El más militarista de los presidentes
El más militarista de los presidentes
Entre los anuncios,
advertencias y dislates en los que se movió la gira del presidente Andrés
Manuel López Obrador este fin de semana por el estado de Veracruz, destaca lo
que tiene que ver con el reforzamiento de la Guardia Nacional.
Durante la
inauguración de un cuartel en Xalapa, López Obrador anunció que su gobierno
destinará 50
mil millones de pesos adicionales para la Guardia Nacional, al tiempo que
refrendó su apoyo al uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad
pública. Completamente en sentido contrario de lo que durante años defendió.
Incluso, subrayó la adscripción militar de
ese cuerpo de seguridad -que cuando fue creado, el gobierno juraba que sería
una corporación civil- al anunciar una nueva reforma constitucional para que
dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Que esta institución se
mantenga con apego a principios e ideales, que sea incorruptible y que se pueda
proyectar a través de los años, convirtiéndola en una rama de la Secretaría de
la Defensa. Así se hace en otros países, la Guardia Civil pertenece a los ministerios
de Defensa. Ése es el modelo que vamos a llevar a cabo, desde luego a partir de
una iniciativa que voy a enviar al Congreso”, puntualizó López Obrador.
Para el Andrés Manuel de
2021, “era un absurdo” que antes no se pudiesen usar las Fuerzas Armadas en
tareas de seguridad e, instalado
en su propia realidad, aseguró que gracias a la militarizada Guardia Nacional lograron “detener” los homicidios, así como “disminuir”
el secuestro y otros delitos.
Sin embargo, hay otros datos
–para hablar en sus mismos términos- que no cuadran con esos dichos, pues la
Guardia Nacional ha sido ocupada preponderantemente para actividades que
difícilmente incidirían en las estadísticas sobre delitos del fuero común, pero
que sí impactan en otras áreas, como los derechos humanos.
De acuerdo con un estudio
realizado por el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)
sobre la Guardia Nacional en el estado –publicado en el mes de mayo pasado-,
hacia octubre de 2020 Veracruz ocupaba el cuarto lugar nacional en cuanto a
presencia de elementos de la Guardia Nacional en su territorio con cuatro mil
198, detrás del Estado de México, Michoacán y Oaxaca.
El mismo estudio refleja que
desde el primer despliegue de la Guardia Nacional en Veracruz, en abril de
2019, la incidencia delictiva apenas si se modificó, pues ese año los delitos
bajaron de cuatro mil 643 a cuatro mil 107. Pero en 2020 volvieron a aumentar un
18.6 por ciento hacia el mes de junio.
El estudio refiere que las
“acciones más relevantes que se han registrado de la coordinación entre la
Guardia Nacional y las autoridades estatales de Veracruz están vinculadas a
operativos para contener el tránsito y tráfico de migrantes; otras se
relacionan con labores de seguridad pública contra secuestro y robo en casa
habitación”.
Incluso, citan las notas
periodísticas que mencionan a la Guardia Nacional inmovilizando gasolineras que
vendían litros incompletos o su participación en operativos “para evitar
aglomeraciones que faciliten la propagación del covid-19”.
Pero sin duda, la “labor” en
la que la Guardia Nacional ha tenido mayor protagonismo ha sido la contención
de los flujos migratorios. Casede señala que entre 2019 y 2020, en Veracruz
llevaron a cabo mil 479 detenciones –que eufemísticamente también llaman “rescates”-
de migrantes.
Para desempeñar esas tareas
es que el gobierno quiere, además de los cinco cuarteles de
la Guardia Nacional que ya existen en Córdoba, Cosamaloapan, Tuxpan, Las
Choapas y ahora en Xalapa, construir otros seis en Papantla, Huatusco, Omealca,
Sayula de Alemán, Pánuco y Coatepec.
Según el más militarista de
los presidentes desde Gustavo Díaz Ordaz, la intención es “que no vuelva a
suceder lo que aconteció con la Policía Federal, que primero estaba constituida
en una Secretaría y luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se
echó a perder por completo de corrupción, se pudrió”.
¿Y los militares no han sido
corrompidos? Baste ver cómo se apoderaron del país los cárteles del
narcotráfico, con su ayuda.
El show debe continuar
Sin muchas vueltas, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo,
tuvo que admitir públicamente lo que es evidente para cualquier estudiante
de primer semestre de derecho: que la mayoría de los delitos por los que podría
enjuiciarse a los ex presidentes de México ya prescribieron. Lo que significa
que no se pueden emprender acciones legales en su contra.
Pero la “4t” y sus corifeos siguen haciendo
“show”… y el ridículo con la “consulta”.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
