EN VERACRUZ SÍ SE ENCARCELA A LAS MUJERES POR UN ABORTO
Rúbrica
EN VERACRUZ SÍ SE ENCARCELA A LAS MUJERES POR UN ABORTO
Por Aurelio Contreras Moreno
Un ya lejano 25 de enero de 2019,
el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez lanzó lo que parecía entonces un verdadero compromiso para
combatir y atender la violencia contra las mujeres, que en los periodos
gubernamentales anteriores había alcanzado ya niveles intolerables de
virulencia y de simulación oficial en su erradicación.
En ese momento, el programa “Cero Tolerancia a la Violencia contra las Mujeres”,
junto con la “Declaratoria de Programa Emergente por Crisis de Violaciones
Graves de Derechos Humanos en Materia de Desaparición de Personas en
Veracruz” lanzada en los primeros minutos del nuevo sexenio, parecían
representar un viraje total en la política gubernamental estatal en materia de
derechos humanos, así como un compromiso con estos grupos vulnerables.
Dos años y medio después, todo aquello quedó en
el olvido. Los derechos humanos le importan menos que un cacahuate al gobierno
que encabeza formalmente Cuitláhuac García, y particularmente los derechos, la
seguridad y la vida de las mujeres.
La Fiscalía General del Estado es cualquier
cosa, menos una entidad que atienda profesionalmente los casos de violencia
contra las mujeres, que cuando acuden a una instancia ministerial para
denunciar a un abusador/violentador, con lo que se encuentran es con su
criminalización y revictimización en automático por parte de las propias
autoridades, lo que termina llevándolas a abandonar los casos y a que sus
victimarios permanezcan impunes y al acecho. Al cabo que ya saben que no les va
a pasar nada.
Aunado a ello, entre los feminicidios –de los
que ya no se tiene certeza sobre sus cifras reales, pues apenas tomó posesión
como fiscal (espuria) Verónica Hernández Giadáns se modificó el criterio para
contabilizarlos artificialmente a la baja- y la violencia doméstica, que han
aumentado exponencialmente en los últimos tres años, este periodo ha sido
verdaderamente de terror para las mujeres veracruzanas.
Una muestra de cómo se las gasta la Fiscalía es
el caso de una mujer que el pasado 22 de mayo sufrió un aborto espontáneo en un
centro comercial del municipio de Oluta, en el sur de Veracruz, producto de la
violencia física que sufría por parte de su cónyuge, quien dos días antes la
había golpeado ante la decisión de la joven de separarse de él, precisamente
por eso mismo.
La joven de nombre Diana Patricia sufrió un
aborto en el baño de la tienda departamental en la que se encontraba y, en estado
de shock y en medio de una hemorragia, se fue del lugar y abandonó al feto,
producto de un embarazo de aproximadamente seis meses.
Diana Patricia fue localizada y detenida por
las autoridades ministeriales, que la internaron en un penal del municipio de
Acayucan, donde permanecerá por lo menos hasta el mes de diciembre, imputada
por homicidio doloso, ya que la Fiscalía la acusa de haber dado muerte a su
hijo, porque según el organismo lo parió vivo.
Pero fueron más allá. La Fiscalía se encargó de
boletinar esta versión aun cuando la investigación no ha concluido, con lo cual
se violentó el debido proceso y la presunción de inocencia de Diana Patricia,
quien fue exhibida –y tratada- como asesina de su cuarto hijo, cuyo embarazo
–como consta en los testimonios recogidos en Oluta por la periodista Sayda
Chiñas- había sido deseado y del cual llevaba un control médico estricto, pues
era de alto riesgo.
Mientras en otras entidades que se podrían
suponer más tradicionalistas y verdaderamente conservadoras, como Oaxaca e
Hidalgo, se ha ido adelante en la despenalización de la interrupción del
embarazo, en Veracruz no solo se le bloquea desde el régimen de dizque
izquierda, sino que el gobierno persigue a las mujeres que abortan incluso sin
que fuese su deseo o intención. En Veracruz se les encarcela por abortar.
Porque el caso de Diana Patricia no es el
único. De acuerdo con representantes de sociedad civil en el Sistema Estatal
para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
desde 2017 otras diez mujeres han sido encarceladas y procesadas en Veracruz por cargos como homicidio doloso agravado por parentesco: la misma estrategia
legal aplicada en el caso de la joven de Oluta.
Como todos aquellos compromisos iniciales del
gobierno de Cuitláhuac García, el de promover “cero tolerancia a la violencia
contra las mujeres” es letra muerta. Como su credibilidad.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
