EL POSIBLE PROBLEMA «UBER»
EL POSIBLE PROBLEMA "UBER"
En la recta final de enero abordamos el problema de
transporte público (Uber y similares servicios en plataformas) que se viene
presentando en Estados de la República, y que incluso ha ocasionado
alteraciones diversas y cercanos a la inseguridad pública.
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece con claridad que las personas podemos desplazarnos
libremente por todo el territorio nacional sin necesidad de contar con
pasaporte o algún otro permiso parecido.
Además, la Declaración Universal de Derechos Humanos
reconoce el derecho a la libre circulación al proclamar que
“toda persona tiene el derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado” y que también “toda persona
tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio”.
Por si fuera poco o no bastara, nuestra Carta Magna consagra
la libertad de pensamiento, expresión y tránsito -entre otras- como derechos
elementales de la persona.
La posición del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ante el
reporte de sus colaboradores, así entiendo, detectaron la operación de
UBER (aplicación que se descarga en casi cualquier teléfono) y esquema
donde un «Socio Conductor”, que se encuentre cerca de quien lo contacta,
acepta una solicitud de viaje o traslado, y lo lleva a donde quiera ir, de
aparente forma fácil, cómoda y segura – así se anuncian – y de no ser regulado
por la ley se convierte en acto indebido, una posible competencia desleal
frente al transporte público normado y en regla de acuerdo a las instancias que
emanan del sector gobierno en Veracruz.
Muy afortunadamente aquí no se han desatado manifestaciones
e incluso ataques en contra de operadores y usuarios de UBER como hemos visto
en información que circula de sitios como en Cancún, Quintana Roo.
Debe saberse que los llamados taxistas en todas sus
modalidades, tienen una regulación del Transporte Público y Tránsito – al menos
entre la SSP y SEGOB – que se norma desde el H. Congreso del Estado y Poder
Ejecutivo de Veracruz, que ayuda a evitar que se cruce la frontera entre el
transporte público y privado, y que lleve a beneficiar a la comunidad usuaria
para de ese modo mantener el orden social, sin que se deje de ofertar y prestar
el servicio por las organizaciones reconocidas.
Es importante destacar que no debe exagerarse en el posible
conflicto entre taxistas y conductores de Uber y que vaya a resultar una
propaganda que inhiba a visitantes, turistas y usuarios o peor aún, que alcance
niveles como ha sucedido en Cancún que llevó a la alerta de los Estados Unidos
a sus ciudadanos sobre los riesgos que les representa usar transportes de
aplicación en esta zona turística de nuestro País, dado que puede confundir y
alejar usuarios.
No estaría de más que las autoridades responsables junto con
el Congreso Local, exploren atender a tiempo lo que podría resultar un
conflicto innecesario que, de suceder, iría contra la promoción y captación de
visitantes e ingresos al sector económico en Veracruz y no sólo a la industria
sin chimeneas.
La Ley en materia de tránsito, así como de transporte, la
movilidad urbana, las autoridades estatales, congreso, los sindicatos y sector
privado debemos ir observando con tiempo que es mejor armonizar la convivencia
antes de comenzar a observar problemas como en Benito Juárez «Cancún»
Quintana Roo.
UN CAFÉ CON DOBLE CARGA
En plena recta final del régimen federal y estatal, a poco
más de un año del inicio de nuestras autoridades municipales, y parece que no
se acomodan la fichas en el tablero del orden en materia de seguridad pública
por más que todos los responsables promuevan que se trabaja en abatir y atajar
a la inseguridad para una mejor convivencia. No hay día que no haya malas
noticias en ese sentido, desafortunadamente.
¡ ES CUANTO !
