El “austericidio” de la justicia
El “austericidio” de la justicia
Por
Aurelio Contreras Moreno
Si la seguridad pública y la
procuración de justicia en Veracruz están
verdaderamente por los
suelos, el trabajo del Poder Judicial no dista demasiado
en cuanto a sus bajos
estándares, corrupción y distorsión de la labor de
impartición de justicia.
Convertido en un circo de
varias pistas desde que tomó el poder el régimen de la
pretendida “cuarta
transformación”, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Veracruz (TSJEV) es fiel
reflejo del desbarajuste y el desapego hacia la legalidad
que caracteriza a la
neoclase política que, de buenas a primeras, se vio con las
riendas del país y del
estado en las manos y, como ha quedado más que claro en
estos casi tres años, sin
saber qué hacer con las mismas.
El grotesco episodio que dio
por resultado la destitución y posterior inhabilitación
de la magistrada Sofía
Martínez Huerta como presidenta del TSJEV es solo una
de las peripecias absurdas
de quienes tienen, en el papel, la obligación de
defender la ley hasta sus
últimas consecuencias, pero que la quebrantan a la
primera oportunidad si así
conviene a sus aviesos intereses.
El caso de Sofía Martínez
demostró que el Poder Judicial en Veracruz no actúa
con verdadera autonomía.
Pero el reciente lance de su sucesora, Isabel Inés
Romero Cruz, representa un
verdadero atentado contra la ciudadanía veracruzana
y su derecho al acceso a la
justicia.
El pasado 30 de junio, se
publicó en la Gaceta Oficial del Estado un acuerdo por el
cual se ordena el cierre de
29 juzgados en la entidad, entre los que se encuentran
juzgados especializados en
materia familiar y microrregionales, bajo el consabido
pretexto de la “austeridad”
con el que están desbaratando el entramado
institucional del país.
A través de un comunicado,
Isabel Inés Romero Cruz planteó que “lo que se
pretende es lograr ahorros e
implementarlos en las áreas que más se necesiten”, y
que la decisión de suprimir
juzgados “obedece a estudios previos, tanto técnicos
como financieros
desarrollados a la par del proyecto de Reforma Laboral en el
Estado” pues, según esto,
“la tarea a cumplir es brindar una extraordinaria
impartición de justicia, sin
que el costo para el pago de los servicios represente
una carga económica
excesiva”.
Tales criterios de verdadera
pichicatería legaloide no se sostienen. Está más que
probado que la impartición
de justicia, particularmente en Veracruz, es un infierno.
Lenta, corrupta, nada
empática con los justiciables –sobre todo con los de
menores recursos-, puede
llegar a convertirse en un inacabable tormento, entre
otras cosas, por la gran
saturación de trabajo en los juzgados que provoca un
tremendo rezago en el
desahogo de los casos, lo que a su vez lleva a que quienes
buscan justicia terminen
tirando la toalla y abandonando los procesos. Sobran
ejemplos de lo anterior.
Así que en realidad lo que
haría falta son más juzgados para que la justicia pueda
impartirse de manera
expedita, como se supone tendría que ser. Desaparecerlos
en una involución. Pero no
es eso lo más grave.
En un pronunciamiento
emitido el pasado viernes 2 de julio, la Barra Mexicana de
Abogados y su capítulo
Veracruz, que encabeza Lorena Oyola Hernández,
afirmaron que la
desaparición de juzgados “basándose en cuestiones estadísticas
y no de pleno acceso a la
justicia, atenta contra el derecho humano a la justicia”.
Se asevera también que el
cierre de juzgados especializados en materia familiar
en distritos judiciales
donde solo hay un tribunal dedicado a este tema “priva a los
justiciables el acceso a una
justicia de calidad, al alcance de las posibilidades
económicas, sociales y
culturales de las personas”, al tiempo que se expone a las
personas a continuar sus
procesos en “tribunales ordinarios carentes de los
espacios y capacitación del
personal para atender de forma confiable y
satisfactoria” sus
requerimientos.
Asimismo, la Barra Mexicana
de Abogados asegura que con la desaparición de
juzgados microrregionales
“se discrimina a grupos indígenas al privarlos de
centros de impartición de
justicia que se adapten a sus necesidades, soslayando
con esto el deber
constitucional de prestar servicios justos, transparentes,
eficaces, no
discriminatorios y responsables que les garantice el acceso a la
justicia”.
Pero al parecer, la
presidenta del TSJEV no está enterada de la utilidad de estos
juzgados. Incluso, se aventó
la puntada de declarar que los tribunales
microrregiones fueron “un
gasto innecesario” pues “nunca cumplieron con su
meta” de “acercar la
justicia a los lugares más apartados”. Y qué mejor solución
que la de dejar a la deriva,
sin acceso en absoluto a la justicia, a esas regiones
marginadas y lejanas. ¡Unos
genios!
El pronunciamiento de la
Barra Mexicana de Abogados concluye de manera
contundente que “el argumento
de austeridad no puede vulnerar el acceso a la
justicia plena en Veracruz”
ni ir en contra de un derecho contemplado en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la Convención Americana
sobre los Derechos Humanos y
en la propia Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Pero para qué gastar en la
justicia, ¡si se puede gastar en estadios de beisbol!
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Twitter: @yeyocontreras
