que de inmediato, esto es el lunes pasado, se depositarían los todos recursos faltantes. El compromiso no se cumplió como era de esperarse. Al día siguiente, los pensionados y jubilados tomaron por algunas horas el edificio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, lográndose entrevistar con su titular, quien se comprometió por escrito o minuta, depositar para el miércoles todo, absolutamente todo, pero no fue así. Los depósitos de SEFIPLAN fueron en pequeño que sólo alcanzaba para algunos derechohabientes más en todo el Estado. Así sucesivamente hasta el martes 10 de marzo cuando se informó que todos ya habían recibido sus pagos, o sea, doce días después.
La respuesta oficial fue que cada día aumenta considerablemente el número de personas que se pensionan y jubilan anualmente, y que los dineros que ingresan por cuotas de los trabajadores activos no alcanza para pagar la nómina de los jubilados. Por ello el Estado se ve en la necesidad de apoyar con 180 millones mensuales al IPE, por lo que el problema de liquidez es cada día más difícil de solucionar a corto plazo. Si bien desde los gobiernos de Alemán Velasco y Herrera Beltrán se habló de finanzas sanas en el Instituto y que garantizaba hasta por 30 años su eficacia, lo cierto es que el futuro de IPE es incierto y que actualmente se está pasando por una severa crisis que pone en riesgo la seguridad social de los jubilados y pensionados, pero principalmente el futuro de los trabajadores activos actuales al servicio del estado y los municipios. Y es que existe un total hermetismo en cuanto a dar a conocer a los trabajadores el destino de sus cuotas del IPE, asunto que levanta sospecha sobre el manejo correcto (desde hace muchos años) de todo su patrimonio: subsidios, cuotas, hoteles, cines, renta de edificios, comercios, intereses de los préstamos, etc.
Si bien los funcionarios involucrados sólo duran en sus cargos la mitad del sexenio y se desatienden de sus asuntos a los que protestaron servir con lealtad; los actuales integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia del IPE y los dirigentes sindicales magisteriales y de las demás dependencias u organismos públicos incorporados, que en algunos casos llevan allí hasta 30 años, no dicen absolutamente nada al respecto. Por ello, ya cerca de 8 mil pensionados y casi 3mil activos se ampararon contra la Ley 287 (Ley del IPE), misma que más que beneficiar, lesiona considerablemente las conquistas de los trabajadores en activo. Esperemos a ver qué sucede con esta crisis del IPE.
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