EL FRACASO DE LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
EL FRACASO DE LA MILITARIZACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Rúbrica
Por
Aurelio Contreras Moreno
La militarización del país será uno de los
peores legados que deje el régimen de la pretendida “cuarta transformación”.
Y es que independientemente de quién gobierne a
partir de 2024, revertir el proceso de empoderamiento de las fuerzas armadas en
todos los campos de la vida pública del país será imposible, por lo menos en el
mediano plazo.
La presidencia de Andrés Manuel López Obrador
le entregó el país a los militares, que hoy hacen tremendos negocios
construyendo y operado obras multimillonarias como el aeropuerto “Felipe
Ángeles”, un monstruoso “elefante blanco” oda a la necedad y al capricho, al
que quieren hacer funcionar a punta de “decretazos” y de presiones a las
aerolíneas.
Los militares también participan en la
construcción de la refinería de Dos Bocas y en el ecocida Tren Maya, mientras
administran y controlan las aduanas y los puertos del país. Todo eso les ha
entregado el presidente con tal de tener contentas a las fuerzas castrenses e
intentar “garantizar” su “lealtad” de la única manera que la “4t” sabe hacer
política y gobierno: a billetazos.
La seguridad pública también está en sus manos,
a pesar de que fue una promesa de campaña y una bandera de la izquierda
supuestamente democrática regresar a los militares a sus cuarteles, luego de
doce años de una estrategia fallida iniciada en el sexenio de Felipe Calderón y
continuada en el de Enrique Peña Nieto. Nadie se habría podido imaginar que con
López Obrador ésta se exacerbaría a niveles de república bananera y que
provocaría el baño de sangre más grande de la historia del país.
La “solución” propuesta por el régimen para
atender el fenómeno de la inseguridad fue la creación de una Guardia Nacional con
coordinación castrense, pero que se prometió sería un cuerpo predominantemente
civil. A día de hoy, esas promesas son letra muerta y los elementos no militares
prácticamente han desaparecido de esa corporación.
Como resulta lógico, a iguales acciones,
iguales y hasta peores resultados. Durante lo que va del sexenio de Andrés
Manuel López Obrador se habían cometido 119 mil 132 homicidios dolosos al corte
del 1 de mayo, superando por mucho todos los de la “guerra de Calderón” y los
de la indolencia de Peña Nieto.
De esos casi 120 mil homicidios, nueve mil 500
se perpetraron entre enero y abril de 2022, siendo hasta ahora el festivo 1 de
mayo el día más violento en lo que va del año, con 112 asesinatos.
¿Cuál ha sido el beneficio entonces de la
Guardia Nacional y de sostener la estrategia de militarización de la seguridad
pública? Si nos atenemos a los números, absolutamente ninguno. Para más, este
cuerpo ha servido para atender intereses geopolíticos desastrosos, como la
contención por medio de la fuerza de la migración centroamericana ante las
amenazas del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reventar
la economía mexicana imponiendo aranceles a las exportaciones si el gobierno de
López Obrador no detenía a los “hermanos migrantes”, episodio que fue
recientemente evocado por aquél, con una frase humillante –“nunca vi a nadie
doblarse así”- que vergonzosamente no mereció una respuesta contundente de las
autoridades mexicanas.
Los defensores a ultranza y los facilitadores
del régimen lopezobradorista justifican la militarización que antes condenaron
aduciendo que como este gobierno si es “justo”, “popular” y de “mayorías”, no
hay problema con que las Fuerzas Armadas se apropien de las tareas que les
corresponderían a los civiles, porque ellos “nunca” les ordenarían atacar al
pueblo, como “pasaba antes”.
Pero resulta que no hace falta dar la orden.
Los militares están entrenados para responder con fuerza letal a cualquier
signo que consideren de amenaza, lo que provoca que al realizar tareas de
seguridad agredan a civiles, que terminan reducidos a “daños colaterales”.
Fue exactamente eso lo que pasó este fin de
semana en Irapuato, cuando en un momento de “incertidumbre” un elemento de la
Guardia Nacional abrió fuego contra un vehículo que transportaba a estudiantes
de la Universidad de Guanajuato, asesinando a uno e hiriendo gravemente a otra.
Las condenas contra estos hechos han sido
unánimes. Las universidades del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), por ejemplo,
condenaron el uso desproporcionado de la fuerza y manifestaron su desaprobación por la militarización de
la seguridad pública que, “como hemos manifestado en repetidas ocasiones,
agrava las violaciones a derechos humanos”.
Todavía peor, la
Universidad de Guanajuato denunció que el presunto homicida fue puesto en
libertad al imputársele el delito de tentativa de homicidio, aunque las
autoridades afirman que en realidad se trató de otro guardia nacional que
también disparó, pero no hirió a nadie. Un juego de confusiones que más
pareciera querer procurar impunidad para el o los agresores.
Hace muy poco,
el Comité
contra las Desapariciones Forzadas de la ONU publicó un informe sobre
México, en el que entre otras cosas señaló que “la permanente participación de
la fuerza armada establecida en la reforma constitucional del 11 de mayo de
2021, a pesar de presentarse como ‘extraordinaria, regulada, fiscalizada,
subordinada y complementaria’, permite poner en duda su conformidad con los estándares
constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos y seguridad
ciudadana”, reporte que solo recibió las consabidas descalificaciones de un
presidente ciego y sordo ante cualquier hecho y dicho que contravenga su
limitada concepción de la realidad del país.
El fracaso de la militarización de la seguridad
pública es trágicamente evidente. Y también el lopezobradorismo lo cargará
sobre los hombros.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras