LA CONSULTA ERA PARA LAS ELECCIONES
LA CONSULTA ERA PARA LAS ELECCIONES
Por Uriel Flores Aguayo
El próximo día primero de agosto se realizará la consulta popular
que estaba pensada para llevarse a cabo el día de la jornada electoral reciente
y con un cuestionamiento expreso respecto de los últimos cinco presidentes de
México. La obvia intencionalidad tenía que ver con su incidencia en las
elecciones mencionadas. Para conseguirlo se desplegó una militante labor de
proselitismo, en reactivación de las bases morenistas u obradoristas, enfocada
en las figuras de los expresidentes enumerados.
Sin eco social tuvieron serias dificultades para conseguir las
firmas requeridas, teniendo que echar mano de acciones corporativas y
obligatorias para los empleados públicos; al final, el propio presidente de la República
hizo la solicitud correspondiente. La suprema corte fijó una fecha distinta a
la solicitada y modificó la pregunta inicial. Es de señalarse el lamentable
papel, de sometimiento, de la Suprema Corte, que concluyó con una pregunta tan
ambigua que necesita varias explicaciones. Intento alguna.
La pregunta que se someterá a consulta popular es la siguiente:
«¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes,
con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de
esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los
actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las
posibles víctimas?». Es tan amplía y ambigua esta pregunta que ocasionará
respuestas diversas y, probablemente, ineficaces, sin importar el sentido de las
respuestas en un sí o en un no. Será necesario, además, una especie de guía
para interpretarla.
En tanto, hagamos un
recorrido directo e integral sobre ese cuestionamiento: Decir
«acciones pertinentes» es totalmente impreciso y deja abierta, en
extremo, la interpretación más general que se pueda uno imaginar; es casi
imposible definir esa expresión, lo cual lleva a otras preguntas: ¿que acciones
y quien determina su pertinencia?. Cuando se habla de un «proceso de
esclarecimiento» se pudiera ver cómo algo que tenga que ver con lo
jurisdiccional pero inmediatamente surge la duda al incluir la palabra
esclarecimiento, que puede ser para una investigación o simplemente su estudio.
Una de las claves para ubicar a esta consulta en su verdadera dimensión tiene que
ver con la frase «decisiones políticas», lo cual aleja del terreno
propiamente de la justicia a este ejercicio de participación ciudadana para
ponerlo en el campo político; es prácticamente inviable invocar a las leyes
para asuntos meramente políticos.
Cuando se deja la temporalidad en «años pasados», sin
acotamientos, permite irse tan lejos y tan cerca como se quiera; pudiera
llegarse, al menos, hasta Miguel Alemán, y, para ser justos, incluir al propio
Andrés Manuel Lopez Obrador. Hablar de «actores políticos», así, sin
definición, deja abierta la posibilidad de incluir a quien se quiera. La
pregunta concluye con la esencia de la consulta: «garantizar la justicia y
los derechos de las posibles víctimas»; como las partes previas de la pregunta
están impregnadas de ambigüedad, su conclusión tiene sus mismos rasgos; no se
tiene claro quienes y de qué serían víctimas. En fin, es una pregunta que se
volvió caricatura por su ligereza.
Hay un debate en curso, por el lado gubernamental se insiste en
que se trata de un ejercicio de democracia directa y que se propone enjuiciar a
los últimos presidentes, mientras que por la oposición y ciertos sectores
sociales se sostiene que estamos ante una ocurrencia que saldrá costosa en
términos económicos y que no generará algo nuevo. Se dice, como crítica
principal, que la aplicación de la ley no se consulta, como es el caso. Que si
hay elementos, las autoridades deberían de proceder. Se cuestiona mucho sus
aspectos propagandísticos. Al haber pasado ya las elecciones, esta consulta
perdió mucho de sus motivaciones. Se prevé un fuerte abstencionismo.
