ESCALADA ASESINA DEL GOBIERNO CONTRA LA PRENSA CRÍTICA. CIRO, PUNTA DEL ICEBERG

Por Edgar Hernández*

Siervos del régimen con una escuela muy parecida a los escuadrones de la muerte de Nicaragua, Venezuela y Cuba y siguiendo los ejemplos de los sicarios de los cárteles de Colombia y Sinaloa, traen la consigna de exterminar a la prensa crítica.

Ante la complacencia de la autoridad escudada en el ¡Caiga quien caiga!, el ¡Ya tenemos avances en la investigación!, o ¡Actuaremos hasta las últimas consecuencias! de 2018 para acá, se ha desatado una escalada de atentados contra la prensa crítica.

Hoy tocó al periodista Ciro Gómez Leyva, quien apenas ayer fue censurado por el presidente López Obrador en su mañanera señalando que quien escuche sus mentiras corre el riesgo de que le salga “un tumor en el cerebro”.

Anoche no se pudo consumar el asesinato de Ciro, pero sí sumarlo a la escalada sin razón de atentados y crímenes contra comunicadores que en lo que va del régimen de la Cuarta Transformación suman 64.

Y es que ¿Quién hoy de la prensa crítica, no está cierto que en algún momento del este gobierno ha recibido amenaza alguna, sea de muerte o contra su integridad?

Ya la propia Federación Internacional de Periodistas (organización que representa a 600 mil profesionales de medios de comunicación en 187 sindicatos, federaciones y asociaciones de más de 140 países) confirmó que en México se cometieron 17 asesinatos contra periodistas tan solo en lo que va del 2022.

Esto significa que por cuarto año consecutivo, nuestro país encabeza la lista de lugares más mortales para ejercer esta profesión.

La propia Secretaría de Gobernación del gobierno federal, tiene identificado el perfil de quienes agreden a los periodistas en México: el 43% son servidores públicos y el 33%, miembros de la delincuencia organizada.

Ese es el escenario nacional donde, para nuestro infortunio, de nueva cuenta Veracruz ocupa el primer lugar en este tipo de atentados. Van 18 sin que al gobierno del estado le represente interés alguno por contener la ola criminal contra comunicadores.

Para el olvido queda en estas tierras el asesinato del periodista José Luis Gamboa y los 24 más en lo que va del gobierno de Cuitláhuac García, que simplemente ha dado carpetazo a tan proditorios crímenes.

En realidad esa ha sido la historia del periodismo en Veracruz.

Ahí presente, el crimen de Jacinto Romero de “Ori Stereo”, ejecutado en Ixtaczoquitlán; de Noel López Olguín, reportero de Acayucan; del caricaturista Rapé (Rafael Pineda); de Regina Martínez, estrangulada en su domicilio; de Miguel Ángel López Velasco (Milo Vela) su esposa y su hijo fotoperiodista, Misael López Solana, ametrallados cuando dormían.

Ellos, al igual que otros más ultimados, siguen presentes en el imaginario colectivo, más aun, en el gremio.

Ahí está el trabajo de la valiente periodista de Notiver, Yolanda Ordaz, decapitada, de los periodistas Guillermo Luna, Esteban Rodríguez y Gabriel Huge, encontrados en bolsas de basura en el canal de la Zamorana en el puerto.

El de Víctor Báez, reportero de policía del Diario de Xalapa, cortado en pedazos y arrojado a bolsas dejadas a dos cuadras del Palacio de Gobierno y de Gregorio Jiménez decapitado y torturado, así como Moisés Sánchez fue secuestrado y asesinado de la misma manera que Armando Saldaña.

La lista es larga.

Juan Mendoza fue víctima de homicidio; el periodista Gabriel Manuel Fonseca Hernández, conocido como Cuco, fue desaparecido y el fotoperiodista Rubén Espinosa murió asesinado, antes fue  torturado y aunque su crimen ocurrió en la ciudad de México en 2015 siempre se supo que atrás estuvo el Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez.

Y si bien toda la escalada contra periodistas no procede en exclusiva del régimen de Cuitláhuac, es en su gobierno cuando más casos se han dado.

Por ello no es casual que el activista Bryan LeBarón haya exigido al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, investigue al gobernador de Veracruz, así como a su Secretario de Gobierno, Eric Cisneros por sus nexos con el narco.

Tampoco nada casual que, de acuerdo al periodista Ricardo Ravelo, el secretario de Gobierno de marras, es vigilado por la Administración de Control de Drogas -DEA- por presuntamente tener nexos con grupos delictivos.

Pero, regresando el punto de origen que dio lugar a estos señalamientos, importante destacar que la prensa nacional vive momentos de violencia y muerte; que se parte de un consentimiento oficial a las acciones delictivas del crimen organizado en su contra, y que no resulta nada casual que los crímenes sean en contra los generadores de opinión pública.

Vaya por lo pronto nuestra más amplia solidaridad al colega Ciro Gómez Leyva, recordando que por acá nosotros también somos compañeros del mismo dolor.

Tiempo al tiempo.

*Premio Nacional de Periodismo