HACIA LA HEGEMONÍA MILITAR

El ciudadano López Obrador les ha otorgado a las fuerzas castrenses mucho dinero para, según se dice en los documentos oficiales, “pacificar el país”. Sin embargo, la correlación anunciada no corresponde con la realidad. El presupuesto asignado a los militares y marinos refleja la fetichización que se ha hecho de ellos. Y es una idea que se ha machacado continuamente en el imaginario social convertido ya en el eje de una supuesta nueva política Criminológica del gobierno.

Veamos algunas cifras para ilustrar dónde estamos: en 2021 se destinó para la “función de la seguridad pública”, llamado así por el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, un total de 108 mil millones 642 mil pesos. Para 2022 disminuyó a 86 mil millones de pesos. En 2023, el salto fue impresionante, ya que con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional el presupuesto fue de ¡179 mil millones de pesos! Porque la Guardia Nacional tuvo un incremento de 14.5 veces más respecto del 2020, año de su creación, que era de 4 mil millones 668 mil pesos. Es decir, los diputados le asignaron, por instrucciones del habitante de Palacio Nacional, la millonaria cifra de 67 mil millones de pesos. Con ello, la Sedena ejerce un presupuesto altísimo sin que nadie vigile el uso transparente del gasto. Claro, algún cínico dirá que se hace desde sus órganos internos.

Queda claro que, aún con este presupuesto, las fuerzas militares no han podido contener la ola de delitos y violencias que se viven en gran parte del territorio nacional, ya que su presencia es únicamente simbólica y cosmética. Además de los voluminosos recursos presupuestales que se les han otorgado, los militares ahora poseen instituciones del Estado (aeropuertos, puertos y diversas concesiones) con sus consiguientes dividendos económicos.

Ahora, gracias a los millones de documentos hackeados a la Sedena por el colectivo “Guacamaya”, se sabe que existe un plan para adquirir 16 drones y un sistema de vigilancia aérea Horus, así como una plataforma de monitoreo, intervención de comunicaciones privadas e implementos diversos de geolocalización y sistemas de seguimiento de redes sociales. Para ello, se utilizarían 50 mil millones de pesos (Proceso, 2402).

Con lo anterior, queda claro que se está construyendo un sistema de seguridad e inteligencia monopolizado por la élite del ejército y el presidente. ¿A qué juega AMLO?, ¿busca un sistema de dominación castrense, de control político y de pactos con la delincuencia organizada?

Esta “izquierda” es de cuidado. ¡Fuera máscaras!

@pedro_penaloz