El dedo en la llaga de la corrupción en el Poder Judicial
Rúbrica
El dedo en la llaga de la corrupción en el Poder Judicial
Por
Aurelio Contreras Moreno
Les sigue lloviendo sobre mojado en el
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJEV), donde a más de
uno se le debe haber atragantado el desayuno luego de las declaraciones del
presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes durante su conferencia
mañanera.
Cuestionado por una reportera sobre el
desfalco y la quiebra técnica del TSJEV, que lo llevó a decretar la
desaparición de juzgados y a prácticamente imponer una reducción salarial y de
prestaciones entre los magistrados y el personal de confianza, López Obrador
fue tajante en su respuesta: “hay que fincar las responsabilidades de quién
dejó sin presupuesto al Poder Judicial en Veracruz”.
No habría que darle muchas vueltas al asunto.
La responsabilidad directa de lo sucedido durante 2021 es de la actual
presidenta del TSJEV, Isabel Romero Cruz, al estar al frente de ese organismo.
Pero también y muy especialmente de la directora general de Administración del
Consejo de la Judicatura, Joana Marlén Bautista Flores, el verdadero “poder
tras el trono” en el Poder Judicial estatal.
Antes de ocupar ese cargo -al que llegó
todavía durante la corta y malograda gestión de Sofía Martínez Huerta y desde
donde maneja las finanzas de todo el Poder Judicial-, Bautista Flores se
desempeñaba como secretaria particular del subsecretario de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Eleazar Guerrero Pérez,
primo hermano del gobernador Cuitláhuac García Jiménez. Así que representa los
intereses de ese grupo, que ha convertido al TSJEV en un espantajo que abdicó
de su autonomía constitucional para postrarse a las órdenes y servir sin
disimulo a los intereses del Ejecutivo estatal.
Y vaya que se han servido. En su
justificación para la desaparición de 29 juzgados -entre los que se encuentran los
especializados en materia familiar y microrregionales- por el “déficit” de 500
millones de pesos que arrastra el TSJEV, Isabel Inés Romero Cruz argumentó que
el dinero se destinaría para la creación de juzgados laborales.
Sin embargo, en el presupuesto aprobado para
el ejercicio fiscal 2021 por el pleno del Consejo de la Judicatura el 6 de
octubre del año pasado, consta que se previeron recursos para el Tribunal
Superior de Justicia del Estado por 22 millones de pesos correspondientes al
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito
Federal (FASP), mientras que otros 120 millones de pesos fueron dispuestos para
la construcción de los 16 juzgados laborales, cuya fuente de financiamiento son
también recursos federales. Ello consta en el acta aprobada por el Consejo de
la Judicatura, de la cual quien esto escribe cuenta con una copia.
Específicamente ese recurso ya se encontraba
presupuestado por la Federación.
¿Acaso la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público dejó de ministrar los recursos aprobados por el Congreso? O bien,
quizás la pregunta adecuada sea ¿a dónde fue a parar ese dinero, en pleno año
electoral, que se les acabó a la mitad del ejercicio fiscal, lo cual tendría
que generar responsabilidades penales cuando se fiscalice, pues evidentemente
constituye daño patrimonial?
Y eso es apenas una “probadita” del rosario
de irregularidades y manejos turbios e ilegales que envuelven al Poder Judicial
del Estado donde, como ya se ha analizado en la Rúbrica, las Ciudades
Judiciales juegan un rol determinante en un desfalco monumental en el que están
implicadas las anteriores administraciones del Ejecutivo, el Legislativo y el
Judicial estatales, así como empresarios de la élite veracruzana y hasta importantes
consorcios aduaneros, que se “fueron al agua” con las obras que les entregaron
a través de la figura de las Asociaciones Público Privadas (APP).
Por supuesto que quienes están hoy al frente
de los tres poderes en el estado no se salvan de la “quema”, pues como lo
denunció en su momento la defenestrada Sofía Martínez, desde el Ejecutivo
decidieron no tocarle un “pelo” a esos contratos, y como ella se negó a avalar
el “cochinero”, entre el Legislativo y el Judicial maquinaron su destitución.
El asunto ya creció y llegó al presidente de
la República, que al menos discursivamente les puso el dedo en la llaga de la
corrupción. Y de la cual todavía va a salir mucha pus.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
