El “cártel” de la obra pública en Veracruz
El "cártel" de la obra publica en Veracruz
Por Aurelio Contreras Moreno
Mientras proyecciones como una de la Universidad de
Washington difundida este miércoles prevé un escenario dantesco de muertes por
covid-19 hacia el mes de agosto –más de 50 mil a nivel nacional y cerca de seis
mil en el estado de Veracruz-, la “nueva” clase política que iba a
“transformar” a la nación y a la entidad está en lo suyo: revolcándose en el
fango de la corrupción.
En Veracruz opera una red que ha hecho de la asignación de
la obra pública en el estado una verdadera “mina de oro” para políticos y
neofuncionarios que, como algunos de sus antecesores, se sienten en “la
plenitud del pinche poder”, pues han hecho del mismo un instrumento para
enriquecerse a costa de los recursos de los veracruzanos.
Es concretamente en la Secretaría de Infraestructura y
Obras Públicas (SIOP), que encabeza Elio Hernández Gutiérrez, donde se han
detectado numerosas prácticas que serían constitutivas de daño patrimonial y
peculado en perjuicio del erario, pero en las cuales se encuentran involucradas
varias dependencias y autoridades más.
Quien esto escribe cuenta en su poder con un expediente de
cinco obras con irregularidades que son apenas una pequeña muestra, el hilo de
una madeja en la que políticos y empresas están enredados en una trama que
incluye sobreprecios, “moches”, tráfico de influencias y la simulación de actos
jurídicos para hacer negocios.
La primera obra a mencionar es la construcción de pavimento
hidráulico en vialidad principal entre la carretera Transístmica y el retorno
de la carretera Costera del Golfo, en el municipio de Coatzacoalcos, la cual
fue asignada por la SIOP a una fórmula combinada entre las empresas Loescon
Supervisión y Control Total S.A. de C.V. y Grupo Constructor TCASA S.A. de C.V,
a las que se les pagó un total de 41 millones 423 mil 754.58 pesos incluyendo
el IVA.
Sin embargo, dicha obra le fue otorgada a este consorcio a
pesar de que su propuesta era antecedida por otras 13 más económicas, llegando
a existir una diferencia de hasta 20.9 millones de pesos respecto de la más
barata de las presentadas durante el proceso de licitación pública.
Además, Loescon Supervisión y Control Total y Grupo
Constructor TCASA son empresas con domicilio en Morelos y la Ciudad de México,
respectivamente, que no demostraron experiencia en la ejecución de obra
pública, a diferencia de por lo menos seis compañías establecidas en la misma
ciudad de Coatzacoalcos que participaron en la licitación y que además de tener
experiencia demostrada y contar con el aval de la Cámara Mexicana de la
Industria de la Construcción, tienen su maquinaria ahí mismo. El favoritismo y
la línea para favorecer a las foráneas es claro.
Otra de las obras revisadas es la pavimentación del camino
La Unión-Naranjos de Afuera-Manlio Fabio Altamirano en varias localidades del
municipio de Cazones de Herrera, contratada a EYASA S. de R.L. de C.V. Si bien
su propuesta económica quedó en segundo lugar en la licitación, con una
diferencia de solo 181 mil 289 pesos respecto de la más económica, el truco
consistió en que su presupuesto era exactamente el mismo que el de los precios
base determinados por la SIOP para ese trabajo, por lo que puede presumirse que
recibió esa información previamente para ajustarla a su propia oferta, que fue finalmente
de 37 millones 395 mil 122.42 pesos.
La tercera obra es emblemática por lo que hay implícito. Se
trata del mantenimiento del camino Tamiahua-Naranjos en el norte del estado,
ejecutada por la empresa CHECA S.A. de C.V., cuya propuesta económica quedó en
el décimo lugar, 6.2 millones de pesos más cara que la más viable para un
gobierno que se presume austero.
Lo interesante es que CHECA S.A. de C.V. sería la misma
constructora encargada de un buen número de obras en el municipio de Otatitlán
que han sido inauguradas personalmente por el secretario de Gobierno de
Veracruz, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, y de las cuales no existiría
documentación de soporte en dependencia de gobierno alguno, federal, estatal o
municipal, que avale su ejecución.
Una cuarta obra es el mantenimiento del camino Arroyo de
Liza-E.C. federal 180 (El Trópico) en “localidades varias, municipios varios, estado
de Veracruz de Ignacio de Llave”, que fue asignada a la propuesta que ocupó el
quinto lugar en la licitación y que superó por un millón 305 mil 136.96 pesos a
la más viable. Y además, la contratista ni siquiera fue una empresa, sino una
persona física de nombre Claudia Beatriz Gutiérrez López, que no es ésta la
única licitación de la SIOP en la que ha participado gracias a ser, presuntamente,
recomendada del secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz,
José Luis Lima Franco.
La quinta obra repite el mismo patrón que las demás: la
empresa TAOSA S.A. de C.V. fue la ganadora de la licitación no obstante que su
oferta se ubicó en el sexto lugar, con una diferencia de 798 mil 115 pesos
respecto de la propuesta de menor precio.
Solamente de estas cinco obras, que fueron ejecutadas
durante el ejercicio presupuestal de 2019, se detecta un sobrecosto que
asciende a 29 millones 569 mil 370 pesos, que podrían constituir daño
patrimonial al erario del estado y el delito de peculado, ya que una vez puede
justificarse que se escoja a una empresa con una propuesta más onerosa porque
ofrezca otras ventajas. Pero cuando se trata de una conducta recurrente, sistemática,
la cosa cambia.
Y resulta necesario enfatizar que son solo cinco obras de
un total aproximado de 140 que la SIOP llevó a cabo durante 2019.
¿Cuánto dinero se habrá embolsado en realidad –y seguirá
embolsándose hasta la fecha- el “cártel” de la obra pública en Veracruz?
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
