Farsa antidemocrática
Farsa antidemocrática
Por Aurelio
Contreras Moreno
En medio de un clima de persecución contra opositores,
críticos y ciudadanos, el gobierno de Veracruz convocó a la firma de un acuerdo
político que, como era de una obviedad monumental, fue desairado por las
fuerzas políticas no alineadas con el actual régimen.
El “Acuerdo Veracruz por la Democracia 2021” no es más
que un compendio de lugares comunes y de disposiciones legales para las que no
hace falta signar convenio alguno, sino únicamente apegarse a la mínima
normalidad democrática y legal, algo que no está sucediendo en el estado en la
actualidad.
El uso faccioso de las instituciones para someter o
aplastar a los adversarios; la manipulación de las leyes para convertirlas en
armas en contra de quien exprese disenso o pueda informar a la sociedad sobre
posibles actos de abuso de autoridad; y la disposición electorera de los
programas y recursos públicos con tal de obtener ventajas políticas ilegales, representan
en este momento el signo del acontecer de la entidad veracruzana que, de suyo,
cancela cualquiera posibilidad de alcanzar acuerdos de cualquier índole.
¿O qué puede acordarse con un gobierno que impulsa
reformas autoritarias a las leyes para ejercer control y reprimir no solo a sus
opositores políticos frontales, sino a cualquier manifestación de descontento
con su proceder, como quedó de manifiesto con las detenciones de la semana
pasada a partir de la aplicación del diazordacista tipo penal de “ultrajes a la
autoridad”?
Que los poderes del estado ofrezcan en esas condiciones dar
“certeza y confianza a la ciudadanía de que habrá un proceso electoral
civilizado y legal” es irrisorio, cuando la violencia política está a la orden
del día. Y no únicamente la que se expresa a través del plomo y la sangre.
También la que se ejerce desde las instituciones cuya obligación es velar por
la legalidad y el ejercicio de derechos en condiciones de igualdad para la
ciudadanía, sin distinción.
Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública se ha
negado en dos ocasiones a otorgar un permiso sin goce de sueldo para que una
trabajadora con 17 años de labor en la dependencia, la también activista Sabina
Martínez Pinto, pueda contender por una diputación federal postulada por el
partido en el que lleva cerca de dos décadas militando, el PRD.
El pretexto de la dependencia es que debido a la
contingencia sanitaria necesita de todo el personal que desempeña funciones
esenciales. Pero desde el inicio del sexenio de Cuitláhuac García y
precisamente por su militancia partidista, Sabina Martínez fue confinada a un
escritorio sin posibilidad de realizar ya no digamos una actividad sustantiva
como las que llevaba a cabo anteriormente –capacitaciones en materia de
derechos humanos-, sino que está “congelada” sin que se le asigne tarea alguna.
Tal situación acredita una violación a su derecho
constitucional a ser votada, además de que el gobierno incurre en violencia
política de género en su contra, pues a raíz de su solicitud de licencia se le exigió
que se presentara a laborar en horario normal en las oficinas de la Secretaría
de Seguridad Pública, a pesar de que el resto del personal del Gobierno del
Estado realiza trabajo desde casa.
Así se comporta el gobierno de la “transformación de la
vida pública” con quien se sale del “guion” y no se somete a la “línea” que se
dicta desde oscuras oficinas donde se organiza, ya no hay duda, una verdadera
elección de Estado.
Igualito que el PRI.
La
venganza
Y hablando de violencia política de género, el pasado
viernes se consumó en el Congreso del Estado de Veracruz –con el vergonzoso
aval de la bancada del PRI, cada vez más sumisa a la “4t”- la defenestración de
la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia estatal Sofía Martínez
Huerta, quien será sometida a un proceso de juicio político para inhabilitarla
y destituirla como magistrada.
Ello, por oponerse a encubrir operaciones fraudulentas en
el Poder Judicial de Veracruz. Aunque el pretexto legaloide es que “usurpó”
funciones al cambiar de adscripción a un juez que, entre otros delitos, está
acusado de proteger a un abusador sexual de jóvenes.
Ése es el verdadero rostro del régimen que declaró hace
poco más de dos años “cero tolerancia” a la violencia contra las mujeres en la
entidad.
