Hacia el control absoluto
Rúbrica
Por Aurelio Contreras Moreno
Hacia el control absoluto
La asonada del régimen de la mal llamada
“cuarta transformación” contra la libertad de expresión en los entornos
digitales va más allá de la regulación que pretenden de las redes sociales.
Junto con la iniciativa de reforma a la Ley
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión impulsada en el Senado por el
coordinador de la bancada de Morena Ricardo Monreal Ávila, en la Cámara de
Diputados avanza otro proyecto de enmienda cuyos alcances son todavía mayores.
Este jueves se discutirá y seguramente
aprobará en comisiones de la Cámara baja una iniciativa de reforma al artículo
73 constitucional en materia de ciberseguridad, presentada por un diputado de
Morena, que plantea además realizar modificaciones a la Ley de Seguridad
Nacional.
Pero el dictamen abarca un espectro tan
amplio como incluir a las “fake news” y a las “campañas de desinformación”
dentro de las amenazas a la seguridad nacional, de manera tan laxa, que
cualquier cosa que el gobierno decidiese podría entrar dentro de esa clasificación
y, por consiguiente, ser considerada como un riesgo para el país que haga
necesaria la intervención del gobierno.
En el resultado del dictamen que se
discutirá, se mencionan como parte de esas “amenazas” a la seguridad nacional
los ciberataques a páginas web gubernamentales y de cámaras empresariales
perpetrados por ciberactivistas, los “hackeos”, las desinformación en línea,
confundiendo el concepto de ciberseguridad con los delitos cibernéticos.
Bajo ese esquema legal, hasta un “meme” difundido
por redes sociales podría ser calificado como parte de una campaña para
“desestabilizar” al Estado y ser equiparado con un acto de terrorismo. No sería
la primera vez que se intentara.
Baste recordar cómo en el año 2011, cuando la
violencia se disparó en el estado de Veracruz, el gobierno de Javier Duarte
detuvo a dos tuiteros y los acusó de “terrorismo” por difundir en sus cuentas
de Twitter información falsa sobre supuestos ataques armados a escuelas de la
zona conurbada Veracruz-Boca del Río, lo que a todas luces constituyó un exceso
que fue denunciado a nivel internacional.
No contento con ello, el régimen duartista promovió
una reforma al Código Penal del Estado de Veracruz para crear el delito de
“perturbación del orden público”, que sería imputable “a quien, por cualquier
medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de
ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que
puedan causar daño a la salud”. La pena impuesta era de uno a cuatro años de
prisión y una multa de 500 a mil días de salario, “atendiendo a la alarma o
perturbación del orden efectivamente producida”.
La llamada “Ley Duarte” –que terminó siendo
declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia- lo que en realidad
buscaba era controlar e inhibir la, en ese entonces, aún incipiente expresión
de la opinión pública a través de las redes sociales, precisamente en el
momento en el que la inseguridad se apoderó de Veracruz y dejó ver la
incapacidad y, como se sabría después, complicidad de su gobierno con los
grupos delincuenciales que, esos sí, sembraron terror y muerte durante todo ese
infame sexenio.
La iniciativa sobre ciberseguridad a
discusión actualmente no está muy lejos de la “Ley Duarte” y, cómo ésta, tiene
intencionalidad y objetivos políticos: vigilar y limitar el intercambio público
en internet en víspera de elecciones y en medio de un desastroso manejo de la
pandemia por covid-19, que ha dejado ya cerca de 169 mil muertos según cifras
oficiales y más de 400 mil de acuerdo con las estimaciones sobre el volumen
real de víctimas.
No es raro. Los regímenes autoritarios
siempre tienden hacia el control absoluto. Y qué mejor pretexto que la
seguridad, que ni siquiera son capaces de garantizar.
Email: aureliocontreras@gmail.com
Twitter: @yeyocontreras
