Incapacidad para gobernar
Incapacidad para gobernar
Por Aurelio
Contreras Moreno
La improvisación, desconocimiento y desprecio por la
legalidad que han marcado al régimen encabezado en Veracruz por Cuitláhuac
García Jiménez han provocado un severo daño institucional del que nadie asume
responsabilidad alguna.
Son ya numerosas las resoluciones de parte de autoridades
judiciales que han echado por tierra los entuertos legales y las reacciones
autoritarias de un gobierno que actúa casi por mera inercia, a expensas de lo
que se le indique desde el Altiplano, mientras en lo local varios de sus
integrantes se despachan “con la cuchara grande” el presupuesto, los contratos
de obra pública y las posiciones de poder, como si se les hubiesen escriturado,
mientras “presumen” inversiones de poca monta en caminos de un kilómetro.
Pero las pifias jurídicas de estos gobernantes y
legisladores de tómbola no han podido sostenerse de tan burdas, rupestres y mal
intencionadas, dejando en ridículo a sus perpetradores al exhibir su ignorancia
en temas elementales como la técnica jurídico-legislativa que en teoría
deberían dominar, por lo menos, quienes cobran como sus asesores.
A finales de 2020, fue todo un escándalo la resolución de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “tiró” la reforma electoral a
modo que se aprobó Morena en el Congreso del Estado de Veracruz, que modificaba
arbitraria y mañosamente la estructura de los organismos electorales locales,
que le quitaba a los partidos la mitad de sus recursos y con ello la
posibilidad de competir contra la maquinaria oficial, y que además pretendía
blindar al gobernador para evitar que pudiera ser sometido a la revocación de
mandato.
A pesar de con ello haber dejado en ridículo al estado de
Veracruz –porque a fin de cuentas se trata de sus autoridades y representantes
legales-, nadie pagó costo alguno, salvo algunos chivos expiatorios menores que
cargaron con la culpa de lo que les ordenaron hacer quienes creen que el poder
les durará para siempre.
Empero, eso está lejos de haber terminado. Este martes 12
de enero, la Corte le asestó un nuevo golpe a la “4t” veracruzana por legislar
al vapor y sin conocimiento de los procesos que deben seguirse para expedir
leyes.
Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia declaró inválida la Ley de Comunicación Social para el Estado de
Veracruz por violaciones al proceso legislativo, entre otras, “la dispensa de
trámites legislativos sin constatarse la votación calificada requerida”, así
como “la falta de motivación para acreditar la hipótesis de urgencia”.
Y es que para los diputados locales –y sus titiriteros en
el Ejecutivo estatal- no hizo falta activar el mecanismo de dispensa del
trámite legislativo correspondiente, contemplado en su propia Ley Orgánica, la
cual queda claro que no se han tomado siquiera el tiempo de leer.
No fue éste el único “zape” que recibió la “cuarta
transformación” en Veracruz este día: la Comisión Estatal de Derechos Humanos
emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública al acreditarse la
violación de derechos humanos de legisladores panistas a quienes, con un uso
excesivo de la fuerza, policías estatales les impidieron el acceso a la
instalaciones de la Fiscalía General del Estado durante la tristemente célebre
asonada morenista para imponer a Verónica Hernández Giadáns al frente de ese
organismo en septiembre de 2019.
En todos los casos mencionados, lo que salta a la vista
es la absoluta ineptitud del grupo en el poder en Veracruz para llevar las
riendas de la entidad dentro de los límites marcados por las leyes, mismas que
creen poder pasar por alto, darles la vuelta o de plano quebrantarlas sin que
pase nada.
Lo trágico es que su incapacidad para gobernar está
hundiendo a Veracruz. No por nada juran que no hay que preocuparse por la
variante británica del coronavirus, al cabo que no hay vuelos directos de
Inglaterra al estado.
Para llorar.
