ENSAYO DE UN FRAUDE
ENSAYO DE UN FRAUDE
Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Aunque es innegable el fracaso de la consulta
de revocación en cuanto a la meta de hacer legalmente válidos sus resultados –y
a partir de eso justificar quién sabe qué otra cosa-, el ejercicio realizado el
pasado domingo tiene muchos otros alcances que no hay que perder de vista.
El proceso completo en torno de la revocación
de mandato fue en sí mismo un anuncio del tipo de conductas que podemos esperar
del régimen de la autoproclamada “cuarta transformación” no solo para
ejercicios como las consultas populares, sino también y especialmente para las
elecciones constitucionales.
Como no se veía prácticamente desde finales de
los 80 y principios de los 90, en los estertores del régimen de partido
hegemónico del PRI, el proceso de revocación de mandato fue un rosario de
ilegalidades cometidas a plena luz del día por quienes tienen la
responsabilidad de respetar y hacer respetar las leyes en este país: las
propias autoridades.
Desde el mismo presidente Andrés Manuel López
Obrador hasta los gobernadores, los legisladores, los presidentes municipales y
todos los funcionarios de rango alto y medio de administraciones de Morena y
aliados, se dedicaron a violar la Constitución y todas las leyes y reglamentos
habidos y por haber en materia electoral, de rendición de cuentas y de
responsabilidades de los servidores públicos.
Literalmente valiéndoles un carajo todo, desviaron
recursos públicos de diferentes formas para promover un ejercicio que desde el
principio fue inútil por la manera en la que se gestó. Tapizaron con propaganda
el país usando organismos fachada –en Veracruz, uno de nombre “Unidos Todos”,
que dirige el subsecretario de Finanzas Eleazar Guerrero, quien además es primo
del gobernador-; coaccionaron a los transportistas para que también llenaran de
propaganda las unidades concesionadas; obligaron a los empleados
gubernamentales a promover la consulta en sus redes personales, a conseguir
bardas para pintar leyendas en favor del presidente, a acudir a eventos masivos
en los que se quebrantó sin pena el orden legal y a votar sí o sí el domingo
pasado.
Y por supuesto, usaron vehículos y recursos
públicos para hacer proselitismo político partidista y para un acarreo
realmente monstruoso, y ni así les alcanzó para siquiera acercarse al
porcentaje mínimo para que la farsa tuviera efectos legales.
Todo lo anterior está perfectamente documentado
porque ni siquiera les preocupó en lo más mínimo cuidar las formas, como sí
hacían sus “abuelos” priistas. La arrogancia de la impunidad fue tan alta, que
se pasearon en plazas públicas, promovieron acciones de gobierno e hicieron
campaña abierta y cínicamente en plena veda, a sabiendas de las prohibiciones
constitucionales vigentes, que ignoraron con un descaro que hasta miedo da.
Y lo da porque lo que hicieron –con un costo de
más de mil 500 millones de pesos en su organización legal, más otra millonada
casi imposible de cuantificar en su promoción ilegal- es un adelanto de lo que
estarán dispuestos a cometer con tal de mantener el poder en 2024. No tuvieron
recato alguno para pasar por encima de la ley de una manera en la que solo lo
hacen los gobiernos autocráticos y, resulta apropiado señalarlo, las
dictaduras.
Fue el ensayo de un gigantesco fraude que no
tendrán empacho en ejecutar si esta vez no hay ninguna consecuencia a todas las
ilegalidades. El aviso ahí quedó.
El
“graduado”
Quien se graduó con honores como delincuente
electoral fue el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, quien
entregó las cuentas que le pidieron a costa de las peores prácticas, solo
superado por los rufianes profesionales de Tabasco, Chiapas y Campeche.
Su “tío Fide” también debe estar orgulloso de
él.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras