Entre la ley de Herodes y el pulgar de Nerón
Entre la ley de Herodes y el pulgar de Nerón
Por Aurelio Contreras Moreno
“Todos creemos en el
país, lo que no se sabe es si a esta altura el país cree en nosotros”
Quino/Mafalda
En uno de sus arranques autoritarios más radicales y
peligrosos, el presidente Andrés Manuel López Obrador amenazó explícitamente
con pasarse la división de poderes y las garantías individuales de todos los
mexicanos por salva sea la parte.
Este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación discutirá el proyecto del ministro Luis María Aguilar que declara
inconstitucional la solicitud enviada por el titular del Ejecutivo federal para
someter a consulta pública si se lleva a juicio a los anteriores presidentes de
México aún vivos, a excepción del nonagenario Luis Echeverría Álvarez.
En el contenido del proyecto de resolutivo del ministro
Aguilar se expone lo que resulta de absoluta obviedad para cualquier estudiante
de la licenciatura en Derecho: que no se puede someter a una consulta popular
la decisión sobre la aplicación de las leyes.
“La materia que se solicita consultar, de acuerdo a su
diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos de
las mexicanas y mexicanos y una afectación a las garantías para su protección,
al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo
participativo, desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, puntualiza una
parte del proyecto.
Agrega que “la consulta popular puede vulnerar la
presunción de inocencia de las personas a quienes se someterá al escrutinio
público, lo cual es inconstitucional por atentar contra el derecho al debido
proceso penal, pero también puede tener un efecto negativo en los derechos de
las posibles víctimas, ofendidas y en la sociedad en general”.
Y
sentencia: “la consulta popular no puede someter a la voluntad popular
decisiones que en cualquier sentido impliquen una restricción de los derechos
humanos ni de sus garantías de protección, lo que en el caso se advierte por
las múltiples violaciones constitucionales que aun en forma individual son
suficientes para sostener la inconstitucionalidad del objeto de la consulta
popular pretendida”.
Para
decirlo coloquial y concretamente, la ley no se puede aplicar al contentillo de
una masa que, en un momento dado, podría incluso decidir no proceder en contra
de alguien que fuese culpable de un delito incluso existiendo pruebas de ello;
y de igual manera, podría condenar a cualquiera sin necesidad de presentar
evidencia alguna de lo que se le impute, solo porque la persona –la que sea- le
resultase antipática o porque esa masa hubiese sido manipulada para adherirse a
esa decisión que alguien más ya había tomado.
Desde
que se dio a conocer la semana pasada el sentido del proyecto del togado, el
aparato propagandístico del régimen –que al parecer es lo único que realmente
funciona en el gobierno de la autoproclamada “cuarta transformación, aunque
para mal- se lanzó en contra de Luis María Aguilar para buscar desacreditarlo
personal y políticamente, y con el objetivo de ejercer presión sobre los demás
ministros que deberán votar el resolutivo este jueves.
Pero es tan obvia la decisión que debe tomar la Corte,
que López Obrador incrementó la presión con un amago que en realidad representa
una abierta amenaza al orden legal-constitucional del país: “de inmediato
estaría enviando una iniciativa de reforma del (artículo) 35 (de la
Constitución) para que no se cancele esa posibilidad (de la consulta popular)”.
Sabedor de que no cuenta con elementos legales que le permitan
realmente enjuiciar por la vía penal a los ex mandatarios que lo antecedieron
(salvo a Enrique Peña Nieto, pues podría haber varios delitos imputables a su
persona que no hayan prescrito todavía y para lo cual no hace falta preguntarle
nada a nadie), López Obrador estira la cuerda para mantener artificialmente el
tema en el centro de la agenda de la opinión pública, continuar manipulando a
su masa de seguidores con su engañosa propaganda “justiciera” y lo que resulta más
grave: doblegar al Poder Judicial.
Falta muy poco para que López Obrador comience a arrancar
hojas de la Carta Magna como en la escena de una cinta filmada hace unos años –por
cierto, con recursos del Instituto Mexicano de Cinematografía, al que ahora
mismo se pretende vaciar de financiamiento- y protagonizada por uno de sus hoy más
rabiosos propagandistas, en la cual se retrata esa propensión de los autócratas
a hacer lo que les da la gana porque –como a los pendejos- el poder los vuelve
locos.
“La ley soy yo”, nos dice el presidente desde su
“coliseo” mental, donde la suerte del país se debate entre la ley de Herodes y
el pulgar de Nerón.
