Es posible eliminar la Violencia y desigualdad
. La óptica de los derechos humanos y la igualdad de género
Dra. María Eugenia Espinosa Mora
Catedrática de la UNAM e INACIPE. Socióloga,
Maestra en Derechos Humanos y Sistema Penitenciarios,
y Doctora en Política Criminal.
Utilizar la perspectiva de igualdad de género y Derechos Humanos como marco referencial, hace posible localizar situaciones de desigualdad, inequidad e injusticia social. Fenómenos que obstaculizan la eliminación de comportamientos violentos y prácticas discriminatorias que vulneran derechos humanos en el acceso a la justicia.
Visibilizar la desigualdad a través del análisis sobre políticas públicas de equidad, no discriminación y prevención de la violencia.
Brinda una óptica capaz de motivar en las instancias de administración y procuración de justicia la observancia de una cultura de legalidad y respeto a la dignidad de todo ser humano y desde esa perspectiva coadyuvar en la modificación de este tipo de conductas.
Esta perspectiva es una visión integral con enfoque de transversalidad para analizar la complejidad de la vida en diferentes ámbitos como son el de género, clase, edad, origen étnico, situación jurídica y condición social.
A su vez, el enfoque de derechos humanos ha propiciado el desarrollo integral de las personas; establece límites tanto al Estado como a la ciudadanía para que no afecten la vida, libertad, seguridad y dignidad de ninguna persona; delimita su esfera de autonomía dentro de la cual puedan actuar libremente, estar protegidas contra los abusos de autoridades, servidores públicos y particulares; y todas las formas de violencia en la sociedad.
En las prácticas de investigación ministerial y judicial subsisten aspectos que discriminan y tienen un efecto que vulnera a las mujeres doblemente, que las hace no sólo víctimas del delito sino víctimas del propio sistema de justicia penal.
Es necesario revisar los procedimientos, normas y prácticas legales vigentes en materia penal, a fin de determinar si tienen un efecto negativo en las mujeres, las y los niños y adolescentes víctimas de delitos en conflicto con la ley penal. Con la finalidad de diseñar estrategias y medidas prácticas para la eliminación de la violencia que se comete en su contra y promover la igualdad en el sistema de justicia penal.
El desconocimiento de los derechos humanos, de la normatividad nacional e internacional, la falta de mecanismos jurídicos para la atención, sanción y eliminación de la violencia, han provocado desconfianza y deterioro en la credibilidad de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
Ante este panorama, la difusión de una cultura de derechos humanos, así como del enfoque de igualdad de género en todas aquellas instancias encargadas de la promoción, protección y defensa de los derechos de las mujeres. El acceso a la justicia, contribuirá a la eliminación de situaciones de injusticia y desigualdad, permitirá el diseño de medidas de protección y debida diligencia para las víctimas de violencia en México, así como diseñar políticas para la prevención y protección de la seguridad en el ámbito público y privado.
La actuación del sistema de justicia penal tendrá que partir de: (1) La prevención de la violencia de género, a partir de dar una protección judicial efectiva. (2) Desarrollo de programas de capacitación en materia de igualdad a operadores jurídicos, para hacer cumplir correctamente las diligencias cuando desarrollen prácticas de investigación ministerial. (3) Y en el ámbito judicial, las resoluciones tomen en cuenta jurisprudencia emitida a partir de una perspectiva de género. Todo ello, resultará útil en la eliminación de la violencia contra mujeres y hombres en México.
En la actualidad, es una exigencia ética y de derechos humanos impedir procesos judiciales revictimizantes, superar la aplicación inadecuada e incoherente de las leyes que regulan los delitos contra la vida, libertad sexual e integridad física y psíquica de las mujeres y las niñas, de los adolescentes en el sistema de justicia.
En materia de derechos humanos es importante trabajar sobre estrategias específicas de prevención social del delito que reflejen la problemática que enfrentan todos estos sectores en el acceso a la justicia. Promover la Igualdad de Género como una política institucional transversal, que permita un mejoramiento en la calidad y acceso a la justicia, con igualdad real.
