El circo de la justicia
El circo de la justicia
Por
Aurelio Contreras Moreno
El
lastimero espectáculo que vemos todos los días alrededor de la procuración e
impartición de justicia en México solo nos confirma la debilidad del Estado de
Derecho y el absoluto desprecio por la legalidad que priva en tiempos de la llamada
“cuarta transformación”.
Un
ejemplo de ello es la pantomima legal en la que se ha convertido el caso de
Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Desde el principio, el proceso ha estado plagado de irregularidades,
contubernios y complicidades en un asunto en el que lo que menos importa es la
búsqueda de la justicia, ya que en realidad lo que quieren es sacar raja
política de lo que diga, con pruebas o no, el ex funcionario.
El
mismo hecho de que Lozoya no haya pisado la cárcel en ningún momento desde su
llegada a México –asumiendo que sí se encuentre en el país, pues no hay una
sola imagen suya que lo pruebe-, y que ni siquiera tenga que presentarse a
firmar su libertad bajo caución al reclusorio y se le permita hacerlo por vía
remota, son indicativos del pacto de impunidad que hizo con el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador a cambio de “despepitar” en contra de quien le
digan, aun cuando sus meros dichos no representen en sí una prueba sólida para
emprender acción legal alguna. Y de que varios de los delitos que menciona ya
habrían prescrito.

No
solo eso. El que la misma autoridad, la Fiscalía General de la República, se
dedique a difundir -en voz de su titular Alejandro Gertz Manero- los pormenores
de las declaraciones de Lozoya, con nombres y apellidos, implica una violación
al debido proceso que vulnera la presunción de inocencia y la secrecía de la
investigación judicial. Por menos que eso se cae cualquier caso de raterillos
comunes en un juzgado.
Queda
de manifiesto que el verdadero objetivo no es hacer justicia ni castigar la
corrupción –que sin duda la hubo y a gran escala- del sexenio de Enrique Peña
Nieto, sino utilizar el escándalo mediático para intentar sostener la imagen y
popularidad de un gobierno timorato, incapaz, que ha sido trágicamente rebasado
por la pandemia –prácticamente 54 mil muertos al corte del 11 de agosto por la
noche- y al que lo único que realmente le importa es aferrarse al poder como
sea, para lo cual acude al uso de la propaganda de forma indiscriminada, al grado
de torcer la legalidad.
Y
cuando la cabeza está podrida, lo demás se descompone por añadidura. Desde hace
meses en Veracruz no solo se vive un vacío absoluto en la impartición de
justicia, sino que hemos sido testigos de uno de los episodios más vergonzosos
de la historia del Poder Judicial del estado, vulnerada su autonomía por los
juegos de poder de varios trogloditas de “cuarta” que buscan hacerse de su
control colocando alfiles, cómplices, parientes y golpeadores en los diferentes
órganos del Tribunal Superior de Justicia, prácticamente a punta de
chingadazos.
El
más reciente desliz fue la destitución ilegal de varios magistrados por parte
del Congreso del Estado. A pesar de que aquellos obtuvieron sendos amparos
contra esa decisión arbitraria, los diputados locales desacataron la resolución
de la justicia federal y nombraron sustitutos. Ahora un juez ordenó la
inmediata reinstalación de uno de los afectados –y se espera que en los días
por venir suceda lo mismo con los demás-, la cual debe darse en un plazo máximo
de diez. De lo contrario, un nuevo desacato haría a los legisladores acreedores
a penas de entre tres y nueve años de prisión, su destitución e inhabilitación
para ocupar cargos públicos.
Y en
esas manos está la ley.

Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras