LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
LA REFORMA DEL PODER JUDICIAL
· Que los
magistrados y jueces sean nombrados por votación popular
· En Xalapa uno
de los siete foros de consulta
· Un cambio
necesario para restablecer la confianza del pueblo
Por Miguel Ángel
Cristiani G.
De acuerdo con lo
informado por el senador morenista Ricardo Monreal la ciudad de Xalapa será la
sede de uno de los siete foros que a nivel nacional se habrán de realizar para
la discusión sobre la llamada reforma al Poder Judicial, que entre otras cosas
propone que los magistrados y jueces sean nombrados por votación popular.
Tres de estos foros
se llevarán a cabo en la Ciudad de México, mientras que los otros se
organizarán en Guadalajara, Monterrey, Toluca y Xalapa.
Monreal Ávila indicó
que “Estamos revisando la realización de foros en las sedes de Circunscripción
plurinominal electoral que son 5, más 2 foros, uno de entrada y otro de salida
en la Ciudad de México”.
Monreal detalló que,
una vez aprobado el exhorto por el Pleno de la Permanente, se iniciarán los
foros de discusión. Posteriormente, se prepararán los dictámenes para la
reforma y otras propuestas contenidas en el paquete de 20 presentadas por el
presidente Andrés Manuel López Obrador, dentro del tiempo legal.
La reforma del
sistema judicial es considerada como un cambio necesario para restablecer la
confianza del pueblo.
En los últimos años,
el sistema judicial de nuestro país ha sido objeto de crecientes
cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Denuncias de corrupción,
ineficiencia y falta de independencia han erosionado gravemente la confianza de
la población en uno de los pilares fundamentales de la democracia. Ante esta
situación, el gobierno ha planteado una ambiciosa reforma del poder judicial,
con el objetivo de reconstruir su credibilidad y garantizar un acceso más justo
a la justicia.
Los principales
problemas que aquejan al sistema judicial son bien conocidos.
Casos de corrupción
vinculados a sobornos, tráfico de influencias y encubrimiento de delitos han
salpicado a jueces, fiscales y otros operadores del sistema. Además, los largos
procesos judiciales, los retrasos en los trámites y la falta de transparencia
han contribuido al desprestigio de las instituciones.
Aunque también ya se
ha dicho que se corre el peligro de que el crimen organizado pueda colocar a
los jueces de su predilección para obtener fallos favorables.
Quizás aún más
preocupante es la percepción generalizada de que el poder judicial carece de la
independencia necesaria para juzgar con imparcialidad, especialmente en casos
que involucran a miembros de la clase política o de las élites económicas. Esta
situación alimenta la desconfianza y erosiona la credibilidad del sistema.
Para abordar estas
problemáticas, se ha presentado un ambicioso plan de reformas que apunta a cinco
ejes fundamentales:
Transparencia y
rendición de cuentas: Se implementarán mecanismos de mayor control y monitoreo
de la actuación de jueces y fiscales, incluyendo la publicación de sus
declaraciones patrimoniales y de intereses.
Independencia
judicial: Se fortalecerán los mecanismos de selección, evaluación y remoción de
magistrados, con participación ciudadana, para garantizar su idoneidad y
autonomía.
Eficiencia procesal:
Se impulsarán la digitalización de trámites, la simplificación de procedimientos
y la implementación de tecnologías que agilicen los procesos judiciales.
Acceso a la
justicia: Se ampliará la cobertura y la calidad de la asistencia legal
gratuita, especialmente para los sectores más vulnerables de la población.
Lucha contra la
corrupción: Se crearán tribunales especializados en delitos de corrupción y se
reforzarán las investigaciones y sanciones de estos ilícitos.
La reforma del poder
judicial representa un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad
histórica para recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones
judiciales. Solo a través de cambios profundos y sostenibles podremos contar
con un sistema judicial independiente, eficiente y comprometido con la vigencia
del Estado de derecho.
La clave será la
implementación efectiva de estas medidas, acompañada de un esfuerzo constante
por fortalecer la integridad y la transparencia de los operadores judiciales.
Solo así podremos avanzar hacia una justicia más accesible, justa y confiable
para todos los ciudadanos.
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