La Ley 287 del IPE : los jubilados y pensionados
René Sánchez García.
A mediados del año pasado, sin realizar una lectura puntual y a conciencia, la gran mayoría de los diputados y diputadas de la actual legislatura estatal aprobaron la Ley 287, misma que regula las funciones del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Como se recordará, por las marchas y protestas realizadas por los jubilados, a los que se sumaron infinidad de trabajadores activos al servicio del Estado, dicha Ley perjudica, casi en su totalidad, a los actuales trabajadores, al igual que a los pensionados y jubilados de este momento. Para contrarrestar esta imposición gubernamental, los jubilados y activos, a lo largo y ancho del Estado, respondieron agrupándose libremente, al igual que amparándose legalmente para no ser lesionados.
Las agrupaciones que nacieron con la finalidad de defender la continuidad original del IPE y denunciar los malos manejos realizados en sus finanzas desde los años noventa a la fecha, lograron con el apoyo de los ciudadanos veracruzanos, hacer llegar la queja a los tribunales judiciales federales. Por contener varias ambigüedades la Ley 287, fue turnada a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien al paso de los meses declaró inconstitucional a varios de sus artículos, misma que le sugirió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las tomara en cuenta. Pues bien, el martes pasado la SCJN declaró constitucional dicha Ley, e inconstitucional los artículos 16, 19, 32 y tercero transitorio. Lo anterior representa un alivio y respiro para los jubilados y pensionados, pero sigue siendo nociva para los miles de trabajadores en activo al servicio del Estado, los Ayuntamientos y demás organismos públicos incorporados.
Quienes integran el Frente Estatal en Defensa al Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, presentaron al Congreso Estatal un anteproyecto de Ley del IPE, bastante humana y justa, pero sobretodo funcional, misma que permite la transparencia en todos sus asuntos. Este proyecto está ya en manos de los legisladores, quienes deberán analizarla profundamente a fin de garantizar la permanencia del Instituto de Pensiones y la seguridad de sus trabajadores, así como de sus jubilados y pensionados. Se trata de una tarea bastante difícil y muchas veces agotadora, que puede durar muchos años, pero al final se les dará la razón a la clase trabajadora, que es la que labora a diario, sin importar las inclemencias o las dificultades, por espacios de más de 30 años, y que cotiza al IPE de manera puntual cada quince días.
Aparte de todo lo referente a la Ley 287, ahora los cientos de jubilados y pensionados del IPE se enfrentan cada fin de mes al problema de la falta de liquidez financiera del Instituto, pues en muchas de las ocasiones les han depositado el monto de sus percepciones hasta 15 días después en las distintas sucursales bancarias que existen.
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