EN VERACRUZ, MENOS DELITOS Y MÁS JUSTICIA: FGE

·         Inició el periodo de comparecencias de los organismos autónomos ante el Congreso del Estado.

Con la presencia de la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadáns, iniciaron las comparecencias de los organismos públicos del estado ante este Poder Legislativo, correspondientes al ejercicio 2022, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 33 y 67 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 153 de Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo.

En presencia del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, la Fiscal General informó que en Veracruz han disminuido delitos de alto impacto: el homicidio doloso, 40 por ciento; feminicidio, 32 por ciento; secuestro, 88 por ciento y robos, 32 por ciento.

Destacó que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Veracruz ocupa el vigesimoquinto lugar nacional en presuntos delitos por cada 100 mil habitantes, por debajo de la media nacional.

La funcionaria enfatizó el inicio de más de 88 mil carpetas de investigación; la determinación conforme a derecho de más de 54 mil; el incremento de las detenciones en más de 73 por ciento y de las vinculaciones a proceso en más de 150 por ciento, así como la obtención de 478 sentencias, un incremento de casi 200 por ciento, con penas ejemplares en el delito de desaparición, secuestro y feminicidio.

Con el programa Alerta Ámber, continuó la Fiscal, fueron activadas 258 cédulas, con la localización en 233 casos, una efectividad superior a 90 por ciento. A esto agregó 295 nuevas carpetas de investigación por desaparición de personas, la judicialización de 55 carpetas, la obtención de 196 órdenes de aprehensión y siete sentencias condenatorias de hasta 100 años.

Reconoció la colaboración de los colectivos, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Comisión Estatal de Búsqueda, de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas y el apoyo de fuerzas federales y estatales de seguridad en los trabajos de recuperación y exhumación de restos humanos en 60 fosas.

En el combate al delito de secuestro, la titular de la FGE reportó el inicio de 35 carpetas de investigación correspondientes a 91 víctimas directas, la solicitud de 31 órdenes de aprehensión contra 78 personas, la detención de 160 presuntos secuestradores y la desarticulación de 20 bandas que operaban en el estado.

Además, el organismo autónomo logró 55 sentencias condenatorias contra 112 presuntos responsables y la obtención de penas de hasta los 125 años de prisión. Con esto, afirmó la Fiscal, este delito ha disminuido casi 90 por ciento.

En la atención a pueblos y comunidades indígenas, afrodescencientes y derechos humanos, de acuerdo con su titular, en mil 058 visitas, la Fiscalía atendió a más de 36 mil personas y realizó 369 atenciones en los centros penitenciarios del estado. A través de las y los intérpretes-traductores, superó los 50 mil servicios de asistencia y atendió 878 conciliaciones en materia indígena.

Participación de diputadas y diputados

En representación de los grupos legislativos y fuerzas políticas que integran el Congreso local, en la primera ronda, participaron las diputadas y los diputados Rosalinda Galindo Silva (Morena), Verónica Pulido Herrera (PAN), Anilú Ingram Vallines (PRI), José Luis Tehuintle Xocua (PT), Tania María Cruz Mejía (PVEM), Ruth Callejas Roldán (MC) y Juan Enrique Santos Mendoza (FXM), quienes preguntaron por las acciones realizadas ante los actos violentos suscitados en la zona de Las Bajadas en Veracruz puerto, por la atención brindada a familiares de personas desaparecidas, el fortalecimiento de la fiscalía especializada en la materia y la evaluación de control y confianza para ser titular de la FGE.

Además, la aplicación de los recursos asignados en la ampliación presupuestal; medidas para investigar y resolver el delito de feminicidio, medios necesarios para la integración adecuada de las carpetas de investigación en el tema y resultados obtenidos; atención de las declaratorias de Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM); personas vinculadas a proceso por el delito de ultrajes a la autoridad; lugar que ocupa Veracruz de acuerdo con las evaluaciones que realizan organizaciones civiles; número de agentes investigadores en el estado y el plan de incremento para este año.

También sobre servidores públicos detenidos o sancionados por violencia o acoso sexual; atención a zonas indígenas con intérpretes y traductores y fiscalías itinerantes y atención a migrantes; implementación de la solución de conflicto a través del diálogo, como mecanismos alternativos de solución de controversias y los resultados obtenidos y carpetas de investigación abiertas por desaparición forzada y feminicidio en el estado.

Asimismo, por las investigaciones internas abiertas por conductas indebidas de miembros de la FGE en el desempeño de sus funciones; capacitación a las Fiscalía Coordinadora Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños y de Trata de Personas; estrategias para el combate al secuestro y efectividad de las reuniones en la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

En la segunda ronda, las y los legisladores Maribel Ramírez Topete (MC), Ramón Díaz Ávila (PT), Nora Jéssica Lagunes Jáuregui (PAN) y Gonzalo Durán Chincoya (Morena), plantearon a la Fiscal cuestionamientos relacionados con los protocolos interinstitucionales para atender a huérfanos por feminicidio y la necesidad de la creación de un Fiscalía Especializada para atender casos de violencia contra las mujeres y feminicidio.

También preguntaron por las carpetas de investigación abiertas contra exfuncionarios públicos estatales y municipales por actos de corrupción; la propuesta para la creación de la fiscalía especializada en materia en delitos de odio y discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad y/o expresión sexogenérica; acciones contra implicados en la tala inmoderada en el Parque Nacional Pico de Orizaba; estrategias de actuación contra el maltrato animal; los protocolos contra la violencia vicaria y la atención a víctimas pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ+.

Asistieron también secretarios de despacho, representantes de las fuerzas armadas y de órganos autónomos, autoridades federales, estatales y municipales, empresarios, notarios, abogados y representantes de la sociedad civil.