¡El Gobernador de Veracruz se fue a vivir a Yucatán!

Héctor Yunes Landa

Cuando el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares asegura que se siguen reduciendo los índices de violencia e inseguridad en el estado no hay más opción que imaginar que se trata de un engaño premeditado o de plano, hace tiempo que se fue a vivir a Yucatán, donde efectivamente, la incidencia delictiva es la menor del país gracias al gobierno del priista Rolando Zapata.

La violencia que hoy vive Veracruz, la peor de los últimos 20 años, nos ha dejado una sociedad fragmentada y temerosa. El Gobernador se muestra indolente e inexperto no sólo para prevenir que los hechos delictivos que la provocan, sino que adolece una absoluta incapacidad en investigar los delitos cometidos, castigar a los responsables y reparar el daño a las víctimas.

El asunto es grave. Durante su campaña a Gobernador, el panista Yunes Linares aseguró ser un experto en seguridad y se comprometió que en los primeros seis meses de su gobierno resolvería el problema de la inseguridad. Dos años más tarde, también en la campaña electoral, el candidato a Gobernador de su mismo partido expresó que “sólo un ingenuo podría creer que en seis meses alguien resolvería este problema”. Es de significarse que el candidato era… su propio hijo!!

La realidad muestra que Miguel Ángel Yunes Linares miente deliberadamente o, peor aún, que de tanto mentir ya este creyendo sus propias mentiras. Por ejemplo, según el Reporte Nacional del gobierno federal, en Veracruz no hay registros de desaparecidos en los dos últimos años. La omisión muestra un interés deliberado del Gobernador por ocultar el principal problema de seguridad pública.

Por todo esto, el reciente hallazgo de los restos de decenas de personas en 32 fosas clandestinas en la zona centro del estado ha generado más dudas que certezas; el gobierno ha inhibido la participación de los colectivos de búsqueda de personas desparecidas y no ha brindado la atención necesaria a los familiares de las víctimas. Por el contrario, su fotógrafo personal -a quien habilitó como Fiscal General de su gobierno-, ha enfrentado y maltratado a los colectivos que buscan a sus padres, hijos, esposos o hermanos desaparecidos.

Al igual que en el resto de los asuntos públicos del estado, la primera respuesta del gobierno estatal es acusar que se trata de personas que pudieran haber sido asesinadas antes de que él llegara a palacio de gobierno, intentando evadir la responsabilidad de la violencia actual y la falta de investigación de tales homicidios. Seguir acusando a la administración anterior de todos los males del estado, es un intento de manipulación que ha dejado de tener efecto en los ciudadanos.

Como parte de su estrategia, para las autoridades del gobierno estatal no se trata más que de números. Números de víctimas y delitos que aumentan o disminuyen de acuerdo a la percepción que el gobernador intenta generar entre los ciudadanos. Hasta la fecha, Yunes Linares no ha tenido la sensibilidad de referirse a las víctimas, ni a sus familias.

Nada ha dicho a las familias de la joven mujer que fue asesinada hace unos días en la avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa, de la pareja que esta semana perdió la vida por un ataque en Coatzacoalcos, del comerciante de pollos en Minatitlán que, la semana que apenas concluye, fue victimado en su propio negocio, o la muerte a balazos de un ganadero en Jesús Carranza y aquélla persona que tras ser perseguida a plena luz del día, finalmente fue asesinada en el municipio de Acultzingo, ambos, también, en esta primera semana de septiembre.

Ellos no sólo perdieron la vida por la espiral de violencia que vive el estado; perdieron al mismo tiempo la identidad –pasaron a ser sólo una estadística más- y el derecho a la justicia. Lo peor, si todavía puede haber algo peor, es que cuando el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se refiere a ellos, lo hace sólo para sembrar la duda de su honorabilidad, sugiriendo o acusando que su deceso pudo haber sido resultado de sus actividades personales, algo de lo que acusó reiteradamente al gobierno de Javier Duarte.

Es esa la razón por la que se ha excluido del discurso oficial lo que verdaderamente está pasando en Veracruz. En el lenguaje miyulesco, los asesinatos de mujeres –la segunda cifra más alta en el país- no son considerados como feminicidios; y los niños que pierden la vida a causa de la violencia tampoco se catalogan como infanticidios; en ambos casos sólo son cifras que engrosan los expedientes que muy pocas veces llegan al juez.

En este gobierno «del cambio» en Veracruz, la pluralidad no se entiende como un ejercicio de civilidad política sino de inseguridad; los miembros de todos los partidos corren el mismo riesgo, pues lo mismo secuestran y matan a priistas que a militantes de MORENA. Basta recordar que a finales de agosto fue asesinada en Agua Dulce la ex candidata del PRI a diputada local; y a principios de este mes, mataron al hijo de la representante de MORENA ante el INE en Coatzacoalcos.

De hecho, durante el pasado proceso electoral se registró el mayor número de agresiones en contra de candidatos de todos los partidos; hubo al menos nueve atentados y otras tantas amenazas que intentaban lo mismo disuadir a quienes aspiraban a ocupar un cargo de elección como intimidar a la población para ejercer su voto. La respuesta de los electores todos la conocemos.

Los veracruzanos estamos ciertos de que hoy estamos peor que nunca. Sucedió lo que creíamos imposible: que algún día tendríamos a un gobernador peor, mucho peor, que Javier Duarte de Ochoa.