El lodazal y los inocultables pactos de impunidad
El lodazal y los inocultables pactos de impunidad
Por Aurelio Contreras
Moreno
En un hecho verdaderamente insospechado, el Departamento de
Justicia de los Estados Unidos presentó una moción para retirar los cargos por
narcotráfico en contra del ex secretario de la Defensa Nacional del sexenio de
Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos, quien fue detenido apenas a
mediados del pasado mes de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles, California
a petición de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Como se expuso en la entrega de la Rúbrica titulada “Crisis
militar” referida a este caso, la aprehensión de Cienfuegos unos pocos días
antes de las elecciones presidenciales en la Unión Americana respondía más a su
agenda política interna que a la exterior, al grado que unos días después de la
detención, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresó públicamente su
molestia por la ausencia de cooperación con el gobierno de México.
Existen razones de peso para esa reacción: la detención causó
un profundo malestar en el Ejército mexicano, que ha sido empoderado por el
gobierno lopezobradorista como ningún otro, ni siquiera el de Felipe Calderón.
Aunque a diferencia de aquél, el actual régimen no lo hace para legitimarse
–pues no lo necesita- sino para sostenerse con el apoyo de las fuerzas armadas.
Una apuesta que no suena para nada democrática sino exactamente lo contrario,
valga decir.
El caso es que desde el momento del arresto, el gobierno
mexicano le ofreció apoyo diplomático al militar para su defensa legal, lo cual
no hay necesidad de señalar que no ocurre cuando cualquier otro mexicano
enfrenta un proceso penal de cualquier tipo en los Estados Unidos. Aquí,
claramente, había un marcado interés del Estado por defender a quien fue
identificado en la acusación en su contra como “El Padrino”.
Sin embargo, el arresto de Cienfuegos sirvió a ambos
gobiernos –el de Donald Trump y el de Andrés Manuel López Obrador- para hacer
propaganda acorde con sus propios fines: el primero, como parte de su (fallida)
campaña electoral; el segundo, para reforzar su retórica de que antes de él en
México nada funcionaba bien y que ahora “sí” se “combatirá” la corrupción.
La derrota de Trump en las elecciones en los Estados Unidos
ha cambiado por completo el escenario. Y aunque el populista norteamericano se
resiste a aceptar el resultado de las urnas –alegando un fraude que ni él se
cree y del cual no existe una sola prueba. ¿Dónde hemos visto eso antes?- lo
más probable es que abandone pronto la Casa Blanca. Y está tomando previsiones
al respecto.
Es imposible establecer lo que verdaderamente hay detrás de
esta decisión del gobierno estadounidense, que todavía debe ser aprobada por la
jueza Carol Amon, quien lleva el caso y podría llegar a negarse a desestimar los
cargos contra Cienfuegos. Pero de lo que no existe duda alguna es que se trata
de una jugada política y no jurídica.
La Fiscalía General de la República, pero sobre todo la
Cancillería que encabeza Marcelo Ebrard negociaron la liberación de Cienfuegos
–preso todavía en una cárcel neoyorquina- sin que hasta ahora se haya hecho
público –y quizás nunca llegue a serlo- lo que se ofreció a cambio al gobierno
estadounidense –que jamás da “paso sin huarache”-, el cual a su vez adujo que
“consideraciones de política exterior importantes y sensibles superan el
interés del gobierno en proseguir con el procesamiento del acusado”.
¿Qué sabe Salvador Cienfuegos que al agonizante gobierno de
Trump no le conviene que diga una vez que entre en funciones la administración
de Joe Biden? Esa podría ser una de las razones para entregar al militar y que
sea “procesado” en México.
Empero, en nuestro país no existe ningún procedimiento
judicial abierto en contra del ex titular de la Sedena. El mismo Ebrard así lo
confirmó: “¿su estatus? Un ciudadano mexicano. No tiene cargos”.
Si se confirma la liberación y el general retorna a México,
ya sabemos lo que sucederá. Y más de un personero lopezobradorista habrá de
tragarse –como es habitual- todo lo que despotricó en su momento contra el militar
en retiro. Aunque vale la pena puntualizar que éste no saldrá libre por haber
demostrado su inocencia, sino por un arreglo político públicamente admitido por
sus acusadores.
Y sigue quedando en el aire ese elemento central que
permite la operación de los grupos del crimen organizado no solamente en
México, sino también en Estados Unidos, donde está el verdadero negocio del
tráfico de drogas y nunca se ha sabido de la captura de algún gran capo
estadounidense: la colusión gubernamental a través de las fuerzas de seguridad
y sus cada vez menos ocultos pactos de impunidad. Para más detalles históricos
al respecto, échele un ojo a la serie documental sobre el caso Camarena “The
last narc”.
El lodazal embarra muy alto. Y ésta no parece ser la excepción.
