Desfalco al Poder Judicial
Desfalco al Poder Judicial
Por Aurelio Contreras Moreno
Muy pronto quedó expuesta la verdadera razón de
la absurda decisión de desaparecer 29 juzgados del Poder Judicial estatal
anunciada la semana pasada: el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Veracruz (TSJEV) se encuentra en quiebra.
La propia presidenta de este Poder, Isabel
Inés Romero Cruz, admitió que enfrentan un déficit de 500 millones de pesos y
que ésa es la principal razón por la que se les ocurrió la “fantástica solución”
de desaparecer juzgados y con ello dejar de gastar en su mantenimiento y en los
sueldos del personal. Total, ahí nomás se imparte justicia. ¿Qué podría pasar?
Pero ante la dimensión del boquete
financiero, han tenido que pedir a los magistrados del TSJEV que
“voluntariamente” acepten reducirse el salario hasta en un 30 por ciento de
aquí a que concluya el año porque, literalmente, no tienen ni para pagar la
nómina de los trabajadores.
Sin embargo, el problema no es tan sencillo
de resolver como simplemente decidir afectar la administración de justicia y
reducir las percepciones de la dorada burocracia judicial. Hay claramente un
mal uso de los recursos que bien puede calificar como un desfalco. Y del cual
deben existir responsables.
El presupuesto aprobado para el Poder
Judicial de Veracruz en el ejercicio fiscal 2021 asciende a mil 614 millones
280 mil 299 pesos. De esa enorme cantidad, al Consejo de la Judicatura le
corresponden mil 76 millones 534 mil 196 pesos y al Tribunal Superior de
Justicia 425 millones 814 mil 946. El resto se reparte entre el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje y el Centro Estatal de Justicia Alternativa.
En el Presupuesto de Egresos del Estado de
Veracruz 2021 se establece que el importe asignado al Consejo de la Judicatura
“considera la disponibilidad para cubrir el monto mensual de las obligaciones
derivadas por la celebración de contratos de asociación público-privada para
llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de
las Ciudades Judiciales”. Y ahí podemos encontrar la punta de la madeja de un
hilo de corrupción en el que varios están enredados y que ya les da la vuelta
al cuello.
Es precisamente el tema de las Ciudades Judiciales
el que provocó la ruptura entre la anterior presidenta del TSJEV, Sofía
Martínez Huerta, y el círculo de poder de la “4t” veracruzana encabezado por el
propio gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Gobierno Eric
Cisneros Burgos.
Como se mencionó en la Rúbrica del pasado 9
de marzo, en febrero de 2020 Sofía Martínez suspendió los pagos a las empresas
encargadas de la construcción de las Ciudades Judiciales, mismos que ascienden a
17 millones de pesos mensuales por un lapso de 25 años, luego de detectar las
irregularidades que provocaron, entre otras cosas, que el costo original
proyectado en cinco mil millones de pesos se elevara a 15 mil millones. Un robo
en despoblado.
Como la propia Sofía Martínez denunció –y lo
cual le costó su destitución como presidenta del TSJEV y su inhabilitación como
magistrada-, Cuitláhuac García estaba enterado de esta situación y desde que
llegó le pidió no lanzar una “cacería de brujas” contra el anterior presidente,
el yunista Edel Álvarez Peña, quien seguramente ya se había “puesto a mano” con
la “cuarta transformación”.
Apenas llegó al cargo Isabel Inés Romero Cruz
en sustitución de Sofía Martínez, le pagó a la Agrupación de Compañías
Constructoras de Veracruz S.A. de C.V. -consorcio encargado de las obras de las
Ciudades Judiciales en el que participa, entre otros, el empresario Carlos
Nachón García, hermano del actual secretario de Desarrollo Económico estatal
Enrique Nachón García- los 187 millones de pesos que se les dejaron de entregar
durante los 11 meses que duró la suspensión decretada por su antecesora. Y les
ha continuado pagando.
Pero ahora que ya se acabó el dinero en el
Poder Judicial, pretenden que sean los ciudadanos quienes paguen los platos
rotos de un desfalco gigantesco. De esos que “ya se acabaron” desde que llegó
la “cuatroté”.
El
“quién es quién de las aportaciones”
Y en la
mentira no de la semana, sino del siglo: la “honestidad” del lopezobradorismo.
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