El Compadre de Rocío Nahle
-Con un contrato por 4 mil 968 millones de pesos
-Para acondicionar los terrenos de la refinería de
Dos Bocas
-Entre los casos emblemáticos de corrupción en la
Cuatro T
El Compadre de Rocío Nahle
Por
Miguel Angel Cristiani Gonzalez
En una serie de artículos de
Mexicanos Contra la Corrupción, en el capítulo CASOS EMBLEMÁTICOS Y
PROTAGONISTAS DE LA CORRUPCIÓN 2019-2020, en los primeros dos años de la
administración federal del gobierno de la Cuarta Transformación, se presenta lo
que se titula: “El compadre de Rocío Nahle y Dos Bocas.”
Uno de los temas prioritarios del
presidente Andrés Manuel López Obrador es la construcción de una refinería en
Dos Bocas en el estado de Tabasco, en donde se han invertido miles de millones
de pesos, pero hasta la fecha, la obra no ha podido avanzar más allá de la
colocación de los pilotes, que por las características del terreno, se han
inundado y no han permitido el avance que debieran tener.
En una investigación de Mexicanos
Contra la Corrupción y la Impunidad entre los primeros casos que se analizan está
el de la refinería de Dos Bocas, a cargo de la zacatecana secretaria de
Energía, Norma Rocío Nahle.
A través de una invitación
restringida, Grupo Huerta Madre, una empresa de Arturo Quintanilla Hayek
—compadre reconocido de Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía—
consiguió un contrato por 4,968 millones de pesos, para acondicionar los
terrenos de la refinería de Dos Bocas (“Da súper negocio…”, 2020). Nahle negó
la información difundida por diversos medios en mayo de 2020 y señaló que se
trataba de mentiras y calumnias. Sin embargo, el contrato disponible
públicamente mostraba la adjudicación al consorcio conformado por Van Oord de
México y Grupo Huerta Madre.
La normatividad bajo la cual Pemex
realiza sus contrataciones se conoce como Disposiciones Generales de
Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas. En este marco
normativo se estipula que los concursos abiertos deberían ser la vía general de
contratación; sin embargo, sólo uno de cada tres contratos es asignado bajo este
mecanismo, como lo demostró una investigación de MCCI (“Riesgos de
corrupción…”, 2020).
Una excepción para realizar
adjudicaciones directas o invitaciones restringidas corresponde a la urgencia
de la adquisición o al alto grado de especialización y experiencia que se
necesita para realizar la tarea. Sin embargo, Grupo Huerta Madre se había
creado una semana antes de participar en el proceso de contratación y la
experiencia previa del empresario Quintanilla Hayek era en bienes raíces,
construcción y comercialización de herramientas. Esta compañía tampoco figuraba
previamente como proveedora de Pemex o la Secretaría de Energía.
Diversas denuncias se presentaron
ante la Secretaría de la Función Pública por las presuntas irregularidades del
contrato entre Pemex y Grupo Huerta Madre, acusando que fue asignado gracias a
amiguismos y compadrazgo (“El PAN denuncia…”, 2020). Incluso el Consorcio
Boskalis, otra de las empresas que acudió a la invitación restringida, impugnó
la entrega del contrato a la empresa de Quintanilla Hayek argumentando que
carecía de capacidad para realizar los trabajos operativos necesarios, por lo
que no cumplía con la idoneidad requerida.
La asignación de este contrato podría
violar el artículo 41 de la Ley de Obras Públicas, que exige imparcialidad,
idoneidad y honradez en las contrataciones públicas. Se desconoce el avance de
la denuncia interpuesta ante la SFP, pero aún no existe ningún tipo de sanción
y el contrato continúa vigente.
En la presentación del trabajo de
investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad se explica En la
primera sección se seleccionaron 9 casos y 8 personajes que reflejan las formas
de corrupción más comunes de la actual administración: nepotismo, falta de
transparencia, abuso de poder, desvío de recursos, conflicto de interés,
contrataciones públicas opacas y contratación de empresas fantasma. Aunque no
es un recuento exhaustivo de todos los escándalos de corrupción que han surgido
en los últimos dos años, si es una lista de los más relevantes y representativos.
La importancia de este recuento recae en dos aspectos:
• La
posibilidad de comparación con los escándalos del sexenio anterior para
analizar si la corrupción sigue presentándose con los mismos mecanismos y/o
nuevos esquemas
• Para
evaluar qué tan efectivas han sido las acciones anticorrupción del gobierno
para combatir estos fenómenos.
Los resultados de la visión de este
gobierno son palpables. Aun cuando el discurso presidencial repite que la
corrupción ha sido desterrada, la realidad muestra una cara diferente.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI, la tasa de prevalencia de
actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por los
mexicanos pasó de 25,5441 por cada 100 mil habitantes en 2017 a 30,456 en 2019,
un incremento de 19.2%. La impunidad también continúa como un problema
lacerante para la sociedad, pues la Encuesta Nacional de Victimización y
Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de 2020 identificó que la cifra
negra de delitos sigue siendo alarmante: 92.4% de los delitos cometidos no
fueron denunciados o no se investigaron por la autoridad. Y entre los delitos
que sí se denunciaron, en 44.5% de los casos no pasó absolutamente nada.
