DESIGNAN A STEPHANY ROSAS COMO FISCAL ANTICORRUPCIÓN

·         Ocupará el cargo por un periodo de 5 años, contados a partir del 28 de mayo de este año.

Xalapa, Ver., 27 de mayo de 2025.- El Pleno de la LXVII Legislatura nombró y recibió la protesta de ley de la ciudadana Stephany Rosas Méndez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), para un periodo de cinco años.

En la quinta sesión ordinaria, el secretario de la Mesa Directiva, diputado Felipe Pineda Barradas dio lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el cual, con base en el análisis del informe presentado por la Comisión de Procuración de Justicia relativo a los trabajos previos, conformó la terna para la designación, por parte del Pleno, de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción.

La Mesa Directiva, presidida por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, instruyó la apertura del tablero electrónico de votación y concluido el lapso para ello, quedó de la siguiente manera: Stephany Rosas Méndez, 41; Guilebaldo Maciel Mercado, 0 y Sandra Luz González Mogollón, 0.

Tras el resultado y con base en las atribuciones que confiere la Constitución Política del Estado de Veracruz, se tomó la protesta de ley a la ciudadana Stephany Rosas Méndez como nueva titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Esta determinación se comunicará a la persona designada para ocupar el cargo, así como a las ciudadanas Gobernadora del Estado, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado y Fiscal General del Estado, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar.

Cabe destacar que la Comisión Permanente de Procuración de Justicia, integrada por los diputados Diego Castañeda Aburto y Adrián Sigfrido Ávila Estrada y por la diputada Ingrid Jeny Calderón Domínguez, presidente, secretario y vocal, respectivamente, realizó los trabajos relativos a la emisión de la Convocatoria, la recepción de documentación de aspirantes, validación de requisitos legales y fase de entrevistas con las 21 personas que tuvieron derecho y, por consiguiente, elaboraron el informe que fue presentado posteriormente a la Jucopo sobre lo actuado.