Héctor Yunes Landa

La amenaza sobre la desaparición de poderes en las entidades federativas hecha por el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio –y respaldada por el presidente electo, quien ha dicho que no se dejará chantajear por los Gobernadores del país-, es otra muestra de que estamos cada vez más cerca de dar un salto al autoritarismo.

El conflicto entre el gobierno federal que aún no toma posesión y los gobernadores tiene su origen en la reforma a la Ley Federal de la Administración Pública Federal (LOAPF) que crea la figura de «súper delegados», funcionarios federales que absorberán algunas de las funciones que la Constitución concede a las estados.

De acuerdo con el nuevo gobierno, los «súper delegados» serán el enlace de la Presidencia con los 32 gobernadores –algo contrario a la Constitución que establece una coordinación directa entre ambos-, vigilarán la aplicación de programas sociales federales en cada estado, así como la entrega de becas y apoyos –lo que tiene un innegable propósito electoral-, supervisarán el uso de recursos públicos, y serán los responsables de la estrategia de seguridad pública en los estados.

Resulta contradictorio e inaudito que estas tareas, complejas y fundamentalmente técnicas, se las estén confiando, por entidad, a neo políticos inexpertos, sin especialidad alguna, y cuyo único mérito es su sumisa lealtad al gran tlatoani.

Ante la embestida del nuevo gobierno por acotar la función de los Gobernadores, convirtiéndoles en figuras decorativas en sus propias entidades, los mandatarios han decidido que sea la Suprema Corte de Justicia quien determine la constitucionalidad de la medida.

Sin embargo, antes de andar el camino de las instituciones, el senador Salgado Macedonio –de triste memoria para la mayoría de los mexicanos- ha dicho que aquel gobernador que no se ajuste al lineamiento constitucional, “desde aquí (el Senado de la República) se puede dictar la desaparición de poderes”, cuando en realidad lo que piden los Gobernadores es precisamente que se respete la Constitución.

Este sábado, luego de participar en la segunda caricatura de consulta ciudadana dedicada al proyecto del Tren Maya y a la construcción de la refinería en Tabasco, el presidente electo dijo que no va a ser rehén de nadie ni se va a dejar chantajear, pues él tiene un amo que es el pueblo de México, que lo eligió en las urnas el pasado 1 de julio.

Parafraseando al presidente electo, los Gobernadores también tienen un amo que es el pueblo de sus entidades federativas, quienes los eligieron en las urnas. El origen de su legitimidad es la misma, así como su obligación de someterse a la Constitución. En ningún caso uno puede ser rehén del otro; ninguno de ellos llegó al gobierno de su entidad federativa por la vía de una “consulta popular” o la designación de autoridad alguna. Ganaron con votos.

Hay preocupación no sólo porque se vulnere el pacto federal sino porque el gobierno y los recursos públicos se pongan, de manera anticipada, al servicio de MORENA rumbo a las elecciones intermedias del 2021 y no al servicio de la gente.

En la práctica, los «súper delegados» serán operadores electorales, pues además de fungir como enlace entre el gobierno federal y los estados, tendrán el control presupuestal de los programas sociales y la lista de beneficiarios de éstos. Hay casos como en Veracruz, por ejemplo, que el próximo «súper delegado» será precisamente el actual dirigente estatal de Morena; en el Estado de México lo será quien apenas hace un año fue la candidata de MORENA a la gubernatura de esa entidad. ¿Así o más claro?

A partir de su controvertida campaña electoral, no creíamos que pudieran ganar la presidencia y la ganaron; no creíamos tampoco que se fuera a cancelar el proyecto del aeropuerto en Texcoco y se canceló; tampoco dimos crédito a la desaparición de instituciones como el Estado Mayor y lo hicieron. Decíamos que no habría más inútiles consultas ciudadanas y este fin de semana se realizó la segunda.

Es hora de empezar a tomar en serio las amenazas del nuevo gobierno y su partido.

PD: Un nuevo agravio a la institución del municipio se gesta en Veracruz: los 212 alcaldes de la entidad ya fueron notificados que todos los días, partir del 2 de diciembre y en punto de las 8 am, deberán estar presentes en sus respectivas cabeceras distritales para una «evaluación» en materia de seguridad y otros menesteres. No omito señalar qué hay cabeceras distritales que están a más de dos horas de los municipios cuyos alcaldes deberán acudir.