La simulación de la inclusión
La simulación de la inclusión
Por Aurelio Contreras Moreno
El
fenómeno de la violencia institucional hacia las mujeres sobrepasa con mucho el
actual conflicto por la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos.
Se
trata de una violencia endémica, sistemática, que si bien no fue originada ni
es exclusiva del régimen que actualmente gobierna el país, sí ha sido prolongada
por éste, por obra y omisión.
Ni a
nivel federal ni en estados como el de Veracruz existe una verdadera política
pública de género. Tan no la hay, que las instituciones que ya existían para
dar cauce y atender las demandas en la materia, están neutralizadas por la
decisión, para mayor ironía y escarnio, de hombres.
Vayamos
al caso particular de Veracruz. El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se
jacta de haber impulsado el nombramiento de un buen número de mujeres en
diversos cargos de alta responsabilidad, como lo son la titularidad de la
Fiscalía General del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior, así como la
presidencia del Tribunal Superior de Justicia. Tres organismos estratégicos y,
en teoría, autónomos.
En
los hechos, sin embargo, Verónica Hernández Giadáns, Delia González Cobos y
Sofía Martínez Huerta, respectivamente, fueron impuestas en esos cargos para
cumplir un rol de sujeción a los intereses de los distintos grupos políticos
que dentro de Morena se disputan las diferentes posiciones de poder. Por
añadidura, no solo no defienden la autonomía de los organismos que encabezan
legalmente, sino que aceptaron cumplir con el triste papel de títeres de los
hombres que toman las decisiones por ellas.
Lo
que hay entonces en Veracruz es la simulación de una aparente inclusión. Lo
cual también queda corroborado con el hecho de que, tanto en la Fiscalía
General del Estado como en el Poder Judicial estatal, entre las primeras
acciones emprendidas por sus titulares estuvo el despido abrupto e incluso
injustificado de las mujeres que encabezaban las unidades de género de estas
instancias, ambas profesionales de la administración pública con conocimientos
en la materia.
Una
administración pública sensible en materia de género no consiste en el mero
hecho de imponer mujeres al frente de dependencias públicas para que funjan
como meros adornos –“floreros”, como está de moda decir-, sino en impulsar y
aplicar un diseño de política pública transversal, la cual tendría que
ejecutarse desde el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).
Solo
que en el Gobierno de Veracruz lo que en realidad quisieran es desaparecer ese
organismo –no por nada el propio gobernador descalificó su labor este mismo
lunes- y lo mantienen intencionalmente sin una titular formal, que por esa
razón no cuenta con la jerarquía para hacerse escuchar y “nada de muertito” en el
limbo jurídico. Amén de que hay una reforma en puerta para arrebatarle
legalmente –que no legítimamente- su autonomía.
Lo
que sucede en Veracruz no es más que el reflejo de la misma actitud que pervive
desde el ámbito federal, en donde también hay varias mujeres en cargos de
primer nivel, pero que son usadas para lavarle la cara a un régimen de corte
machista, centralista y conservador, en el que la única voz que cuenta es la de
un “machín” que ignora y soslaya esa violencia que todos los días cobra la vida
de diez mujeres en promedio en México. Y lo peor: que arenga a sus
simpatizantes “feministas” a justificar sus descalificaciones hacia quienes sí
se atreven a exigir y a no cerrar los ojos ante la realidad.
Pero
“con las pinturas de los ‘héroes’ no”.
