LA ULTIMA Y NOS VAMOS

En unos días – durante el mes de mayo – los servidores públicos del gobierno de Veracruz, habrán de presentar la declaración de modificación patrimonial y de interés, – última en términos de su evolución de bienes; ingresos y egresos, – y en la recta final del ejercicio también deben cumplir con la de Conclusión de Encargo.

En medio de las adversidades de servidores públicos del régimen de Cuitláhuac García que durante el sexenio 2018 – 2024 ante presuntos daños al patrimonio y erario público que hace evidente figura como enriquecimiento ilícito – corrupción política – en todos los pisos de los poderes del estado e incluso en otros entes y organismos autónomos.

«La presentación de la próxima Declaración por Modificación Patrimonial y de Interés (anual), que los servidores públicos deben hacer para actualizar la base de datos entorno a la evolución o decrecimiento de bienes del patrimonio que poseen en su conjunto, no deja de resultar un sensible tema en la agenda de Veracruz.»

Aunque cada mes de mayo la comunidad en su conjunto de servidores públicos  les corresponde cubrir esa tarea que marca la norma, y que a la vez permite ubicar y focalizar la consistencia o inconsistencia del patrimonio total del universo burocrático en términos de transparencia y rendición de cuentas, en Veracruz más de uno está en el radar de la sospecha por delitos patrimoniales contra el erario público.

Resulta un secreto a voces que, durante el régimen sexenal de Cuitláhuac García Jiménez, el recurso humano en su círculo cercano ha sido muy atrevido – siempre hay alguien que cruza la frontera de la evolución con la incongruencia entre los ingresos y egresos – llegando a dañar los

principios más básicos de la honestidad y el profesionalismo, simulando sus tareas desde el gobierno y la actuación como servidor público, pisando arenas movedizas, de dónde no resulte fácil salir.

Don Adolfo Ruiz Cortines, veracruzano a quien se le recuerda por su intachable honorabilidad, es una de las figuras a las que todo servidor público – y no solo de Veracruz – debiese tener presente pues, la declaración patrimonial anual es una obligación en el universo del quehacer oficial; federación, estados, municipios y los organismos autónomos.

El Contralor General del Estado Miguel Ángel Olivares Martínez, no recibió de Doña Mercedes Santoyo Domínguez, una oficina color pastel, pues es del dominio público que no se habla de tener un confiable Sistema de Control Interno (SICI), aunque la máxima garantía de que los servidores públicos hagan solo lo que la norma permite, es que ellos mismos cumplan con el Código de Ética y Conducta, lo cuál está y ha venido estando en tela de juicio en todas las instituciones del Estado en el sexenio.

La conducta derecha de los funcionarios es una acción individual, concatenada a los titulares administrativos así como, a contralores internos y superior jerárquico, pero esa mancomunidad a resultado una alianza de travesuras y daños al erario público en Veracruz.

En la recta final del quinto año de gobierno, se habló de alrededor de 1,500 servidores públicos que incumplieron con la obligación en alguna de las declaraciones de Inicio, Modificación y Conclusión, y sin que a la fecha  se sepa de sanción alguna.

DE SOBREMESA

En el sexto año de gobierno de volver a resultar observaciones por no declarar en mayo algunos servidores públicos, también pondría en aprietos a los jefes administrativos y contralores internos en las dependencias y entidades públicas del Poder Ejecutivo, al menos.

UN CAFÉ CON DOBLE CARGA

Cabe recordarle a la comunidad burócrata que «las evaluaciones de evolución patrimonial» de los servidores públicos incluye a quienes estan en los organismos autónomos de Veracruz, y por ende también en el radar de todos los Administrativos y Homólogos del Poder Legislativo y Judicial, sin omitir a los Contralores Internos respectivos, incluso de todos los Ayuntamientos.

UN CAFÉ PARA LLEVAR

Los incumplimientos a la declaración patrimonial anual de Mayo, «no deb dejar de quitar el sueño y preocupar a los titulares de despacho en todo nivel», pues también les responsabiliza en la supervisión para que todos los subordinados cumplan con la obligación que enmarca el Artículo 33 de la Ley de Responsabilidades Administrativas y que describe las obligaciones por declaración patrimonial y de interés.

¡ ES CUANTO !

José Luis Enríquez Ambell

enamjl62@gmail.com; enriquezambell@gmail.com

Secretario General de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz (FATEV – JLEG) Registro Federal del Trabajo # 5844 y Director General de la Consultoría y Asesoría Integral AECAI Torre Ánimas en Xalapa, Ver.