LA JUSTICIA EN JALISCO, UN BIEN NEGOCIABLE
LA JUSTICIA EN JALISCO, UN BIEN NEGOCIABLE
Desde su llegada al gobierno de Jalisco,
Enrique Alfaro construyó una red de control sobre el Poder Judicial que ha
puesto en jaque la imparcialidad y la justicia en el estado, de acuerdo con
diversas denuncias y testimonios.
Este
control no solo ha beneficiado a su círculo más cercano, sino que ha permitido
la operación con total impunidad de lo que ahora se conoce entre los jaliscienses
como el cártel inmobiliario y político.
Al frente de esta trama de corrupción es
señalado su ex cuñado, Rafael Martínez Ramírez, quien ha fungido como operador
clave para manipular decisiones judiciales y favorecer los intereses de Alfaro
y sus aliados.
Uno de los pilares de esta red de corrupción es
el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel
Espinosa Licón. Bajo su mandato, el Poder Judicial ha sido sometido a los
intereses del grupo de Alfaro.
Espinosa
Licón no solo ha permitido el reparto de magistraturas bajo criterios
políticos, sino que ha sido cómplice en la entrega de juzgados y plazas a
familiares y amigos cercanos a Movimiento Ciudadano, en un claro esquema de
nepotismo que ha desacreditado sin duda la independencia judicial.
Las denuncias señalan que hijos, hermanos y otros familiares de
Espinosa Licón y de funcionarios cercanos al círculo de poder han obtenido
plazas con altos salarios en el Poder Judicial, mientras que aquellos que se
niegan a seguir las directrices de este grupo de poder son castigados o
removidos de sus cargos.
El poder del magistrado presidente es tal, que
cualquier intento de impugnar las decisiones judiciales amañadas es bloqueado o
retrasado, garantizando la impunidad de los actores cercanos a Alfaro.
En el corazón de este esquema se encuentra
Rafael Martínez Ramírez, un hombre de negocios que ha sido señalado como el
principal operador de Enrique Alfaro en el Poder Judicial, pues ha logrado
posicionar a sus aliados en cargos clave del sistema judicial, asegurando que
los juicios favorezcan a los grandes despachos legales y empresarios con los
que mantiene nexos.
Este cártel judicial no actúa en solitario. Su
objetivo es proteger y encubrir las actividades del cártel inmobiliario y el
cártel político que operan en Jalisco bajo el paraguas de Movimiento Ciudadano.
Las acusaciones indican que los desarrollos
inmobiliarios a gran escala, que en muchas ocasiones violan normativas
ambientales y sociales, reciben el aval judicial a cambio de jugosas
comisiones.
Rafael Martínez Ramírez se ha convertido en el
intermediario perfecto para garantizar que los intereses empresariales se
mantengan a salvo de cualquier sanción judicial.
Un testigo protegido señaló en declaraciones a
medios locales que «Rafael Martínez no solo facilita los permisos, sino
que también asegura que los jueces se encarguen de detener cualquier denuncia
en contra de estos desarrollos. Todo se maneja con discrecionalidad, y los
beneficios son millonarios».
Sin ir más lejos el Caso San Rafael ha puesto
en evidencia la colusión entre el gobierno de Alfaro, Rafael Martínez y el
Poder Judicial. El desarrollo de un conjunto habitacional en la colonia San
Rafael, al norte de Guadalajara, fue aprobado a pesar de múltiples
irregularidades en los permisos de construcción y el uso del suelo, por
supuesto Espinosa Licón, frenó las demandas en su contra. «Los jueces
desestimaron las pruebas, y las demandas fueron archivadas sin explicación
alguna», señalaron los afectados.
El reparto de magistraturas y posiciones clave
en el sistema judicial, los altos salarios son el pago perfecto para la
sumisión para disfrazarla de imparcialidad, para beneficiar a los actores
corruptos, pues el control de estos cargos responde a los intereses del grupo
en el poder.
Alfonso Partida Caballero, ex consejero de la
Judicatura en Jalisco, ha denunciado los excesos y la corrupción en el Poder
Judicial del estado, señalando a Espinosa Licón cómo un títere del Poder
Ejecutivo, quien lo promovió tanto para su llegada al cargo como en su
relección en diciembre de 2022.
El Observatorio sobre Seguridad y Justicia de
la Universidad de Guadalajara, del que Partida Caballero es miembro, junto con
otros prestigiosos investigadores, ha denunciado la existencia de una red de
corrupción dentro del Poder Judicial.
De la misma manera, el abogado Rodrigo Gurza
Cárdenas interpuso en diciembre pasado
una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción
por la fabricación de una Carpeta de Investigación para llevar a la cárcel a una
particular por supuesto fraude procesal, señalando como presuntos responsables
al propio Martínez, al Juez Noveno de Control y Oralidad de Puente Grande,
Jorge Antonio Nava Pérez; Carlos Arias, ex integrante del Consejo de la
Judicatura; Abel Martínez, administrador del Centro de Justicia de los Juzgados
de Control y Oralidad de Puente Grande y Daniel Isaí Salas Ornelas alias
«El Cobra».
Según diversas investigaciones, las
magistraturas en Jalisco han sido repartidas bajo acuerdos con Acción Nacional
(PAN), como parte de una alianza estratégica que garantiza impunidad tanto para
los intereses de Movimiento Ciudadano como para los panistas.
El manejo discrecional de los recursos públicos
es uno de los puntos más oscuros de esta trama de corrupción. Solo para 2024,
el Poder Judicial de Jalisco controlará un presupuesto de más de 2 mil 500
millones de pesos, distribuidos entre la Judicatura (mil 600 millones) y el
Supremo Tribunal de Justicia (835 millones). Estos recursos, que deberían ser
destinados a garantizar la operación eficiente y justa del sistema judicial,
son utilizados como un botín personal.
El manejo opaco de estos recursos ha sido
denunciado en diversas ocasiones, pero el sistema de protección mutua entre los
magistrados, jueces y políticos cercanos a Movimiento Ciudadano asegura que no
haya rendición de cuentas.
Daniel Espinosa Licón y Rafael Martínez Ramírez
han sido señalados por desviar parte de estos fondos a través de contratos
inflados, plazas innecesarias y favores políticos.
Mientras los miembros del cártel judicial,
inmobiliario y político se enriquecen, la justicia en Jalisco es prácticamente
inexistente para aquellos que no forman parte de este círculo privilegiado. Los
ciudadanos comunes, que buscan justicia en los tribunales, se encuentran con un
sistema judicial que está diseñado para favorecer a los poderosos y castigar a
quienes se atreven a desafiar el status quo.
No es casualidad que Jalisco se encuentre en el
último lugar en cuanto a la calidad de su sistema judicial a nivel nacional. La
corrupción endémica y el nepotismo han minado la confianza en las
instituciones, dejando a la mayoría de la población desprotegida frente a los
abusos de poder.
El Cártel Naranja que controla el Poder
Judicial de Jalisco ha creado un sistema en el que la corrupción, el nepotismo
y la impunidad son la norma, están al servicio de los intereses del cártel
inmobiliario y el cártel político, ha transformado a Jalisco en un estado donde
la justicia es un bien negociable, y el bienestar de los ciudadanos está
supeditado a los caprichos de una élite corrupta. Mientras esta red de
corrupción siga operando con impunidad, no habrá justicia ni desarrollo real
para Jalisco, por lo que ahí en el estado, gracias al cártel judicial, la
justicia es un bien negociable.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
