La Nueva Ley de Publicidad
- Presentan en el Congreso Federal nueva iniciativa para regular a medios
- Morena propone nueva Ley de Comunicación y derogar la ‘Ley chayote’ del PRI
- Plantea que haya una distribución correcta, equitativa de la propaganda oficial
Por Miguel Angel Cristiani G.
Como que ya está empezando a convencernos la teoría de que todo el arguende en torno a la construcción del nuevo aeropuerto internacional en Toluca, no es más que un gran distractor para que la atención de la opinión pública y la polémica en los medios de comunicación se centre en ese asunto y mientras tanto se vayan aprobando otros contenidos que si pueden ser más polémicos.
Para no ir muy lejos, el pasado martes, el grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados presentó una nueva iniciativa de ley, para cambiar la que fue aprobada apenas el pasado mes de abril en materia de publicidad y comunicación social.
De todas maneras, la Ley de Comunicación, que ya fue calificada como “Ley Chayote” ya fue presentada y aprobada por el pleno de la pasada Legislatura federal, pero como suele suceder con tantas otras leyes, acuerdos, decretos y demás ordenamientos legales, se aprueban, pero no se ponen en práctica.
Ahora con la nueva Legislatura en la que MORENA tiene mayoría para hacer, proponer y deshacer todo lo que se le ocurra, pues ya el diputado Pablo Gómez presentó una nueva iniciativa para que ahora se le llame Ley General de Propaganda Oficial.
Morena propone nueva Ley de Comunicación y derogar la ‘Ley chayote’ del PRI
La nueva ley que se denominaría Ley General de Propaganda Oficial busca derogar la Ley De Comunicación Social publicada en mayo.
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso este martes una nueva Ley De Comunicación Social para el Gobierno federal, y pidió derogar la que aprobó el PRI en abril pasado.
En una iniciativa presentada en tribuna por el diputado Pablo Gómez, se propone una nueva ley que se denominaría Ley General de Propaganda Oficial.
Esta ley tiene como propósito impedir que entre en vigor el primero de enero una ley aprobada por el Congreso (‘la Ley chayote’), con la protesta de una gran cantidad de legisladores de entonces, de la anterior legislatura, señaló Gómez.
En la distribución de tiempos oficiales, la propuesta de Morena plantea una proporción de 35 por ciento para el Ejecutivo federal, 10 por ciento para el Legislativo (en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado), 10 por ciento para el Poder Judicial, además de 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales y 35 por ciento para las entidades federativas.
En las disposiciones para la contratación expone cuatro reglas básicas: No contratar con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo importe total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social; no concentrar en un solo servicio de comunicación social (radio, televisión o prensa escrita) más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.
Así como no establecer criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación; prohibición para contratar la difusión de noticias (llamadas a veces infomerciales o gacetillas) ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.
De acuerdo con la propuesta, la Secretaría de Gobernación sería la encargada del control de un sistema informativo sobre la propaganda de la administración pública federal. Este mecanismo deberá estar disponible para el público de forma física y digital.
“Estamos planteando que no se puedan incrementar las partidas de propaganda durante el ejercicio para el que fueron aprobadas, que se tenga que observar, sin modificación administrativa posible, lo que decida la Cámara de Diputados en materia presupuestal de propaganda oficial”.
También plantea que haya una distribución correcta, equitativa de la propaganda oficial hacia los distintos medios. Así como impedir que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación.